López Martínez vive "aterrorizada por su vida" en una cárcel de Connecticut, donde cumple su sentencia de nueve años tras estar vinculada al esquema de corrupción del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Por alegado temor a contraer COVID-19 en prisión, Sally López Martínez, la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) que en el 2017 fue sentenciada a nueve años en prisión por cargos de fraude vinculados al esquema de corrupción del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, ha solicitado libertad bajo fianza o libertad temporal al juez federal Pedro Delgado.

Al momento, López Martínez cumple su sentencia en una institución correccional ubicada en Danbury, Connecticut, donde, según la abogada Linda Backiel, quien sometió la petición a la corte federal, los contagios del virus están "lejos de estar bajo control", con confinados que no solo se contagian, sino que también "están muriendo".

Al momento, en esa cárcel donde López Martínez cumple su condena y según números del Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), hay 21 confinados que han dado positivo al virus, 73 que se han recuperado del mismo, y 2 que han fallecido.

El documento legal también detalla que, durante el pasado 3 de abril, el Fiscal General emitió una directiva al BOP para dar prioridad e identificar tres instituciones que pudieran revisar de manera rápida para liberar reclusos y reducir el riesgo de contagio y muertes entre la población carcelaria.

Entre esas tres instituciones, figura FCI Danbury, donde López Martínez extingue su pena actualmente.

Aunque López Martínez no tiene condiciones de salud que la ubiquen en un grupo de confinados "médicamente vulnerables" durante la pandemia, algo que la colocaría como prioridad en un litigio que se centra mayormente en la liberación inmediata de estos, esta sí apeló a la "liberación compasiva" el pasado 14 de abril mientras señaló que a otros confinados los han puesto en libertad pese a no cumplir con el requisito médico estipulado.

Este pedido fue denegado porque López Martínez no ha cumplido el 50% de su sentencia, algo que requeriría la orden, pero que la abogada Backiel catalogó como "totalmente arbitrario" dada la crisis de salud que vive el mundo entero.

Backiel también alega que, como López Martínez no es una confinada de alto riesgo, comparte espacios comunes con otras personas, lo que aumenta su riesgo de contraer el virus.

"La Sra. López vive aterrorizada por su vida", expresó la abogada, diciendo también que López Martínez no representa peligro para la comunidad o riesgo de fuga.

"(La liberación) podría salvar la vida de la Sra. López, o evitarle el sufrimiento de una enfermedad para la que no hay cura conocida en un entorno médico que, en el mejor de los casos, está sobrecargado. La liberará del terror diario", asegura Backiel.

En caso de que se le otorgue la libertad bajo fianza o temporal, López Martínez, según el documento, viajaría a casa de su hermano en Puerto Rico, quien ha accedido a ser su custodio durante el arresto domiciliario o los términos que estipule el Tribunal.

La exadministradora de la ADL fue sentenciada a nueve años de cárcel el pasado 31 de agosto, despues de ser hallada culpable de seis cargos de corrupción el 7 de octubre de 2016.

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