La Fortaleza y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) no han respondido si la administración de Wanda Vázquez mantendrá como asesora de Asuntos Federales a Janet T. Santana Frasqueri luego de que la pasada semana su cónyuge, Esteban Pérez Ubieta se declarara culpable de un caso en el que inicialmente se le imputó falsificar documentos para beneficiar a dos compañías en la obtención de contratos con fondos federales mientras dirigía la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) bajo la administración de Luis Fortuño Burset.

Además del caso judicial por el que su cónyuge se declaró culpable, la hoy asesora de Asuntos Federales había sido destituida por uso indebido de fondos y tarjetas de crédito mientras dirigía el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH).

Irónicamente, Santana Frasqueri fue contratada por la AAFAF en octubre pasado para, entre otras cosas, representar al Gobierno ante las agencias federales, asistir a las agencias y municipios en los planes de cumplimiento con los requerimientos federales para los fondos de recuperación y participar en las reuniones del Consejo Asesor de Asuntos Federales de la Gobernadora.

Desde el pasado viernes, NotiCel solicitó a la directora y subdirectora de la Oficina de La Fortaleza, Mariana Cobián y Michelle de la Cruz, respectivamente si tras la alegación de culpabilidad de Pérez Ubieta habría alguna modificación en las tareas de Santana Frasqueri. Por ser un contrato a través de AAFAF, también se hizo una solicitud similar a Iván Caraballo, director de la Oficina de Prensa de esa agencia. A la hora de publicar esta historia ni la Gobernadora ni la agencia han respondido sendas peticiones.

El exadministrador de ADSEF se declaró culpable el pasado jueves en el Tribunal de Primera Instancia en este caso que data del 2016, cuando el Ministerio Público sometió varias denuncias en su contra por falsificar en el 2010, documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra la ADSEF.

Sin embargo, el exfuncionario logró un acuerdo con la Oficina del Fiscal Especial Independiente luego de que todos los cargos en su contra fueran reclasificados a menos graves.

NotiCel había publicado la contratación de Santana Frasqueri efectiva el pasado 2 de octubre, justo el mismo día en que el juez Rafael E. Taboas Dávila encontró causa para juicio contra Pérez Ubieta en el mencionado caso. La vista de sentencia quedó pautada para el 18 de marzo.

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Santana Frasqueri ha sido asesora de Vázquez Garced desde que la hoy Gobernadora fungía como Procuradora de las Mujeres pese a que en el 2001 fue destituida por haber utilizado irregularmente fondos federales del programa Work Investment Act (WIA). En febrero de 2003, fue señalada en un informe de auditoría de la Oficina del Contralor por fallas administrativas y mal uso de la tarjeta de crédito gubernamental, al cargar a la tarjeta $5,664 en dos viajes oficiales sin la autorización del entonces secretario de la agencia. Tras convertirse en Secretaria de Justicia, Vázquez Garced también la reclutó para ofrecer consultoría administrativa en esa agencia.

Santana Frasqueri devengará $90,000 dispone el contrato entre AAFAF y su firma J. Santana & Associates, Inc. Según el acuerdo, Entre las responsabilidades de Santana Frasqueri se encuentra asistir a la AAFAF, la Oficina de la Gobernadora y a toda instrumentalidad del Gobierno que reciba fondos federales en asuntos relacionados con mejoras en el cumplimiento de los programas federales, asistencia en programas de financiamiento federal y gestión fiscal.

De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, su firma ha tenido contratos con estas y otras agencias de gobierno desde el 2010 por alrededor de $2.6 millones.

Además de asesorar a la gobernadora en asuntos federales a través de AAFAF, mantiene otros contratos vigentes con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ($50,000), ADSEF ($154,000 cada uno), la misma agencia por la que su esposo se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con el PFEI la pasada semana dirigió, y en el Departamento de la Familia se firmó un nuevo acuerdo por $264,000 adicionales al contrato de $150,000 que venció en septiembre pasado.