El pleito busca restituir la autonomía de la organización.

La presidenta y vice presidenta de la Junta de Farmacias de Puerto Rico, junto con una representante de los Técnicos de Farmacia en Puerto Rico, demandaron a la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, Norma Torres Delgado, por, presuntamente, actuar “de forma impropia, ilegal, discriminatoria, vengativa, negligente y corrupta”, afectando los derechos de la Junta de Farmacia de Puerto Rico e, incidentalmente, la salud del pueblo de Puerto Rico.

Las farmacéuticas María Dueño Palmer y Dayna Quiñones Burgos, junto con la técnica de farmacia Suzette Montalvo Ruiz, figuran como demandantes en el injunction radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y en el que se alega, que Torres Delgado cometió actuaciones que rayan en actos de corrupción gubernamental.

El pleito alega, específicamente, que la demandada realizó “actos impropios, ilegales, discriminatorios, vengativos, negligentes y corruptos” que son “contrarios a la política pública sobre asuntos de Salud y de Farmacia”.

Entre ellos, detalló que desde antes y durante la administración de Torres Delgado, supuestamente, no se han manejado los ingresos de la Junta “conforme a derecho y hoy no existe constancia divulgada a la Junta de Farmacia de Puerto Rico de la separabilidad de estos fondos, de su cantidad, y para qué se han usado los mismos”.

De acuerdo a la Ley de Farmacias, los ingresos cobrados por conceptos de derechos, deben ser cobrados por la propia Junta, la cual deberá “expedir el correspondiente recibo y llevar una contabilidad completa y detallada de las cantidades cobradas y recibidas”. Además, establece que “se pagarán en cheque o giro a nombre del Secretario de Hacienda o con tarjeta de crédito o débito siguiendo las normas y procedimientos dispuestos con Hacienda con respecto a la forma de pago” y que se deben tener en una cuenta separada.

La demanda indica que dichos cobros son agenciados en la actualidad por la demandada, como agente cobrador.

En la acción legal, el licenciado José A. Fusté plantea que cantidades mayores de este fondo han sido desembolsadas para asuntos ajenos a la Junta de Farmacia y apunta a la posibilidad de que se hayan mezclado con otros dineros. Esto uso indebido de fondos, alega el licenciado, ha privado a la Junta de Farmacia de mantener una sana administración y realizar un uso responsable del fondo separado que por ley debe tener.

Además, afirma que hay evidencia de que hay cobros del dinero que se han depositado a través de tarjetas de crédito o débito en cuentas no autorizadas por ley, entre ellas una denominada “HAC Junta Examinadora de Empleados de Salud” y otra cuenta del “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”. La demanda menciona que, en esta última cuenta, “se alega que la demandada Torres Delgado en contravención a una opinión legal de la División Legal del Departamento de Salud, ocupa el puesto de Directora Ejecutiva de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”.

La Ley de Farmacia de 2004 dicta que los depósitos deben ser realizados en un fondo especial para beneficio de la Junta.

Las demandantes también señalan que durante su administración, Torres Delgado no ha rendido cuentas sobre los derechos cobrados bajo la Ley de Farmacia, y no han podido obtener fondos necesarios para contar con los servicios profesionales de puestos esenciales como el salario del Director Ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico ni de una secretaria. Añade que este último puesto está cubierto por una persona que fue contratada por la demandada y que le responde a ella. Además, señala que el director ejecutivo no cobra desde 2017.

Entre otras denuncias, detalla que Torres Delgado interfiere con el ejercicio de autorizar la práctica de farmacéuticos y técnicos de farmacia, algo que le corresponde a la Junta. De igual forma, supuestamente interviene con los asuntos de concesión, suspensión o revocación de licencias y certificados a los profesionales de farmacia.

“El asunto aquí deja plenamente claro que las actuaciones de la demandada Torres Delgado causan prejuicio y daño claro e irreparable, ya que para todos los efectos paralizan las albores estatutarias de la Junta de Farmacia de Puerto Rico y le nidifica su labor ministerial al subyugarla a los caprichos impropios de una ejecutiva nombrada por una orden administrativa la cual no está validada por una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”, expone el licenciado en la demanda de páginas.

Ante esta situación, Fusté solicita al tribunal la celebración de una vista evidenciara y que acoja la petición de injunction y de sentencia declaratoria para que la demandada desista de su conducta y se reconozcan las facultades y la autonomía de la Junta de Farmacia.