Durante la vista preliminar, el abogado del alcalde suspendido de Mayagüez, persiguió la estrategia de resaltar que ninguno de las decenas de alcaldes a los que se le ha señalado mal uso de una asignación legislativa ha sido procesado criminalmente.

En su contrainterrogatorio a una funcionaria de la Oficina del Contralor, la defensa del suspendido alcalde popular de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, se concentró en establecer que ningún otro alcalde ha sido acusado por usar indebidamente una asignación legislativa de fondos, aunque decenas de ellos han sido señalados por eso en auditorías de la Contraloría.

Wanda J. Said Pérez, ayudante ejecutiva de la Contralora, es la testigo principal de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), en la vista preliminar contra Rodríguez Rodríguez y la todavía jefa de Finanzas del municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrades, por cargos de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por haber tramitado en 2016 que $9 millones asignados por la Legislatura para la construcción de un Centro de Trauma fueran usados, en vez, para una inversión en el mercado financiero que resultó ser fraudulenta.

Cinco personas se declararon culpables, y dos fueron convictos por un jurado, a nivel federal por su participación en el esquema para desviar el dinero “invertido” hacia su uso personal. Pero esa conspiración no incluyó al alcalde suspendido, quien era la mayor autoridad en el municipio, de donde salieron los $9 millones, y también era la mayor autoridad en la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), corporación municipal que recibió el dinero y lo colocó como inversión en una de las empresas involucradas en el esquema federal.

A preguntas de la fiscal Leticia Pabón Ortiz, Said Pérez había establecido que fue una violación de ley el que los acusados usaran el dinero para una inversión financiera en vez de para las obras del Centro de Trauma ya que esas obras eran el propósito para el cual la Legislatura había asignado el dinero al municipio.

Por su parte, en el contrainterrogatorio, el licenciado Harry N. Padilla Martínez, llevó a la testigo a leer de dos resoluciones de la Legislatura Municipal de Mayagüez en la que se dice que tanto el municipio como MEDI fueron “víctimas inocentes” de los acusados federales. Ese cuerpo legislativo municipal está controlado políticamente por Rodríguez Rodríguez.

Además, el abogado pretende introducir 43 informes de la Oficina del Contralor en los que supuestamente a otros alcaldes se le hizo un señalamiento similar de uso no autorizado de fondos asignados por la Legislatura, pero que no fueron procesados. Padilla Martínez había presentado los mismos informes en la etapa de determinación de causa para arresto, pero esto no evitó que se hallara causa para arresto a Rodríguez Rodríguez.

“Este es el primer caso de un alcalde que lo procesan criminalmente por una conducta que a otros alcaldes no los han acusado… esa misma conducta se ha hecho en Puerto Rico antes del 2016 y después del 2016 y aquí están los informes y a nadie se le ha acusado”, le dijo Padilla Martínez al juez Héctor López Sánchez al intentar que se le permitiera hacer preguntas a la testigo sobre el trámite que tuvieron los demás casos. “Este señor ha descansado en lo que la Oficina del Contralor ha estado haciendo un montón de años”, subrayó.

El fiscal Emilio E. Aril García le ripostó que le faltaron tres porque son 46 los informes en los que se señala esa conducta, pero que “el hecho de que haya 46 ilegalidades no hace esta legal”. “Cambiarle el uso a fondos asignados por la Asamblea Legislativa es ilegal”, reiteró.

La testigo le precisó a Padilla Martínez que personalmente ha trabajado en tres informes en los que hubo referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental por el señalamiento de uso ilegal de fondo asignados por la Legislatura. Uno en el municipio de Lares, otro en el de Vega Alta y otro en la oficina del fenecido exsenador popular del distrito de Ponce, Modesto Agoto Alicea, y que en este último sí hubo procesamiento criminal de dos empleadas.

Otra parte del argumento de defensa es que si el municipio recuperó el dinero, entonces no hubo delito. Lo cual Padilla Martínez ilustró en el pasillo del tribunal al decirle a la prensa que si a alguien se le pierde una vaca y al otro día la encuentra, entonces nunca estuvo perdida sino solo extraviada.

La Cámara de Representantes tiene aprobada una resolución investigativa sobre las transacciones de los últimos 10 años en los que se hayan transferido activos municipales a través de empresas corporativas municipales con fines de lucro, como fue el caso de MEDI, pero ya cumple dos años sin que hagan nada para completar dicha pesquisa.

La vista sigue el 2 y 3 de noviembre.

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