Las entidades alegaban que era información confidencial.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan concedió el miércoles la petición de un grupo de organizaciones ambientales para obtener información sobre 18 proyectos de energía renovable a escala industrial aprobados este año y que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) objetaban revelar por ser información supuestamente “confidencial”.

El juez Anthony Cuevas Ramos indicó que no había controversia sobre que la información solicitada era pública, sino sobre cuándo procedía que se entregara la misma. Mediante la sentencia, el Tribunal determinó que se le entregara la información requerida a las organizaciones demandantes.

“El juez Anthony Cuevas ha dado un veredicto por la verdad y transparencia que tanto hace falta en este país. Con esta información podemos abogar por que nuestras tierras agrícolas y de conservación permanezcan de esa manera. Tenemos techos suficientes para producir nuestra energía de manera descentralizada y a costos justos y accesibles. Esperamos contar siempre con el apoyo de la ciudadanía para continuar abogando por un Puerto Rico justo y accesible”, indicó Marissa Reyes, coordinadora de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática (ELAC) en comunicación escrita.

Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, expuso que “tiene que haber transparencia” de parte del gobierno en estos proyectos energéticos industriales que tienen el potencial de destruir miles de cuerdas agrícolas y afectar a las comunidades.

“Detrás de la ‘información confidencial’ que argumentan las agencias del gobierno sobre los procesos con empresas privadas, se esconde siempre la corrupción, los conflictos de interés y la contaminación, acciones que terminan afectando la salud, la seguridad y la vida de muchas familias”, añadió Alvarado.

Las organizaciones que demandaron solicitando el acceso a la información pública son: El Puente, Comité Diálogo Ambiental, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Organización Boricuá, Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, y la Mesa Multisectorial de Bosque Modelo de Puerto Rico.

Vea la sentencia aquí: