La controversia que se generó en 2017 por el hecho de que la secretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, realmente no era 'secretaria' en el sentido tradicional sino que era una contratista de la Autoridad de Asesoramiento Financiero y Agente Fiscal (AAFAF) tiene línea directa con el pliego acusatorio presentado ayer por la fiscalía federal, el segundo que le someten a Keleher.

El delito general por el que fueron acusados Keleher y el desarrollador, convicto por fraude bancario, Ariel Gutiérrez Rodríguez, es conspirar para cometer 'fraude en servicios honestos'. Lo que esto significa no está definido muy claramente en los códigos y ha tenido que ser interpretado por el Tribunal Supremo federal, particularmente en un caso de 2010 que involucró al exCEO de Enron, Jeffrey Skilling, y en el que se limitó la aplicación del delito a aquellas instancias en que se ejecuta un esquema de sobornos. Es decir, el funcionario se involucra en sobornos para ejecutar una responsabilidad de su cargo que debió ser ejecutada sin mediar pago o regalía más allá de su salario.

La teoría de la fiscalía federal es que, al aceptar unas condiciones supuestamente favorables para Keleher en la compraventa de un apartamento en Ciudadela (como pagar solo $1 de renta durante seis meses y recibir un descuento de $12,000 en el precio al comprarlo), se concretó un soborno para que la funcionaria actuara en la concesión de un terreno de la Escuela Especializada Bilingüe Padre Rufo en Santurce a esos mimos empresarios con los cuales hizo el negocio del apartamento.

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Pero, ¿era Keleher una funcionaria o una contratista? y ¿esto importa?

Ahí es que la controversia de 2017 viene a rebotar hoy, tres años después.

En lo que en su momento se podía interpretar como una postura que favorecía a Keleher y a la Administración Rosselló, la exdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, concluyó a principios de cuatrienio que aunque se le pagara mediante un contrato como Principal Oficial de Transformación e Innovación en Educación, Keleher era una 'servidora pública' a la que le aplicaba la Ley de Ética y estaba bajo la jurisdicción de su oficina. Lo importante eran los deberes que tenía, no de dónde se le pagaba su salario anual de $250,000. Este principio degeneró en su propia discusión cuando, poco antes de su salida del cargo en abril de 2019, Keleher intenta tramitar un aumento de sueldo con la idea de que el aumento lo cubriría la Puerto Rico Education Foundation (PREF) que, de hecho, también está inmiscuida en el nuevo caso, aunque no aparece nombrada.

Estar bajo la jurisdicción de la OEG implicaba la necesidad de observar las prohibiciones de conducta antiética y la obligación de someter informes financieros.

Son esos dos criterios los que amarran la acusación contra Keleher. El pliego acusatorio cita dos incisos de la Ley de Ética que la funcionaria habría violado (el 4.2 sobre no participar en asuntos que impliquen un conflicto de interés y un beneficio para ella y el 4.3 sobre no mantener relaciones con personas privadas que impliquen un conflicto de interés con sus funciones o un beneficio para sí) y además, la acusación sostiene que Keleher debió reportar en sus informes financieros el beneficio que recibió de los dueños de Ciudadela al ocupar el apartamento mediante renta de $1 mensual y al honrársele un incentivo de compra o descuento en el precio por $12,000 en la transacción de 2018.

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'Por virtud de su posición, (Keleher) estaba requerida a tomar decisiones en el mejor interés de la gente que reside en Puerto Rico, sin consideración a su ganancia personal o la de sus amigos', declara el pliego acusatorio, el segundo que se le presenta a la exfuncionaria. El primer caso involucró a otros funcionarios de la Administración Rosselló en esquemas que se unían por alegaciones de violación de ley en contrataciones de la firma de consultoría BDO.

Si el caso llega a juicio, parte de la prueba en contra de Keleher de seguro sería el hecho de que no solamente asistió a talleres de la OEG, como cualquier otro funcionario, sino que hizo consultas específicas a esa oficina sobre su condición particular, según confirmó Rosario en ese momento.

La fiscalía federal no acusó a Keleher bajo la Ley de Ética, una ley estatal cuya ejecución recae en las autoridades estatales, pero, para todos los efectos, fueron violaciones a la Ley de Ética las que armaron el caso en su contra.

Esto añade un nuevo tipo de impugnación a la efectividad de las autoridades locales en contra de la corrupción. Ya no es que los federales arman casos con leyes federales para arrestar a funcionarios locales, también es que los arman usando las leyes locales que se supone que el gobierno estatal ponga en vigor.

A juzgar por el pliego, la única evidencia que usaron los federales para construir el caso que no estaría tan fácilmente disponible para las autoridades locales fueron intercambios de correos electrónicos entre Keleher, Gutiérrez y otros participantes no acusados.

El desarrollo de este caso puede tener repercusiones para esa estrategia de llenar puestos con personas contratadas, lo cual hizo también la Administración Rosselló cuando puso a Héctor Pesquera el frente de la Policía bajo un contrato similar al de Keleher y la Administración García Padilla con la exsecretaria de Salud, Ana Rius.

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Si su status de contratista no le eximen de los requisitos de la Ley de Ética, y de procesamiento local o federal por sus violaciones, se reduce la ventaja entre el contrato y el puesto tradicional.

No directamente relacionado, pero considerablemente interesante, es un detalle que contiene el comunicado de prensa mediante el cual el jefe de fiscalía federal, Stephen Muldrow, divulgó la nueva acusación ayer.

Como es usual, el comunicado contiene una cita del jefe de la oficina local del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Douglas Leff. Lo que no es tan usual, fue la selección de palabras que hizo Leff, quien está próximo a dejar su cargo por haber sido relocalizado a la oficina central del Negociado en Washington DC.

El funcionario que hizo el famoso ofrecimiento de 'darle pon' a la cárcel a los funcionarios corruptos dijo que 'seguiremos llevando (a los corruptos) a la corte federal'. 'Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y es uno que pretendemos mantener en los años venideros', concluyó.

Para leer el pliego acusatorio, pulse aquí.