El Departamento de Justicia puso punto final a su investigación del chat de Telegram, pese a que aún quedaban cabos sueltos, como el hecho de que al menos dos personas de interés no entregaron sus celulares para propósitos de la pesquisa.

La agencia, encargada de hacer cumplir las leyes, está imposibilitada de actuar, según su secretaria Dennise Longo Quiñones, debido a que refirió el asunto al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) a principios de enero. En esta entidad quedará, entonces, decidir si los dispositivos móviles del cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda Reyes son necesarios para continuar la pesquisa del chat, cuya revelación en julio de 2019 impulsó las protestas masivas que desembocaron en la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación y la eventual ascensión de Wanda Vázquez Garced al cargo por vía sucesoral constitucional.'Es como si yo hubiese cogido toda esa investigación, la puse en una caja y se la entregué a ellos y ellos tienen toda la amplitud y discreción de actuar. Yo no puedo actuar. O sea, literalmente se nos quita la capacidad de actuar', declaró Longo Quiñones a preguntas de NotiCel.El 10 de enero, Justicia refirió a la entidad a 14 personas, pero no detalló qué delitos pudieron haber sido cometidos por los funcionarios o exfuncionarios. Sin embargo, se puntualizó que algunos integrantes del grupo de mensajería eran personas privadas que 'mantenían participación activa en las conversaciones del mismo, aun cuando ya se habían desvinculado del servicio público', lo cual fue una referencia directa a Sánchez Sifonte.El cabildero participó del chat a pesar de que, en el tiempo que comprenden las páginas reveladas, ya había renunciado a su cargo como representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal y mantenía clientes privados en su práctica como abogado. Antes de la juramentación de Rosselló Nevares, Sánchez Sifonte fue su director de campaña.En diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones determinó que Justicia actuó incorrectamente el 17 de julio de ese año al intentar obtener acceso a los teléfonos de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes mediante una citación de testigos, en vez de una orden de registro y allanamiento. Para ese tiempo, la actual Gobernadora dirigía la agencia.

Mira el video de las declaraciones de la secretaria de Justicia:[naviga:img embed-content-articleid='1158909282' embed-content-groupid='593030471' embed-content-id='1158912014' embed-content-imgalign='none' embed-content-index='0' embed-content-location='input_story-body' embed-content-type='subStoryType' height='240px' src='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/photo/2020/02/04/20-02-03%20-%20CP%20DENISSE%20LONGO%20QUIN%CC%83ONES%20JUSTICIA%20UPR%20JCF%2015988_1580835597674.jpg_39813321_ver1.0_1280_720.jpg' style='width:100%;' width='360px']Longo Quiñones, por su parte, aseguró que una de las recomendaciones que incluyó al PFEI fue acudir al Tribunal Supremo para que persistan en conseguir los dos teléfonos móviles que Justicia no pudo obtener.'Esa actividad investigativa es parte del asunto que se le envía al Panel y es parte del asunto con respecto al cual el Departamento de Justicia pierde jurisdicción por operación de ley. Nosotros, entre nuestras recomendaciones, como indiqué en mi entrevista anterior, recomendamos que el Panel acoja nuestro planteamiento y siga adelante con ese caso', expresó la Secretaria de Justicia.Sánchez Sifonte y Miranda Reyes fueron quienes únicos retaron la orden de ocupación y registro, según se desprende de la información compartida por Justicia, pues cada uno de los participantes que comparecieron accedieron a entregar sus dispositivos de manera voluntaria o mediante el pedido.Pese a la ausencia de esos dos dispositivos, Justicia indicó en un comunicado previo que la investigación preliminar consistía de 109 páginas y sobre 35 cajas de evidencia, además de que como parte de la investigación se emitieron sobre 45 citaciones a múltiples testigos y sobre 60 subpoenas para procurar documentos e información.En el periodo divulgado del chat, además de compartir comentarios misóginos y violentos, el grupo discutió estrategia de gobierno y contratos, entre otros temas oficiales y hasta designados por ellos mismos como materias confidenciales de gobierno, aunque los integrantes del grupo no eran en su totalidad funcionarios públicos.