Entre estas, Chevron y Exxon Mobil.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció el lunes que el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda contra empresas multinacionales de energía y petroquímica para recobrar los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, exige una indemnización no menor de $1,000 millones a varias compañías, incluyendo Exxon Mobil Corporation, BP P.LC., Chevron Corporation, y otras.

El Departamento de Justicia argumenta que estas compañías, a pesar de conocer los daños severos y la contaminación que sus productos han causado y seguirán causando en Puerto Rico, han distribuido, comercializado y promocionado sus productos mediante prácticas injustas y engañosas. La demanda sostiene que los demandados no advirtieron adecuadamente sobre los riesgos asociados con el uso de sus productos y que, en cambio, los promocionaron de manera indebida, ocultando a la ciudadanía los peligros conocidos. Además, se alega que implementaron campañas de comunicación y relaciones públicas para engañar al público sobre los efectos del uso de combustibles fósiles.

“Estas compañías han conocido internamente desde hace décadas que la contaminación de gases de efecto invernadero proveniente de productos de combustibles fósiles tendría impactos adversos en el clima mundialmente y el nivel del mar. Con ese conocimiento, tomaron medidas para proteger sus propios activos, pero no advirtieron verazmente a los consumidores puertorriqueños sobre las consecuencias del uso y la quema de combustibles fósiles en la Isla”, afirmó Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

La demanda detalla que el Pueblo de Puerto Rico ha incurrido e incurrirá en miles de millones de dólares en costos para limpiar los desastres causados por el cambio climático, tales como erosión costera, formación de tormentas más frecuentes y graves, inundaciones extremas, destrucción de arrecifes de coral y bosques de manglares, degradación de la calidad del aire y del agua, pérdida de hábitats y especies, entre otros impactos.

Además de los daños ambientales, la demanda incluye causas de acción por prácticas injustas y engañosas en el comercio, responsabilidad por los daños que causan los productos, estorbo público y daños punitivos, debido a que las acciones de los demandados se realizaron de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad.

Esta acción también busca obligar a los demandados a contribuir a un fondo equitativo para mitigar los daños actuales, fortalecer la infraestructura pública, restaurar recursos naturales, financiar medidas locales de resiliencia climática y reconstruir barreras naturales para proteger a las comunidades.

La demanda se originó tras un estudio realizado por el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico en 2022 y está fundamentada en la Ley Sobre Política Pública Ambiental, la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, el Código Civil de 2020 y el Código de Enjuiciamiento Civil.