El inicio de la vista preliminar contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos, y el exrector Carlos Severino Valdez, en relación a la otorgación irregular de becas presidenciales fue pospuesto para el mes de junio, despues de que la fiscalía solicitara tiempo adicional.

Así fue anunciado por el juez Juan Frau Escudero, de la sala 606 del Centro Judicial de San Juan, despues de que se anunciara que la fiscal Iris Melendez necesitaba posponerla ante 'una situación'. A ello se suma que una nueva fiscal entrará en el caso, por lo que la vista iniciará en dos meses, para que pueda estar preparada. El comienzo se estipuló para la semana del 15 al 19 de julio, a partir de las 10:00 de la mañana.

Se suponía que el inicio de la audiencia fuese, hoy, lunes, y a la sala 606 llegaron los primeros 12 testigos con los que se iniciaría el caso. Estos fueron Palmira Ríos González, Carlos Díaz Olivo, Hiram Melendez Juarbe, Vivian Neptune, Luis Enrique Rodríguez Rivera, Francisco Rodríguez Suárez, Loida Morales Feliciano, Arturo Ríos Escribano, Rafael Solís, Ana Álvarez Castro, Delia Camacho Feliciano y Dahliza Díaz Rodriguez.

En tanto, la fiscalía, compuesta por Iris Melendez y Zulma Fuster, de la Oficina del Fiscal Independiente (FEI), se reunirá el jueves con la intención de agilizar el proceso y estipular documentos, como certificaciones y reglamentos, que no necesariamente tienen que ser presentados en sala. El 18 de junio se pautó una vista de estatus.

A su salida de sala, el licenciado Harry Anduze, quien representa a Severino Valdez junto al licenciad Diego Corral, expuso que el Tribunal Supremo decidió no ha lugar a una reconsideración solicitada para que se desestimara el caso. Walker Ramos es representado por Keishla Martínez Souchet.

Las becas en cuestión fueron otorgadas a Carlos Pagán Cuevas, exasistente del expresidente de la UPR, Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Arturo Ríos, exasesor en asuntos públicos del exgobernador Alejandro García Padilla, y Jorge Sánchez.

Ambos ex funcionarios enfrentan cargos por violaciones a la ley de Ética Gubernamental, malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber.