En un arranque atípico para lo que ha sido hasta ahora su proyección pública, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, emitió hoy un extenso comunicado de prensa en el que defiende la investigación que su departamento hizo del chat de Telegram 'WRF' que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares.

En concreto, la funcionaria indicó que pedirá la devolución del expediente para seguir investigando a las personas contra las cuales no se asignó a fiscales especiales independientes para retomar la investigación y 'evaluar la conducta que se puede procesar'.

Esto significaría que la exsecretaria de prensa, Yennifer Álvarez Jaimes; la exdirectora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez; el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; el exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y los excontratistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame volverían a estar bajo evaluación de fiscales del Departamento de Justicia.

De inmediato, no está claro si esa movida está admitida en la ley que gobierna las operaciones de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La OPFEI, por su parte, reaccionó a las expresiones de la Secretaria con una declaración en la que se remiten a la Resolución que divulgaron ayer y en la que recuerdan que sus decisiones son colegiadas y que su formación como jueces los 'obliga a ignorar ataques subjetivos que se hacen contra una institución que fue creada con el único propósito de combatir la corrupción'.

En su reacción, Longo Quiñones no incluye el informe de 109 páginas que refirió a la OPFEI en enero recomendando la designación de un FEI para todos los involucrados y se limita a decir que espera que los FEI que investigan el chat incluyan su informe en el informe final que la ley les obliga a hacer una vez culmimen su pesquisa.

En un elemento que no se conocía hasta ahora, el comunicado de Justicia enumera las personas entrevistadas como parte de la investigación de Justicia, pero no dice a cuáles se le tomaron las cinco declaraciones juradas que incluyeron en su referido a la OPFEI.

'Las declaraciones juradas, según reconoce el Panel en la Resolución, validaron la identidad de los participantes del Chat WRF y sus puestos en el Gobierno de Puerto Rico. La extensa prueba recopilada corrobora las declaraciones juradas y revela la conducta más allá de participar en el WRF Chat que constituye causa suficiente para creer que se ha cometido delito', expresa Longo Quiñones.

Hubo 46 citaciones a testigos y 15 entrevistas, incluyendo a: Francisco Antonio Parés, secretario de Hacienda; Fernando Gil Enseñat, exsecretario de la Vivienda; Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan; Arnaldo Claudio, exmonitor federal de la Policía; Luis Augusto Martínez, administrador de la Fortaleza; Cecille Blondet Passalaqua, directora ejecutiva de Espacios Abiertos; Maritza Garay Morales; Rossy Santiago Velázquez, exdirectora de la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza y contra quien se recomendó el nombramiento de un FEI; Jorge Bauzá; Juan Carlos Hernández, exadministrador de la Fortaleza; la relacionista profesional Leticia Jover; Rafael José Vega Gómez, director de Comunicaciones del Departamento de la Vivienda; Brad Dean, Director del DMO; y la Lcda. Griselle Morales, Directora Legal de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y esposa del senador independentista Juan Dalmau.

'Se emitieron además en exceso de 61 citaciones para procurar documentos e información. También se descargó el contenido de los dispositivos celulares que se recuperaron de múltiples participantes del WRF Chat y se analizó esa prueba forense. Esta evidencia constituye 'las otras fuentes de información'que la Ley 2-1988 del PFEI indica será parte de los factores que la Secretaria tomará en consideración para emitir su recomendación', dijo Longo Quiñones.

La Secretaria entiende que al evaluar el referido, el PFEI se autoimpuso limitaciones que, en su opinión, revelan que esa oficina parece no tener 'la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento'.

Al enfatizar que el se obtuvo el contenido del chat de los celulares de 'múltiples participantes', argumentó que 'la mera participación en el Chat WRF no establece los delitos considerados, el Chat WRF lo que hace es que corrobora la relación entre los participantes de los delitos identificados. Esa conducta fue corroborada mediante las entrevistas y la evidencia levantada por el DJ'.

'El análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere aprender a hilvanar finito y a atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes. Se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense, y la utilización y el examen de prueba digital para probar casos con prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa. Creíamos que los fiscales del PFEI tenían dicha capacidad y estaban preparados para agresivamente atender los delitos que se le identificaron para investigación', argumentó.

Criticó también la determinación del PFEI no proseguir ante el Tribunal Supremo para obtener los celulares de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes. 'El tener una investigación criminal en curso no impide a un hábil profesional del derecho, con experiencia y peritaje, llevar un recurso apelativo al mismo tiempo', acotó.

En expresiones directas a la presidenta del Panel, la exjueza Nydia Cotto Vives, la Secretaria precisó que ha sido Cotto Vives la que ha dicho que los referidos de Justicia deben tener las declaraciones juradas mínimas para que sean los fiscales independientes los que levanten esa prueba al ampliar la investigación.

'Parece mentira que la relación de dos agencias que deben estar trabajando de la mano en beneficio del Pueblo de Puerto Rico se vea marcada por la insensata intención del Panel de menoscabar el trabajo realizado por los funcionarios del Departamento de Justicia en cumplimiento con sus deberes ministeriales', concluyó.

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