Aún sin dilucidarse la totalidad de los asuntos correlacionados al caso del expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, la jueza Ada López Santiago otorgó un plazo de 60 días adicionales para regresar al Tribunal de San Juan y evaluar el estado de los procedimientos.

Se trata de planteamientos en el foro Apelativo y el Supremo que involucran al exlegislador y a todos los coacusados en su caso por enriquecimiento ilícito e injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley 222 sobre el financiamiento de campañas políticas.

El jueves en la tarde, Perelló Borrás fue citado junto al asesor legislativo Jose M. Carrión Ferrer, el exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón, y su ayudante Glenn O. Rivera Pizarro, quienes aún aguardan el fin de procedimientos en la vía legal.

Tambien queda pendiente un caso en el Supremo contra el licenciado Ángel Muñoz Noya.

Las acusaciones se centran en las irregularidades en el financiamiento de la campaña de Perelló Borrás, así como la otorgación ilegal de un contrato a la empresa 3Comm Global, propiedad del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez, para reemplazar el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes.

Con la cantidad de asuntos pendientes, la magistrada López Santiago optó por programar el próximo encuentro para el jueves 15 de noviembre, a las 2 p.m. Ante la cantidad de asuntos en el tintero, los representantes del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no pudieron precisar fecha de inicio de juicio.

'No hay manera de saber', expresó Leticia Pabón Ortiz, quien lidera el caso junto a Ramón Mendoza Rosario. La puesta en marcha dependerá de la rapidez con la que el Apelativo y el Supremo resuelvan los casos.

Los fiscales mostraron seguridad, en cambio, en su postura de mantener los casos unidos en vez de individualizarlos, puesto que la prueba es compartida.

'Si yo tengo la misma prueba, con los mismos hechos más o menos, pues yo no voy a ponerme a ver un caso hoy, otro mañana y así porque otro juez va a tener que verlo distinto', indicó Mendoza Rosario.

'Se siguen desmoronando'

Por otro lado, al salir de la sala Perelló Borrás se reafirmó en su tranquilidad y en el pronto descubrimiento de la verdad.

'Obviamente esto no es fácil, pero nosotros tenemos la verdad y yo estoy tranquilo. Cada vez que pasa el tiempo se va descubriendo cada vez más y más la verdad. Así que mientras este proceso pasa vamos a seguir trabajando, manteniendo a mis hijos, echando pa'lante', declaró el exlegislador.

En febrero del año en curso el juez Enrique Silva Aviles desestimó cuatro cargos que pesaban sobre Perelló Borrás respecto a violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, en relación al donativo de $10,000 que le hiciera el contador convicto Lutgardo Acevedo López. El mismo no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral ni en el informe requerido por la Oficina de Ética Gubernamental. Esta decisión se sostuvo luego de que los fiscales llevaran la batalla al Tribunal Apelativo.

Mientras, su abogado, Jose Andreu Fuentes, insistió que el caso montado por el ministerio público se estaba 'desmoronando'.

'Lo que están viendo es cómo se les va desmoronando, las denuncias se les van cayendo, van al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones confirma, todo lo que hemos dicho desde el principio ha estado pasando poco a poco y así sucederá hasta el final', exclamó el licenciado.

Andreu Fuentes planteó en sala que, de prosperar las acusaciones restantes y tras la resolución de los casos pendientes, evaluará radicar una moción de separación para que las vistas de su representado sean separadas.