Mientras que la Cámara de Representantes indaga sobre la accesibilidad de la transportación pública en la zona metropolitana, los esfuerzos para modernizar y agilizar este sistema se han dilatado, lo que a su vez perjudica el servicio utilizado por cientos, tal vez miles, de personas a diario.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a través de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), suscribió un acuerdo en junio de 2018 por un monto de $3,990,720, con el fin de, entre otras cosas, elaborar una aplicación que revelara el tiempo de espera por un autobús. 

Aunque el interés de la agencia era ponerla en funciones a finales de ese año, todavía no se ha revelado el resultado de esa contratación, que conllevó compartir con el contratista datos sobre el tamaño de la flota, mantenimiento requerido, rutas y métodos de pago, entre otros.

Este tipo de información, en cambio, se le ha negado a otras empresas interesadas en establecer un sistema similar que sea libre de costo para los ciudadanos, como es el caso de la aplicación local Guawa.

Al momento de su lanzamiento, a mediados de diciembre de 2015, uno de sus creadores denunció que la inaccesibilidad a la información por parte del Gobierno imposibilitaba la operación de la aplicación. Una de las solicitudes del grupo era acceso al GPS de los autobuses de la AMA.

“Invertimos en nuestros propios GPS. Por ejemplo, Plaza Las Américas nos permitió instalar los GPS y el municipio de San Juan también en sus trolleys, pero esos trolleys están abandonados y tuvimos que ir a quitarlos”, explicó, en ese momento, Giancarlo González, cocreador de la aplicación y exprincipal ejecutivo de informática bajo el gobernador Alejandro García Padilla.

“En esta administración, ni el Director actual de la AMA ni el Secretario, no se ha recibido ni una sola solicitud de acceso a los GPS”, reiteró, por su parte, Juan José Díaz, oficial de prensa del DTOP. El comunicador también aclaró que, mientras que el DTOP es una agencia sombrilla que incluye a la AMA, no necesariamente tiene injerencia en las contrataciones.

Los cuestionamientos sobre el manejo de datos en el gobierno surgen luego de que se revelara que varias agencias públicas fueron víctimas de un robo cibernético ascendente a $4.1 millones, a raíz de la aprobación de transferencias de pago por un correo electrónico fraudulento. 

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) aseguró que detuvo las transacciones, una de ellas situadas en la Autoridad de Carreteras y cuyo monto se desconoce.

Según el contrato con la empresa E-Steps, el proyecto tomaría seis meses en completarse y conllevaría cuatro fases. Esto concordaba con el calendario ideado por el Gobierno de Puerto Rico, pues esperaba estrenar la aplicación antes de finalizado el 2018, tiempo para el cual la AMA contaba con 84 autobuses en el día y 87 en la noche.

Incluso, en enero de 2019, el secretario del DTOP, Carlos Contreras Aponte, aseguró que la aplicación de la AMA se encontraba en la fase de desarrollo y su inauguración podría ser antes del verano de ese año, pero todavía —más de un año después— no se ha develado. 

En su plan general, las agencias ofrecieron un marco general de lo que estimaban necesario para este proyecto. Sin embargo, el acuerdo suscrito por el DTOP estipuló que la primera fase del proyecto era un análisis y estudio de esas mismas necesidades, tarea para la cual se destinaron $250,000.

Entre lo propuesto, se encontró la creación de “una aplicación móvil para mejorar las experiencias de los pasajeros, incluyendo la localización de las guaguas, itinerarios y reservaciones”, además de “tecnología para Itinerarios y Control de Rutas para las guaguas de servicio regular y el Programa de Llame y Viaje” y la integración de estos sistemas con sus respectivas páginas web.

Los usos de esta información y su acceso influyen en una investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes, que el viernes, celebra una vista pública para discutir la accesibilidad a la transportación pública en la Zona Metropolitana, en la que González es deponente.

Con su Resolución 46, la Cámara busca conocer la condición actual de la infraestructura y carreteras, los problemas de seguridad vial en la Calle Júpiter, entre el expreso Román Baldorioty de Castro y la avenida Isla Verde, en Carolina, además de identificar prioridades para el desarrollo de proyectos críticos o urgentes que atiendan la problemática del área.    

Para su vista pública, la Cámara citó a González, en representación de Guawa, así como al presidente de la Unión TU AMA, Alexis Merced, y a los directivos del DTOP y la AMA.