Fue convicto por recibir dinero a cambio de conseguir contratos públicos para suplidor.

El abogado Alejandro Carrasco Castillo, quien en un momento se especializó en asesoría a municipios con alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), fue sentenciado a 10 años de cárcel por cuatro cargos de soborno con fondos federales relacionados a los municipios de Barceloneta, Río Grande y Juncos.

Carrasco Castillo, de 64 años, fue encontrado culpable el 11 de diciembre de 2019 tras un juicio en el que se presentó evidencia de que el contratista Juan Carlos Mercado, un ingeniero ambiental, le hizo pagos de “servicio legal” que realmente eran para que le consiguiera contratos en los tres municipios mencionados.

La cooperación del ingeniero provocó el arresto de Carrasco Castillo y del exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera, quien ya fue encontrado culpable y condenado. Además, las autoridades federales lo acusaron en un caso separado al ingeniero y al exalcalde de Barceloneta, también convicto, Sol Luis Fontanes. Tras declararse culpable, fiscalía procuró la desestimación de los cargos contra el testigo.

Los delitos ocurrieron entre julio de 2009 y junio de 2012, periodo en el que Carrasco Castillo ingresó al menos $180,000 en sobornos por ayudar a que la empresa del ingeniero recibiera $2.3 millones en contratos municipales. Además, el abogado instó al contratista a sobornar a otros oficiales municipales.

El abogado también tuvo contratos con los municipios de Yabucoa, Trujillo Alto y Luquillo durante la incumbencia de alcaldes del PPD, algunos de los cuales lo describieron como un “especialista” en subastas.

El gobierno de los Estados Unidos procesó el caso a través de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal.