La nueva acusación contra la exsecretaria de Eduación, Julia Keleher, por supuestamente ceder un pedazo de terreno de una escuela en Santurce a los desarrolladores de Ciudadela a la vez que tramitaba con condiciones especiales la compra de un apartamento en ese mismo complejo, fue puesta en entredicho por una agencia de gobierno y un exsecretario de Educación.

El miercoles pasado, Keleher se entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Filadelfia para enfrentar un nuevo pliego acusatorio, despues de haber sido arrestada por primera vez en julio de 2019.

En el caso más reciente, su coacusado es Ariel Gutierrez Rodríguez, un consultor de bienes raíces que ya había sido convicto por fraude bancario en los años 90 del siglo pasado. Según la fiscalía federal, Keleher obtuvo trato preferencial en la adquisición de un apartamento en Ciudadela al autorizar la cesión de 1,034 pies cuadrados de terreno de la Escuela Especializada Bilingüe Padre Rufo en Santurce, localizada detrás de Ciudadela. El ejecutivo Nicholas Prouty de Putnam LAC Holding LLC, empresa dueña de Ciudadela, interesaba el terreno para completar un desarrollo en el área.

Pero el exsecretario de Educación, Rafael Román, aseguró ayer que un secretario de Educación no tiene el poder para hacer una cesión como esa. En entrevista radial (WIAC) ayer, afirmó que 'el Secretario de Educación no tiene ni el conocimiento ni el poder para ceder escuelas y terrenos. El Departamento no es el dueño de estas escuelas. El secretario lo único que hace es opinar o no sobre la transacción'.

'Educación no tiene la titularidad de las escuelas. La exsecretaria pudo haber cabildeado y endosado la transacción pero al final son otras agencias las que hacen la transferencia', agregó el exfuncionario.

Román dijo que la mayoría de las escuelas pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos y que otras las administra Educación pero los terrenos pertenecen a Vivienda.

'Es una transacción que no es unilateral para el Departamento de Educación. El punto es que la transacción final no se hace en el Departamento de Educación. Ella podría estar de acuerdo pero al final del camino aunque estuviese de acuerdo y cabildeara a favor del cambio tenía que contar con el aval de otra agencia', manifestó.

Aunque el condominio Ciudadela lleva varios años de construido, Román aseguró que durante su administración no hubo acercamientos para que le cedieran terrenos de la escuela.

'Bajo mi administración nunca hubo un acercamiento. En Puerto Rico los rumores se convierten en una práctica diaria, siempre había inquietud de esa comunidad de que la escuela se iba a ceder o cerrar. Pero esa escuela no atiende solamente a esa comunidad. Realmente es una escuela para estudiantes de habla anglosajona para enseñarles a hablar español. Hay estudiantes de varios países. Lleva muchos allí y por eso no atiende solo a la comunidad', recordó.

Por otro lado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF, por sus siglas en ingles) contradijo una de las aseveraciones del pliego acusatorio.

El documento dice que una entidad sin fines de lucro, que no es nombrada pero que sería la Puerto Rico Education Foundation (PREF), 'desembolsó dinero a AAFAF, la entidad que pagaba el salario de (Keleher)', esto en referencia a que la funcionaria ocupó la secretaría como contratista de AAFAF.

Pero, 'de acuerdo con los archivos y libros contables de AAFAF, entre el 2017 y el presente no se han recibido fondos, donativos ni sumas monetarias de ninguna clase de alguna entidad sin fines de lucro, incluyendo (PREF)', dijo AAFAF.

En su declaración, establecen que Keleher mantuvo tres contratos con la AAFAF entre el 2017 y el 2019. 'Dichos acuerdos están registrados en la Oficina del Contralor, portal electrónico en el cual tambien están disponibles esos documentos. Los contratos fueron los siguientes: 2017-000044 (enmendado por el 201-000044-A; 2018-000001 y 2019-000020. Este último contrato fue cancelado el 4 de abril de 2019'.

'Los fondos utilizados para pagar las cuantías facturadas por Julia Beatrice Keleher provinieron del presupuesto de la AAFAF, el cual se nutre de asignaciones del Fondo General, así como de ingresos propios generados por la AAFAF a traves de los servicios que presta a otras entidades gubernamentales', afirmó la agencia.

El jueves, la PREF dijo que 'no es nombrado en el pliego acusatorio, ni es mencionado en ningún momento en la acusación. En ningún momento (PREF) ha desembolsado dinero a (AAFAF)'.

Investigaciones periodísticas apuntaron a que PREF --una entidad sin fines de lucro que recibe donativos de organizaciones locales y nacionales y fue creada para promover las iniciativas relacionadas con la educación en Puerto Rico-- contrató a 12 personas para que 'donaran' sus servicios a la agencia pública, y que PREF fue parte del intento infructuoso de Keleher de elevar su salario anual de $250,000 a $400,000 mediante subvenciones de entidades sin fines de lucro.

El esquema que está alegado en el pliego inició cuando Keleher firmó un contrato de arrendamiento con la promesa de comprar un apartamento de dos cuartos en Ciudadela. El acuerdo le permitía ocupar el apartamento hasta el 15 de agosto de 2018 por $1, cuando el valor mensual estimado de ese tipo de apartamentos en el referido complejo asciende a $1,500. Bajo el trato, Keleher suponía comprar el apartamento por $297,500 y recibiría un bono de $12,000 en conexión a esa compra.

Las autoridades presentaron cargos relacionados con conspiración para realizar fraude electrónico, soborno y fraude electrónico.

De ser encontrados culpables, los acusados ??enfrentan posibles condenas de hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico.

Puede leer aquí el pliego acusatorio: