La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusada junto al banquero y a un exagente del FBI, se sostiene en que quiere juicio en Puerto Rico y con jueza puertorriqueña a cargo.

El banquero Julio Herrera Velutini, acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por un esquema de soborno, anticipó que llamaría como su testigo al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia durante el juicio federal que enfrenta y que está pautado para entre febrero y marzo de 2024.

La defensa del exdueño de Bancrédito International Bank & Trust hizo el adelanto en una moción para fundamentar la postura que habían planteado hace tres semanas en una vista ante la jueza federal Silvia Carreño Coll. En ese momento, dijeron que querían que el proceso saliera de Puerto Rico y ocurriera en alguno de los distritos judiciales del Primer Circuito de Apelaciones o que, en la alternativa, venga un juez visitante a la isla a presidir el juicio.

Herrera Velutini recordó que el mecanismo de un juez visitante ocurrió cuando Aníbal Acevedo Vilá, acusado mientras era gobernador incumbente, enfrentó un juicio federal del que salió absuelto. Pero esa es solo la opción de consuelo para el banquero, quien realmente aboga más insistentemente por realizar el juicio fuera de Puerto Rico.

Los abogados del banquero plantearon a Carreño Coll que es irremediable el prejuicio en contra suya que tienen lo candidatos a jurado en Puerto Rico.

Entre sus apuntes para esto están que en el pliego acusatorio se menciona que él comparó a los puertorriqueños con “monos” y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), impuso una multa civil de $15 millones a Bancrédito y se cree que él aceptó la sanción cuando la entidad ya no está bajo su control porque fue intervenida y cerrada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que instaló un síndico y es ese oficial el que administra lo que queda del banco. Otra cosa que resaltó es lo que considera una ola marcada de rechazo a la corrupción en la isla a raíz de los eventos del Verano del ‘19 y la expulsión de su cargo del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aludió el banquero a que el caso involucra a entidades, participantes y testigos de alto nivel que pueden provocar que ocurra otra vez la inhibición de un juez, como ocurrió con el juez presidente del Tribunal Federal, Raúl Arias Marxuach, quien se salió del caso tras enterarse que su expatrono, el bufete McConnell & Valdés, había intervenido en un asunto que no tiene que ver con ninguno de los acusados, pero que se trajo a colación como parte de la discusión de la evidencia en el caso. De hecho, Herrera Velutini tiene pendiente una moción separada en la que presentó argumentos para la recusación de la jueza Carreño Coll.

Uno de los testigos de alto nivel sería Pierluisi Urrutia lo que, subrayó el banquero, provocaría aún más interés público porque sería la intervención del incumbente en un juicio contra su exrival política primarista, Vázquez Garced. Parte de los cargos que enfrenta Herrera Velutini es que, después de supuestamente ejecutar un esquema de extorsión con Vázquez Garced para tener control de OCIF, el banquero intentó tener un control similar en la Administración Pierluisi mediante ofrecerle dinero a través de su amigo, y recaudador, el convicto Joseph “Joey” Fuentes Fernández. La fiscalía federal ha desvinculado al gobernador de las acciones de su amigo en este caso.

En respuesta a la petición de Herrera Velutini, el tercer coacusado, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini, dijo que no se opone al traslado de jurisdicción, pero no dijo postura sobre que el proceso quede en manos de un juez visitante.

Por otro lado, y también como había anticipado, la defensa de Vázquez Garced ripostó anoche oponiéndose a la solicitud del banquero. La exgobernadora no está de acuerdo en sacar el caso fuera de Puerto Rico ni en que un juez visitante lo atienda. Solo estarían de acuerdo con el traslado si se separa a Herrera Velutini. Es decir, si el banquero es juzgado por separado de la exgobernadora fuera de la isla mientras que a ella se le juzgue, sola, en la isla. También estarían de acuerdo con un traslado si el proceso de selección de jurado demuestra que no es posible escoger a un panel de jurados que pueda emitir un veredicto imparcial.

Mientras que el mecanismo de un juez visitante es relativamente rutinario en los tribunales federales, más recientemente un juez visitante presidió el proceso contra el exsenador Abel Nazario, el traslado de jurisdicción no lo es.

Los acusados en este caso no pudieron presentar un precedente en el que el traslado hubiera ocurrido por publicidad negativa previa al juicio. Citaron el caso de Pablo Casellas Toro, pero la decisión de jueces apelativos de que ese caso debió trasladarse o posponerse fue específicamente porque el juicio federal de Casellas Toro ocurrió justo después de que se le declarara culpable por asesinato a nivel estatal. Los jueces apelativos entendieron que el jurado federal pudo estar indebidamente influenciado por el jurado estatal que había emitido un veredicto de culpabilidad. En el caso del banquero y la exgobernadora, no hay ningún otro proceso criminal pendiente contra alguno de ellos a nivel estatal cuyo resultado pueda impactar el proceso federal.

Vea:

Herrera Velutini quiere juez de fuera de PR y Wanda Vázquez quiere juicio sola