El Departamento de Justicia, bajo la direcci贸n de la ahora gobernadora Wanda V谩zquez Garced, no supo investigar el chat de WhatsApp en el que participaron integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del gobierno de Ricardo Rossell贸 Nevares, al no emitir advertencias requeridas a posibles sospechosos a la hora de tomar declaraciones juradas, malinterpretar las leyes que fiscalizan a los funcionarios públicos y no citar posibles testigos.

La conclusi贸n se encuentra en el informe final de la pesquisa, sometido por el licenciado Ram贸n Mendoza Rosario al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), documento que tambien apunta a que, públicamente, V谩zquez Garced alud铆a a una vasta prueba de comisi贸n de delito por parte de los implicados, mientras que por escrito somet铆a a la entidad independiente una conclusi贸n de ausencia total de evidencia contra esos funcionarios.

El 2 de mayo de 2018, y en su rol como Secretaria de Justicia, V谩zquez Garced refiri贸 a los fiscales especiales la posible comisi贸n de delitos al entonces presidente de la Comisi贸n Estatal de Elecciones (CEE), el exjuez Rafael Ramos S谩enz; el exsecretario de la Gobernaci贸n --y ahora senador-- William Villafa帽e Ramos; y la exsecretaria asociada de la Gobernaci贸n, Itza Garc铆a Rodr铆guez, entre otros, por su participaci贸n de los grupos de WhatsApp '#Team-Coffee Break' y 'P3R- Estructura Gerencial' para discutir controversias electorales de los comicios del 2016.

La polemica provoc贸 la renuncia de todos los funcionarios implicados a sus respectivos cargos, as铆 como una alegaci贸n de culpabilidad de Ramos S谩enz en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla por violaciones al C贸digo Penal y Electoral.

Ramos S谩enz fue a quien único el PFEI le encontr贸 causa m谩s all谩 de duda razonable, ya que con los dem谩s hubo ausencia de prueba suficiente para sostener que incurrieron en la comisi贸n de algún delito, datos explicados en el informe, entregado el pasado 6 de noviembre.

Según el documento, V谩zquez Garced y Justicia advirtieron a los testigos citados a prestar sus declaraciones juradas sobre el delito de perjurio, o mentir bajo juramento, pero no se les advirti贸 que pod铆an ser sospechosos de delitos. Estas advertencias, conocidas como los 'Miranda warnings', garantizan el derecho a la no autoincriminaci贸n, cobijado bajo la quinta enmienda de la constituci贸n federal y la secci贸n 11 del Art铆culo 2 de la Constituci贸n de Puerto Rico.

El resultado de esta falla signific贸 que, de haberse encontrado pruebas incriminatorias contra los dem谩s participantes del chat, no pod铆an ser utilizadas en su contra porque no se les hicieron las advertencias requeridas por ley. Entre otras cosas, los declarantes pod铆an aludir que estaban excluidos de responsabilidad criminal porque Justicia trat贸 de entramparlos.

No supo interpretar la ley

El informe del PFEI detalla que la entonces Secretaria de Justicia no supo interpretar la ley creada para fiscalizar a los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno Puerto Rico, o sea, la Ley para Crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley 2 de 1988), raz贸n por la cual no recomend贸 que el PFEI investigara a los dem谩s integrantes del chat.

A su juicio, según el documento, la entidad independiente carec铆a de jurisdicci贸n para llevar a cabo una pesquisa sobre exfuncionarios públicos, pese a que el estatuto originario claramente dicta quienes pod铆an ser investigados.

Adem谩s de los ya mencionados, el chat estaba compuesto por la exadministradora de la Administraci贸n para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Mu帽iz; y la directora del Programa de Transformaci贸n y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernaci贸n, Yesenia D铆az Rom谩n.

'Independientemente de que estas personas fueran o no servidores públicos, si estos eran considerados coautores o cooperadores en la comisi贸n de delito con un funcionario público (juez) sobre el cual el PFEI tiene jurisdicci贸n, la entonces Secretaria de Justicia pod铆a recomendar que se nombrara un Fiscal Especial Independiente o simplemente concluir lo contrario ante la insuficiencia de prueba', declar贸 el licenciado Mendoza Rosario en su informe, antes de recalcar que V谩zquez Garced realiz贸 una interpretaci贸n err贸nea de la Ley 2 de 1988.

El informe hasta disputa la manera en que Justicia realiz贸 el referido --que fue catalogado como un 'referimiento de conductas'-- porque 'socava la confianza en este proceso especial creado por el Pueblo de Puerto Rico precisamente para garantizar la transparencia, la imparcialidad, equidad y justa determinaci贸n'.

'Las determinaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico [DJPR], de quien la Ley 2-1988 se distancia para dar espacio a los rasgos caracter铆sticos necesarios de una agencia como el PFEI, pueden afectar negativamente los procesos posteriores que el mismo determine realizar. La responsabilidad del DJPR es de gran peso y gravedad. No debe ser manejada livianamente o con indiferencia y mucho menos responder a elementos extra帽os que menoscaben las garant铆as m铆nimas del derecho constitucional fundamental del debido proceso de ley', estipul贸 el documento.

Exoneraci贸n total a Itza Garc铆a

Entrel铆neas, el informe alude a una posible fijaci贸n de V谩zquez Garced contra la licenciada Garc铆a Rodr铆guez, exsecretaria asociada de la Gobernaci贸n, y a quien le imput贸 la violaci贸n al art铆culo 292 de influencia indebida para nombrar a Ramos S谩enz a su cargo y al art铆culo 269 del C贸digo Penal sobre perjurio, adem谩s de identificarla como la funcionaria que presuntamente intent贸 intimidarla.

En su referido al PFEI, Justicia recomend贸 que se examinaran las posibles 'inconsistencias' o 'contradicciones' que pudieran surgir de las declaraciones de los testigos, espec铆ficamente en cuanto a Garc铆a Rodr铆guez y su conocimiento sobre la posici贸n judicial que ostentaba Ramos S谩enz al momento de los hechos. Sin embargo, el PFEI no encontr贸 prueba en ninguna de las alegaciones por V谩zquez Garced.

Garc铆a Rodr铆guez fue quien cre贸 y administr贸 el chat '#Team-Coffee Break' y 'P3R- Estructura Gerencial' en Whatsapp, integrados en esencia por las mismas personas.

El primero era utilizado por un 'equipo' de trabajo pol铆tico identificado con el PNP, según el informe, en el que los integrantes se saludaban, felicitaban y sosten铆an otras interacciones de car谩cter personal y partidista. Mientras, el segundo chat se dedicaba a coordinar esfuerzos para el desarrollo de un 'plan' o 'plataforma de pol铆tica de Gobierno', que fue adoptado por Rossell贸 Nevares tras ganar las elecciones y fue llamado 'Plan para Puerto Rico'.

Fue la oficina de Garc铆a Rodr铆guez que recibi贸 las quejas en contra de V谩zquez Garced por una alegada intromisi贸n en el caso judicial contra Tyrone Torres Betancourt, joven convicto en el caso de escalamiento y hurto en la vivienda en que resid铆an la hija y el yerno de la entonces Secretaria.

Al ser informada de esta visita, V谩zquez Garced lo interpret贸 como una intimidaci贸n, ya que la comunicaci贸n surgi贸 cuando la entonces Secretaria investigaba el caso de Whatsapp. Esto provoc贸, a su vez, una investigaci贸n del PFEI sobre V谩zquez Garced que no prosper贸 en una vista de Regla 6.

'El DJPR incluso incurri贸 en otros errores procesales o de car谩cter legal. A manera de ejemplo, la investigaci贸n confidencial (relacionada con la Lcda. Itza Garc铆a) referida al PFEI como parte del referido del caso de Ramos S谩enz no fue acompa帽ada de una declaraci贸n jurada, como requiere la Ley 2, supra, para poder recomendar el nombramiento de un FEI. Precisamente, con esto se demuestra inequivocadamente que no se recomend贸 un FEI contra dicha funcionaria', concluy贸 el informe.

Las revelaciones contenidas en el informe del PFEI se unen a la decisi贸n del Tribunal Apelativo, el cual determin贸 que Justicia --tambien bajo V谩zquez Garced-- err贸 en la investigaci贸n de telefonos del chat de Telegram al pretender tener acceso a los telefonos de El铆as Fernando S谩nchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes mediante una citaci贸n de testigos, en vez de una orden de registro y allanamiento.

En el chat de Telegram, denominado 'WRF', Rossell贸 Nevares particip贸 junto a un grupo de colaboradores de la estructura formal de gobierno, as铆 como otros integrantes del sector privado, como lo fueron S谩nchez Sifonte, cabildero y exdirector de campa帽a, y Miranda Reyes, publicista.

En el periodo divulgado del grupo de mensajer铆a, los 11 integrantes discutieron estrategias de gobierno y contratos, entre otros temas oficiales o hasta confidenciales de gobierno.

Del mismo modo, se une al informe sobre la investigaci贸n de la alegada intervenci贸n indebida de V谩zquez Garced, en el cual relatos de los fiscales, y los testimonios, dan cuenta del ambiente 'hostil' que se cre贸 en Justicia con la investigaci贸n del esc谩ndalo de WhatsApp y c贸mo se cruz贸 con el caso del escalamiento a la residencia en la que se encontraba la hija de la Secretaria.

Lee el informe completo: