La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko habló el martes sobre la carta enviada a la gobernadora y los presidentes legislativos.

'La carta tiene dos propósitos. Uno es para recordarle a todos que el proceso legislativo es mucho más eficiente cuando todos tienen la oportunidad de participar en las discusiones, cuando se hacen los análisis financieros. De otra manera, cuando las leyes se aprueban a la una de la madrugada y nadie sabe lo que se aprobó y lo que se requiere y cuál es el efecto y dado el marco de PROMESA, todas las leyes tienen que estar acorde con el Plan Fiscal', dijo Jaresko a preguntas de la prensa.

'El primer asunto es el proceso, le urgimos a todos un proceso legislativo más inclusivo, abierto, transparente democrático y con amplia discusión. El segundo asunto es discutir las leyes que aprobaron, que nosotros analizamos y entendemos que son inconsistentes con el Plan Fiscal y necesitan más evaluación', añadió.

Jaresko envió una carta a la gobernadora y a los presidentes legislativos en la que expresan reservas respecto a varias acciones legislativas recientes, que son inconsistentes con el Plan Fiscal.

Según precisó el ente federal, estas reservas incluyen legislación contributiva y enmiendas al Código de Rentas Internas, la restitución de los días de enfermedad y vacaciones del sector público, resoluciones conjuntas sobre la reasignación de fondos y la consolidación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Sobre el Proyecto de la Cámara 2172, Jaresko señaló en la carta 'que varias disposiciones parecen disminuir la recaudación de impuestos sin ajustes compensatorios suficientes para pagar esas reducciones de impuestos, lo que hace que la legislación sea inconsistente con el Plan Fiscal'.

'Esto incluye, entre otras cosas, reducciones en la recaudación individual del impuesto sobre la renta, exenciones más amplias del impuesto de empresa a empresa del 4 por ciento, cambios en la tributación de micro espíritus y aumentos en ciertos creditos fiscales. Tambien incluye la introducción de un mecanismo para transferir ciertos creditos fiscales bajo el Código de Incentivos o leyes de incentivos anteriores al Departamento de Hacienda a cambio de un reembolso del 90 por ciento de los creditos fiscales', agrega la carta.

Asimismo, indicó que otras disposiciones de la legislación 'son preocupantes porque erosionan la transparencia financiera y la confianza'.

Señaló que esto incluye el aumento en el umbral de ingresos mínimos requeridos para que las compañías presenten estados financieros auditados de 3 millones a 10 millones de dólares y la introducción de Contadores-Especialistas recientemente creados que pueden emitir certificados financieros con sólo diligencia limitada, estándares profesionales, y entrenamiento.

Además, Jaresko llamó la atención sobre el Proyecto de la Cámara 2210 de enmiendas adicionales al Código de Rentas Internas y al Proyecto de la Cámara 2286 de enmiendas a la Ley 60 de 2019. Entretanto, mencionó que el ente federal tiene reservas con el Proyecto del Senado 1099 para aumentar el salario de los bomberos y con el Proyecto del Senado 1341 para devolver días de enfermedad y vacaciones a los empleados públicos.

'En ausencia de una fuente de financiación para el período del Plan Fiscal, este proyecto de ley es incompatible con el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado', indica la misiva sobre el Proyecto del Senado 1341.

De otra parte, la JCF señaló la Resolución Conjunta del Senado 460 y la Resolución Conjunta de la Cámara 575 para asignar 4 millones 567 mil 770 dólares del Fondo de Mejoras Municipales a ciertos municipios, agencias e instrumentos públicos. Otro de los proyectos señalados es el Proyecto del Senado 1455 para que la CTPR siga operando separada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), lo que tambien es inconsistente con el Plan Fiscal.

'La transparencia en el proceso legislativo es necesaria para sacar a Puerto Rico de la quiebra… Votar sobre proyectos de ley con poco debate y sin audiencias sobre asuntos tan importantes es muy irregular y sienta un precedente pobre', señala la carta.

A la vez, Jaresko dijo que si los Tribunales finalmente determinan que la Ley 29 no es compatible con el Plan Fiscal, buscarán alternativas para ayudar a los municipios.

'Buscaremos la solución juntos con el gobierno y con los alcaldes para ayudar a aquellos municipios pequeños que tienen los retos mayores para balancear sus presupuestos. En cuanto a los municipios grandes, estamos trabajando con el CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) en el Plan Fiscal para lograr mejor captación de impuestos, con lo que esperamos aumentar los recaudos en aquellos municipios que dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad. Aquellos que no tienen esa base, tendremos que buscar soluciones', dijo Jaresko a preguntas de la prensa.

Jaresko mencionó que el plan para aumentar los recaudos está por finalizar con la expectativa de aprobarlo antes de acabar el año.

'Pero no podemos implementar ninguna solución hasta que no tengamos primero la determinación del Tribunal. Nadie va a cambiar hoy los parámetros de la Ley 29 porque todavía es Ley. No puedo implantar una solución paralela a la Ley 29 hasta que el Tribunal decida. Pero estamos convencidos de que lograremos una solución', sostuvo.

Según Jaresko, los reclamos de los municipios giran en torno a los edificios vacantes de la Compañía de Fomento Industrial que les gustaría adquirir para desarrollar y el acceso a fondos federales para reconstrucción de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

'Estamos trabajando con los representantes de FEMA en San Juan para tratar de cerrar la brecha y ver donde está detenido', mencionó.'

'La única solución real en este momento es desarrollo económico y crecimiento de la economía. Tenemos que lograr una economía competitiva que atraiga inversionistas. Porque algunos alcaldes están haciendo un esfuerzo extraordinario en bajar sus gastos, pero en algún punto tenemos que crecer', expresó la directora ejecutiva de la JCF.

Por su parte, el alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo mencionó que el plan que le presentó a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA fue uno pensado. Cidra es uno de los municipios que se encuentra en el Plan Piloto de la JCF.

'Número uno, reducción de costos. Números dos, aumentar nuestros recaudos de contribuciones. Ya sea aumentar los recaudos de ingresos o la 'cobrabilidad'. Y el tercer elemento que es el desarrollo económico. Ahora bien, el desarrollo económico de los municipios está supeditado al Plan Fiscal del Estado. El Estado tiene que reenfocar sus acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo económico de los municipios', expresó.

Por ejemplo, mencionó que desde los años noventa ha reclamado la construcción del conector con el Expreso PR-52. Según el alcalde, la cercanía de otros municipios al Expreso ha provocado la fuga comercial por el problema de acceso que tiene su municipio.

'Ese proyecto en el 1996 se logró una asignación federal, pero con los vaivenes políticos y los cambios de administraciones siempre se retrasa. Ahora estamos empujando para que se incluya en uno de los proyectos prioritarios con los fondos CDBG-DR, porque si hay una oportunidad donde se puede desarrollar ese proyecto es en estos momentos', sentenció Carrasquillo.