La CEE alegó que las citaciones no contienen el apercibimiento fundamental de que los citados puedan o deban comparecer acompañados de representación legal, entre otras cosas.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan otorgó tres días para que la Comisión de Derechos Civiles (CDC) muestre causa por la cual no deba el tribunal conceder la demanda presentada ayer por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“La CDC deberá mostrar causa por la cual no se deba expedir los remedios solicitados. Tiene TRES (3) días finales para comparecer por escrito. Se advierte que deberá presentar su escrito en o antes del próximo día 24 de febrero de 2021 a las 12:00 p.m. Queda apercibida la CDC que, de no comparecer por escrito en el término especificado, se estará allanando a las alegaciones de la Demanda presentada y se procederá a conceder los remedios solicitados, sin más citarle ni oírle”, lee la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos.

La CEE presentó una demanda de entredicho provisional y solicitud de injunction permanente alegando que la CDC citó a varios empleados de la CEE a una vista ejecutiva a ser celebrada el 16, 23 y 25 de febrero de 2021, ya que se había comenzado una investigación relacionada a la posibilidad de que la suspensión parcial de las primarias que comenzaron el 9 de agosto de 2020, constituyó una violación de los derechos civiles de los electores.

La CEE alegó que las citaciones no contienen el apercibimiento fundamental de que los citados puedan o deban comparecer acompañados de representación legal, derecho a ser escuchado, derecho a presentar evidencia a su favor, derecho a contrainterrogar evidencia en su contra y que la decisión sea basada en el contenido del expediente.

Además, la CEE entiende que la CDC no cuenta con un reglamento o procedimiento, adecuadamente promulgado y adoptado en derecho, para que la audiencia o sesión ejecutiva salvaguarde los derechos de los funcionarios citados.

La CEE solicita al tribunal que expida una orden para que la CDC cese y desista de solicitar y requerir información “en exceso de sus poderes legales y sin garantías reglamentarias y procesales”.

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