Se solicita al tribunal que la Presidenta Ejecutiva interina de regulador de cooperativas cese en su cargo, devuelva el dinero que cobró en salario y queden disueltas sus decisiones oficiales hasta ahora.

La Liga de Cooperativas (LC) recurrió al tribunal para con una solicitud de interdicto para remover de su cargo a la presidenta ejecutiva interina de la Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COSSEC), Mabel Jiménez Miranda, porque ocupa el cargo aún después de ser rechazada mediante votación del ente rector máximo del sector cooperativista.

NotiCel reseñó en marzo la decisión de la Administración Pierluisi de mantener a Jiménez Miranda como “interina”, posición que no está contemplada en la ley, aún después de que la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CD-COOP) rechazara el nombramiento en votación 6-3. La ley requiere que las decisiones de ese tipo en la Junta Rectora se tomen con siete votos a favor de sus 10 miembros.

La solicitud de la Liga, a través de la representación que tienen tanto en la Junta Rectora como en la Junta de Directores de COSSEC, es que se le ordene a Jiménez Miranda cesar inmediatamente en el cargo, que se declare la nulidad de su designación como “interina”, también “la nulidad de todos los nombramientos que haya tramitado durante su incumbencia, así como ordenar la devolución de los ingresos y beneficios económicos recibidos a consecuencia de la ocupación del cargo de forma interina” y que se ordene a COSSEC referir a la Junta Rectora un nuevo nombramiento que se ajuste a los procesos de la ley.

En un aviso al sector cooperativista el viernes pasado, cuando radicaron la demanda, la LC explicó que actuó “[a] raíz de la inobservancia de los preceptos legales aplicables al nombramiento del principal ejecutivo de dicha corporación pública” y que “durante los pasados meses el organismo ha tratado infructuosamente de vindicar las garantías de independencia y despolitización de la estructura, por vía del diálogo y el intercambio racional de los criterios del cooperativismo que rigen los respectivos enfoques en este asunto”.

“Los ingresos devengados, así como los beneficios concedidos a la codemandada Mabel Jiménez Miranda a través de la ocupación ilegítima del referido cargo público también implican una erogación ilegal de fondos públicos del sistema cooperativo y de COSSEC, destacando, una vez más, que ésta se sostiene con las aportaciones económicas que provienen exclusivamente de las cooperativas”, argumenta la petición que recuerda que COSSEC regula a 155 cooperativas no financieras y 111 cooperativas de Ahorro y Crédito.

Como “actuaciones ultra vires (sin base en ley)”, la demanda plantea los contratos y las designaciones de personal de confianza que ha hecho Jiménez Miranda. El Registro de Contratos de la Oficina del Contralor refleja que, en lo que va de cuatrienio, COSSEC ha extendido contratos a ELV Strategic Consulting and Communications Inc. (del relacionista Exel López por $21,000), Robles & Associates, LLC (del exfuncionario de la Administración Santini, Diego Robles, por $9,000), los contadores Aquino, De Córdova, Alfaro & Co., LLP (por $6,900) y la Oficina del Inspector General (por $36,223.81).

“La situación planteada genera desconfianza en una estructura que tiene la responsabilidad de asegurar las acciones y depósitos de los socios miembros del sector financiero cooperativo en circunstancias delicadas para el sistema”, añade la LC en el documento.

El juez Anthony Cuevas Ramos ordenó a los demandados a que contesten en cinco días.

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