El pliego acusatorio contra la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Beatrice Keleher, implica pero no identifica a cinco empresas y un individuo en el alegado esquema de soborno y conspiración para cometer fraude de servicios honestos. Se trata de compañías y personas que han protagonizado controversias en el pasado o han estado ligados de una forma u otra a la exfuncionaria.

Aquí un bosquejo de los implicados:

Lugares: Escuela Especializada Bilingüe Padre Rufo: una de las primeras en reanudar operaciones tras el paso del huracán María, puesto que en octubre de 2017 el semestre comenzó con 119 de 1,113 escuelas (10%). Localizada en la Calle del Parque, al cruzar la calle del complejo Ciudadela. Ciudadela: complejo de residencias de lujo con cientos de apartamentos para la renta, espacios disponibles para comercios nuevos y otras empresas ya establecidas como el supermercado Pueblo y el gimnasio Planet Fitness.

Individuos:Julia Beatrice Keleher, exsecretaria de Educación. Según la acusación, habría cedido 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo para recibir 'beneficios financieros en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo de apartamentos Ciudadela, en Santurce'.El alegado esquema se concretó cuando Keleher firmó un contrato de arrendamiento de un apartamento de dos cuartos en el complejo de residencias, localizado en Santurce, con la promesa de comprarlo. El acuerdo le permitía habitarlo desde el 7 de junio de 2018 hasta el 15 de agosto de 2018, por $1, pese a que el valor mensual estimado de ese tipo de apartamentos en el referido complejo asciende a $1,500. Bajo el trato, Keleher suponía comprar el apartamento por $297,500 y recibiría un bono de $12,000 en conexión a esa compra. Aunque el acuerdo venció, Keleher permaneció en la residencia hasta que la compró el 4 de diciembre de 2018.Es decir, desde el 7 de junio de 2018 hasta el 4 de diciembre de 2018, Keleher ocupó un apartamento en Ciudadela por $1.Estos beneficios no fueron incluidos por la exsecretaria en sus informes financieros radicados a la Oficina de Ética Gubernamental. Bajo el estatuto vigente, los funcionarios públicos deben informar el recibo de regalos y beneficios valorados en un exceso de $20,000.Del pliego acusatorio también se desprende que, para la Fiscalía federal, Keleher era una servidora pública, pese a que en términos legales y en la narrativa de la Administración de Ricardo Rosselló Nevares, se aludía a que era una contratista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), quien pagaba su salario de $250,000 al año, dirigiendo la agencia.El pliego también señala que Keleher, en su posición, tenía que tomar decisiones con el mejor interés de los puertorriqueños en mente y 'no los suyos o los de sus amigos'.La exsecretaria, quien es representada por la exfiscal federal María Domínguez, se entregó a las autoridades federales en Filadelfia.[naviga:img embed-content-articleid='1157018252' embed-content-groupid='593030471' embed-content-id='1157018252' embed-content-imgalign='none' embed-content-index='0' embed-content-location='input_story-body' embed-content-type='PHOTO' src='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/photo/2020/01/15/be8f067f-e39e-4fec-845a-fda0285a37ac_1579122457582_39794865_ver1.0_640_360.JPG' style='width:100%;']Ariel Gutiérrez Rodríguez, consultor que proveía servicios a dos empresas (identificadas como Compañías A y B en el pliego). Según el documento, se alega que conspiró con Keleher para facilitarle el recibo de beneficios financieros del apartamento a cambio de los terrenos de la escuela. La Fiscalía federal lo identificó como el encargado de esconder esa transacción de soborno. Gutiérrez Rodríguez también creó un borrador de la carta en la que se determinaba la cesión de los predios en la escuela a la empresa encargada de Ciudadela, identificada como 'Compañía C'. Keleher alegadamente recibió ese borrador de la misiva por correo electrónico y le incluyó el encabezado oficial del Departamento de Educación. Posteriormente la firmó y difundió.El pliego le atribuye, además, participación junto a tres empresas en la decisión de otorgarle $12,000 en incentivos a Keleher para adquirir el apartamento, pese a que normalmente esos incentivos no pasan de $5,000.Gutiérrez Rodríguez se declaró no culpable y quedó libre bajo fianza, tras prestar $50,000. Es representado por el abogado Francisco Rebollo.Esta no es la primera vez que el acusado enfrenta las autoridades federales, ya que hace dos décadas resultó convicto por fraude bancario y conspiración en el desaparecido banco Caguas Federal que provocó pérdidas de más de $300 millones al Gobierno federal.En ese entonces, y por casi una década, Lorenzo Muñoz-Franco y Francisco Sánchez-Arán supervisaron un esquema para utilizar ganancias de varios préstamos para propósitos no autorizados por la Junta de Directores del banco. Los préstamos fueron destinados a proyectos de desarrollo de tierras relacionados a empresas de Gutiérrez Rodríguez y que Wilfredo Umpierre-Hernández ayudaba a operar. En muchas instancias, según las opiniones judiciales de ese caso elevado al Primer Circuito de Boston, los individuos utilizaron las ganancias de esos préstamos para pagar préstamos previos a las empresas de Gutiérrez Rodríguez o se sometían certificaciones de construcción para trabajo que no había sido completado, lo que a su vez daba paso al desembolso de fondos.Curiosamente, la hoy abogada de Keleher fue una de las fiscales que representó a la fiscalía federal en el procesamiento de ese caso de fraude bancario.[naviga:img embed-content-articleid='700563587' embed-content-groupid='593030471' embed-content-id='700563587' embed-content-imgalign='none' embed-content-index='0' embed-content-location='input_story-body' embed-content-type='PHOTO' src='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/photo/2018/02/12/2018%20Investment%20Summit%20PR%2042_1518460375432.jpg_10343858_ver1.0_640_360.jpg' style='width:100%;']Nicholas Prouty, identificado como el 'Individuo A'. Es un inversionista neoyorquino que llegó a la Isla en el 2013 como parte de los beneficios de la ley 22, que ofrece exenciones contributivas para que empresarios millonarios establezcan sus negocios en Puerto Rico. Es el director ejecutivo de Putnam LAC Holding, LLC, nombrada como 'Compañía C' en la acusación, y sus entidades relacionadas. Además de Ciudadela, su empresa adquirió la Marina Puerto del Rey en FajardoProuty también presidió otra de las empresas mencionadas en el pliego acusatorio —'Compañía D'— hasta más o menos agosto de 2018.En el 2017, el inversionista fue incluido por el entonces gobernador Rosselló Nevares en el tercer y último subgrupo de trabajo del 'Frente por Puerto Rico', que suponía analizar la reforma contributiva federal y cómo sus cambios afectaban a la Isla.NotiCel contactó a Prouty para una reacción, pero al momento no se ha recibido respuesta.

Empresas:'Compañía A y Compañía B' En ocasiones, el pliego las trata como un conjunto. La primera, Trillion Realty Group, se dedica a comprar, vender, rentar y manejar bienes raíces. Está localizada en el complejo Ciudadela en las mismas oficinas de la 'Compañía B', empresa de consultoría. Ambas compartían a Gutiérrez Rodríguez como presidente en ese entonces.NotiCel contactó a la empresa de bienes raíces para una reacción, pero al momento no se ha recibido respuesta.A ambas se le ata principalmente al incentivo de $12,000 que se alega que Keleher recibió para la compra del apartamento.Putnam LAC Holding, LLC o 'Compañía C' Empresa incorporada el 20 de agosto de 2012 en Puerto Rico, según el Departamento de Estado. Adquirió el espacio que alberga el complejo Ciudadela por $120,000,000. Según el pliego acusatorio, es la empresa que recibiría los 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a cambio del apartamento para Keleher.Puerto Rico Education Foundation (PREF) o 'Compañía D' El pliego acusatorio la posiciona como una que recibió dinero relacionado a este esquema y otorgó dinero a AAFAF, que pagaba el salario de Keleher. A pesar de que el pliego indica que la 'Compañía D' recibió más de $750,000 de Tenacre Foundation (identificada como la 'Compañía E') y a pesar de que tanto la PREF como Tenacre se vieron mencionadas en la escandalosa pretensión de Keleher de que se aumentara su salario usando fondos de estas entidades sin fines de lucro, la PREF intentó desligarse del esquema.En una reacción emitida después de la publicación original de esta nota, la PREF dice que 'no es nombrado en el pliego acusatorio, ni es mencionado en ningún momento en la acusación. En ningún momento Puerto Rico Education Foundation ha desembolsado dinero a Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF, por sus siglas en inglés)'.Investigaciones periodísticas apuntaban a que PREF —una entidad sin fines de lucro que recibe donativos de organizaciones locales y nacionales y fue creada para promover las iniciativas relacionadas a la educación en Puerto Rico— contrató a 12 personas para que 'donaran' sus servicios a la agencia pública, así como haber pagado el sueldo de la ayudante de Keleher en Educación. Además, la PREF fue parte del intento infructuoso de Keleher de elevar su salario anual de $250,000 a $400,000 mediante subvenciones de entidades sin fines de lucro.PREF 'es una organización sin fines de lucro 501c3 organizada bajo las leyes de Puerto Rico. La fundación nace a raíz de la necesidad de contribuir a la educación de la niñez de Puerto Rico. La Fundación de Educación de Puerto Rico es una organización independiente dirijida por Enid Reyes, directora ejecutiva y una Junta de Directores. Todo desembolso que hace la fundación se realizan en cumplimiento de los requisitos de las leyes federales y locales para organizaciones sin fines de lucro establecidas bajo la sección del IRS, 501c3', continuó la entidad.La empresa fue incorporada por Prouty, el empresario Cyril Meduña y el excandidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre. Este último también rechazó conocer que la empresa estuviera atada al esquema, a toda vez que afirmó que no ha sido contactado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).'En los pliegos de incorporación, yo sin ninguna reserva incluí mi nombre. Si una fundación va a trabajar con la educación de una forma clara, limpia y efectiva, yo la apoyo. […] En mi período como Presidente, que transcurrió desde noviembre 2018 hasta febrero 2019, pongo mis manos en la Biblia de que ahí no pasó nada indebido', expresó Cidre.'Ese tema [la cesión de terrenos de la escuela] nunca en la vida se tocó en la reunión [de la Junta de Directores]. Si eso es como pinta la noticia, eso es un bochorno, es decepcionante. Puedo asegurarte que ante la Junta de Directores en reuniones delante de mí nunca se habló', añadió el también empresario.Tenacre Foundation o 'Compañía E' Organización sin fines de lucro con base de fe, creada en Nueva Jersey, a la cual se le atribuye otorgarle $750,000 a la 'Compañía D' entre 2017 y 2018 para 'promover sus metas educativas en Puerto Rico', que incluían un interés en la educación preescolar hasta el grado 12.En noviembre de 2017, ejecutivos de la entidad fueron recibidos en La Fortaleza por Rosselló Nevares junto a Keleher.[naviga:img embed-content-articleid='1157131698' embed-content-groupid='593030471' embed-content-id='1157131698' embed-content-imgalign='none' embed-content-index='0' embed-content-location='input_story-body' embed-content-type='PHOTO' src='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/photo/2020/01/17/tenacre%20foundation%20fortaleza%20rossello%20keleher_1579240346861.jpeg_39799006_ver1.0_640_360.jpg' style='width:100%;']

Para leer el pliego acusatorio, pulse aquí.[naviga:img embed-content-articleid='1157001248' embed-content-groupid='593030471' embed-content-id='1157001248' embed-content-imgalign='none' embed-content-index='0' embed-content-location='input_story-body' embed-content-type='FILE' height='240px' src='/wp-content/themes/noticel/images/pdf.svg' style='width:100%;' width='360px']*Editada para incluir declaraciones de la Puerto Rico Education Foundation.