Las alegaciones detrás de los recientes despidos e investigaciones a los secretarios de departamentos de la Vivienda, Familia y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres lucen como un eco del manejo que la Administración Fortuño realizó a las imputaciones de violencia doméstica contra el fenecido presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, durante la incumbencia de la hoy gobernadora, Wanda Vázquez Garced en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Las destituciones recientes han estado marcadas por dos elementos: una total falta de transparencia sobre exactamente qué fue lo que hicieron los destituidos para perder la confianza de la Gobernadora y las alegaciones de que se trata de una purga de funcionarios y jefes de gabinete que apoyan políticamente a su contrincante por la candidatura del Partico Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, Pedro Pierluisi Urrutia. Estos eventos están precedidos por imputaciones contra la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez Pérez, por presionar a empleados durante horas laborables para gestiones primaristas de la Gobernadora.

El primero en denunciarlo en entrevista con NotiCel es el otrora secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, quien ha dicho que su lealtad a Pierluisi Urrutia era conocida por la Gobernadora y que fue falsa la versión de su despido que ofreció Vázquez Garced en una conferencia de prensa el domingo pasado. Sobre Gil Enseñat, primero no se dieron razones de su despido, luego la Gobernadora alegó que era porque supuestamente había perdió su confianza porque puso en riesgo fondos federales. Acevedo, también en entrevista con NotiCel, confirmó que la Mandataria reunió a los jefes de agencias para conocer quién apoyaba a Pierluisi Urrutia luego de anunciar su intención de retarlo en las primarias de junio próximo.

Contra ambos exfuncionarios se ha activado el aparato investigativo del Estado, tal y como sucedió en el 2012 con el caso de Ferrer Ríos, que en aquella ocasión imputó a la administración de Luis Fortuño utilizar el poder del Estado para perjudicarlo por ser adversario político.

Durante el expedito proceso de investigación poco típico en estos casos, el representante Ferrer Ríos acusó a Vázquez Garced y a la fiscal Melissa Vázquez de amenazar a su pareja Elisa Hernández Negrón con quitarle la custodia de su hijo y de ofrecerle trabajo en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Actualmente, existen procesos investigativos contra al menos dos de los funcionarios despedidos el pasado fin de semana. Aunque exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, no halló irregularidades o malos manejos de Gil Enseñat en cuanto a los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR), el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy lo refirió al Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General.

Paralelamente, la Gobernadora encomendó una pesquisa tras el hallazgo del almacén de suministros en Ponce, que ha sido referida al Departamento de Justicia responsabilizando al excomisionado del NMEAD, Acevedo de que no se repartieran los suministros. Esto pese a que el ahora secretario del Departamento de Estado, Elmer Román y la propia Gobernadora conocían de la existencia de ese almacén y tampoco lo activaron desde el 28 de diciembre cuando comenzaron los fuertes movimientos telúricos.

Nada se ha dicho de investigar a la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, que favorece a Pierluisi para la gobernación, y que ha afirmado fue despedida por sancionar a una funcionaria que supuestamente repartió suministros con criterios político-partidistas. Tampoco se ha planteado investigación de Justicia a la imputada, Surima Quiñones, jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) que presuntamente le dio suministros a la senadora por el PNP, Evelyn Vázquez, para que los repartiera a damnificados por los terremotos en la zona.

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Si nos remontamos al caso de Ferrer Ríos, el entonces representante y vicepresidente del PPD fue arrestado el 22 de febrero de 2012 a las 10:45 de la noche tras querella de un incidente de violencia doméstica en su residencia.

En cuestión de horas y contrario a la norma en los casos de violencia doméstica que muchas veces son obviados por las autoridades, el aparato investigativo bajo la administración de Fortuño se activó para atender el asunto del rival político.

Al día siguiente el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, había asignado a la fiscal Vázquez para entrevistar a la compañera de Ferrer Ríos, y madre de su hijo menor, con la presencia de Vázquez Garced, entonces Procuradora de las Mujeres en el momento en que la fémina prestaba una declaración jurada sobre el incidente.

Solo tomó una semana referir el asunto al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), esto pese a que Hernández Negrón hizo una segunda declaración jurada en la que manifestaba que el Gobierno la estaba presionando para seguir adelante con el caso aunque ella no quería.

Ferrer Ríos atribuyó la investigación como una politiquería y escribió sendas cartas al gobernador Luis Fortuño y la jefa interina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

En medio del torbellino, Ferrer Ríos renunció a todos sus puestos de liderato en la Legislatura así como las posiciones políticas, incluyendo su aspiración a la alcaldía de San Juan por el PPD. En julio de 2012 el PFEI archivó la investigación, quedando en nada el asunto. La presidenta del Panel, entonces y ahora, Nydia Cotto Vives, se había inhibido porque tenía un contrato precisamente con la Procuradoría de las Mujeres.

En aquel momento, el entonces presidente de esa colectividad, Alejandro García Padilla García Padilla instó que también se hiciera una investigación sobre el manejo de este caso por las agencias de gobierno.

'De ser ciertas estas versiones, sacarían a la luz el patrón evidente de la utilización del poder del Estado para perjudicar a adversarios políticos. Eso es igualmente inaceptable, estas circunstancias preocupantes deben investigarse hasta las últimas consecuencias', dijo en aquel momento.

Tres fueron los protagonistas del procesamiento de Ferrer Ríos por parte de la Administración Fortuño:

Yanitsia Irizarry, entonces secretaria de la Familia que hoy es candidata a la alcaldía de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y favorita del alcalde de ese pueblo, Carlos Méndez, para que se quede en su cargo una vez se haga efectiva su renuncia a la alcaldía este año.

Somoza Colombani, entonces secretario de Justicia y quien en agosto de 2018, estando Vázquez Garced en la secretaría de Justicia, fue arrestado regateando en su Porsche Boxster con otro vehículo y conduciendo a exceso de velocidad en compañía de su hijo menor de edad, por todo lo cual solo acabó pagando una multa de $300 mediante un acuerdo avalado por la jefa de fiscales, y persona de confianza de Vázquez Garced, Olga Castellón Miranda.

Y Vázquez Garced, entonces Procuradora y hoy la gobernadora bajo la cual se ha iniciado el procesamiento de funcionarios que sostienen sus casos son por revanchismo político.