Se trata de Sergei Makinin y, según la fiscalía federal, algunas de sus víctimas estaban basadas en Puerto Rico.

Sergei Makinin, nacional ruso y moldavo, se declaró culpable el lunes de operar una red ilegal de botnets que infectó decenas de miles de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo, según la fiscalía federal.

Sergei Makinin admitió su culpabilidad en tres cargos de violar la sección 18 U.S.C. § 1030(a)(5)(A) por causar daños intencionados a computadoras protegidas sin autorización, según documentos judiciales.

Algunas computadoras fueron afectadas en Juncos, San Sebastián y Yauco entre marzo del 2021 y mayo del 2022.

“Esta investigación demuestra que usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para interrumpir a los cibercriminales, sin importar su ubicación”, afirmó Stephen Muldrow, Fiscal Federal en declaraciones escritas.

Desde junio de 2019 hasta diciembre de 2022, Makinin desarrolló y desplegó software malicioso, creando un extenso botnet para convertir dispositivos infectados en proxies para un esquema lucrativo. Makinin ganó al menos $550,000 del esquema y deberá entregar carteras de criptomonedas relacionadas con el delito.

La desmantelación del botnet por parte del FBI se centró en inhabilitar la infraestructura del acusado, sin extenderse a la información de los propietarios y usuarios de los computadores. Joseph González, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, destacó el compromiso del FBI en imponer riesgos y consecuencias a los ciberadversarios.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo Cibernético del FBI en San Juan, con cooperación de las oficinas legales adjuntas del FBI en Madrid y Santo Domingo, y asistencia de la Alianza Nacional de Ciber-Forense y Entrenamiento (NCFTA.net).

El caso fue procesado por AUSA Jonathan Gottfried de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y los Abogados Principales Jane Lee y Jeff Pearlman de la Sección de Crimen Informático y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales.