Una demanda que presentó un exempleado detalla actuaciones del inversionista Fahad Ghaffar, incluyendo su admisión sobre el vehículo del esposo de la entonces gobernadora, Wanda Vázquez.

Fahad Ghaffar, un inversionista que reside en la isla bajo el beneficio contributivo de la Ley 22 y que está insertado en negocios de hotelería, restaurantes y bienes raíces como contacto del financiero John Paulson, regaló un BMW de lujo al esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced antes de que esta accediera a darle audiencia a un socio suyo en la industria automotriz para pedirle que limitara los arbitrios a los carros de lujo.

La alegación está contenida en una demanda por discrimen que radicó un exempleado de las empresas International Hospitality Restaurants Inc. (IHR) e International Hospitality Enterprises, Inc. (IHE).

"[E}l demandante le notificó a Paulson que Ghaffar había regalado un vehículo al esposo de la entonces Gobernadora Vázquez Garced a través de uno de los concesionarios que aquel alegadamente tiene acciones. El demandante advino en conocimiento de este evento debido a que Ghaffar se lo mencionó en ocasión de amenazarlo y para llevarle el mensaje que el demandante (sic) tiene contactos en todo el Gobierno. El demandante notificó de aquello a Paulson por su preocupación de cómo aquello afectaría a la empresa si saliera a la luz pública. Paulson le suplicó al demandante que lo mantenga confidencial y que ignore a Ghaffar", plantea la demanda que sometió Enrique Díaz Pagán en el Tribunal de Primera Instancia.

Díaz Pagán trabajaba con las empresas desde el 2004 hasta su despido el 16 de octubre de 2020. Su trayectoria lo llevó al desarrollo y supervisión de restaurantes, barras, habitaciones "cigar bar" y salones de banquete en los hoteles La Concha y Vanderbilt, específicamente se mencionan los restaurantes Serafina y STK.

Su trasfondo es con las compañías administradoras, IHR e IHE, desde antes de que Paulson adquiriera los hoteles e instalara a Ghaffar como su representante en las operaciones diarias mientras las empresas seguían gerenciando las propiedades. En su demanda, reclama $3 millones en daños, además de salarios dejados de devengar.

Ghaffar y su esposa, Glendaliz Acevedo, fueron emplazados el pasado miércoles, 10 de noviembre, y sus abogados son José Andreu Fuentes y Alfredo Umpierre Soler. Ghaffar es beneficiario de la Ley 22 (que ofrece incentivos contributivos a individuos de alto nivel de ingreso si se relocalizan a la isla) desde el 9 de abril de 2014.

Una fuente indicó que su boda el 4 de enero de 2020 en el St. Regis Bahia Beach Resort tuvo entre los asistentes al expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, y a la propia Vázquez Garced y su esposo, el juez superior Jorge Díaz Reverón. Menos de un mes antes de la boda, la cuenta de Twitter de la entonces Gobernadora lo muestra en reunión con ella y el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, para "seguimiento sobre proyectos de desarrollo económico para Puerto Rico". El exgobernador, Alejandro García Padilla, es otro contacto de Ghaffar en el mundo político.

De hecho, según fuentes, fue en la propiedad de Ghaffar en el St. Regis. que Vicente Vázquez, de V Garage LLC, un concesionario de autos de lujo ubicado en Paseo Caribe, entregó a Díaz Reverón el BMW M4 GTS el 14 de marzo de 2020, día antes de que su esposa decretara la primera orden de encierro por la pandemia del coronavirus. Esa transacción generó notoriedad en mayo de 2020 cuando primero se especuló públicamente sobre la misma y luego a fines de junio cuando NotiCel publicó una grabación que el propio Vázquez circuló entre dueños de concesionarios defendiendo que Díaz Reverón tenía "una palabra bien brutal" porque no se había retractado del negocio con el vehículo independientemente de la pandemia.

Añadió en esa grabación que él y otros dos ejecutivos de la industria pudieron reunirse directamente con la Gobernadora para plantearle tres preocupaciones que le habían surgido durante el encierro, incluyendo los "condenaos arbitrios". En ese momento, la queja se refería a proyectos de ley que buscaban aumentar arbitrios a vehículos de lujo. Según la grabación, la Gobernadora les prometió que no los iba a aprobar. Actualmente, el nivel de arbitrios de vehículos de lujo volvió a ser tema cuando el gobernador Pedro Pierluisi planteó la eliminación de los arbitrios a ese tipo de carro porque tener mejores vehículos en las carreteras mejoraba la calidad de vida en la isla. Luego de críticas fuertes, dijo que buscaba una reducción en las tasas de todo tipo de vehículo y en hacer un ajuste entre los vehículos eléctricos y los regulares.

La alegación en la demanda sobre el origen del vehículo trae interrogantes nuevas sobre una transacción que ninguno de los involucrados ha querido aclarar.

Cuando divulgamos la grabación, intentamos hablar con Vázquez en su concesionario, pero este no quiso abundar. La Fortaleza no explicó cómo Vázquez logró audiencia cara a cara con la Gobernadora y Díaz Reverón nunca abrió sus récords para precisar la naturaleza y financimiento del negocio. En julio, una fuente que no quiso que se le identificara mostró a este diario digital documentos que denotaban que hubo un financiamiento bancario dos meses después de la entrega del vehículo, pero no cubrían otros detalles, como, por ejemplo, el precio que el importador declaró para el carro cuando lo introdujo a la isla ni quién lo había importado. También, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) evaluó una queja contra el juez y la cerró sin publicar el informe investigativo.

La transacción, sin embargo, persigue al juez y es, junto a denuncias sobre su desempeño por parte de abogadas y hasta de otros jueces, uno de los elementos que lo mantiene sin los votos requeridos en el Senado para que se apruebe el ascenso al Tribunal de Apelaciones que le concedió el gobernador Pierluisi por segunda vez ya que, por segunda vez también, tuvo que retirarlo ayer.

El mandatario dijo hoy que no descarta volver a designar a Díaz Reverón, en lo que sería su tercer intento de meterlo en Apelaciones. Fuentes confirmaron que la apuesta es que el ascenso se pueda negociar en combo con la delegación del Partido Popular Democrático mediante la nominación, hecha a última hora el martes pasado, del juez Ricardo Marrero Guerrero, también en ascenso a Apelaciones, . Este juez es el actual administrador de la región de Caguas, posición desde la que lleva años cubriéndole las espaldas a Díaz Reverón. Fue también el juez que emitió la orden inusual con la que se sellaron las grabaciones de las vistas que tuvo Andrea Ruiz Costas un mes antes de que la asesinara su expareja. La región de Caguas es la del distrito del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, y es donde sirve como jueza municipal su cuñada, Ingrid Alvarado Rodríguez, quien presidió una de las vistas de Ruiz Costas y a quien Díaz Reverón benefició en un pleito de cobro de dinero por las cuotas de mantenimiento de su urbanización. La jueza Alvarado Rodríguez renunció a su cargo efectivo el 14 de diciembre, se confirmó hoy.

En la demanda, Díaz Pagán sostiene que Ghaffar lo sometió a actos discriminatorios por edad y por origen étnico, así como que intentó difamarlo en la industria y ante los empleados acusándolo falsamente de apropiación ilegal. En todo momento, según la demanda que presentaron los licenciados Alejandro Bellver Espinosa y Gerardo M. Ortiz Torres, Díaz Pagán puso al tanto a Paulson de la conducta escandalosa y perjudicial al negocio que desplegaba Ghaffar.

Entre las actuaciones de Ghaffar estuvo que llegaba borracho a los restaurantes y "controlaba, sin autorización, la música, rompía sillas y equipos, discutía a gritos con el DJ e inclusive hubo que separarlo debido a que intentó agredirlo". En otra ocasión, acumuló una factura de $13,000 que fue pérdida para la gerencia porque invitó a la mayoría de los comensales en STK. En otra ocasión, reunió a los ejecutivos de La Concha y el Vanderbilt para una demostración de "agradecimiento por el trabajo realizado" que consistió en llevarlos en guagua al club nocturno D'Girls para pagarles alcohol y "servicios" con las bailarinas.

Ghaffar se enteró que Díaz Pagán estaba quejándose con Paulson de su conducta y lo amenazó de muerte, "expresando que él tiene armas y un carro blindado".

"En esa misma conversación, le expresó al demandante que si le 'destruyó' la vida a Víctor Gómez de Gómez Hermanos por obtener la línea de Lamborghini en Puerto Rico para su nuevo dealer V Garage en Paseo Caribe, también lo podía hacer con Peco Suárez, Peter Hopgood, Hugh Andrews y el demandante", esto, en referencia a ejecutivos de IHR e IHE.

"Además le expresó que el demandante, como boricua y viejo ignorante, solo debía bajar la cabeza y seguir instrucciones porque los puertorriqueños 'solo sirven para seguir instrucciones y para más nada y aun así lo hacen mal'", añade la demanda.

Para ver la demanda, pulse aquí.

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