Director médico de la Administración de Servicios Médicos, Israel Ayala, también destacó que los costos aumentan por los programas académicos, la complejidad de los casos y el personal especializado.

El director Médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Israel Ayala, aseguró que la raíz de la crisis económica del Centro Médico es la “ficción presupuestaria” que sufre, al margen de que los costos aumentan significativamente por los programas académicos, la complejidad de los casos y el personal especializado.

Ayala, en compañía de la directora de la División Legal de la ASEM, Michelle Agostini, se presentó ante la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Rubén Soto Rivera, para dar un diagnóstico del crítico escenario económico del principal núcleo hospitalario del Estado y como parte de la resolución 146, que ordena una investigación sobre la prestación de servicios de salud en Puerto Rico ante la crisis que experimenta el sector.

El funcionario dijo que desde que se implementó la Reforma de Salud en 1993, el modelo económico del Centro Médico “cambió por completo” y sostuvo que a partir de ese momento “se creó la ficción presupuestaria de que las pocas facilidades de salud que quedaron en las manos del gobierno debían generar sus propios ingresos”.

“Desde entonces, los presupuestos anuales de la ASEM dejan en manos de las facilidades la tarea de generar sus propios ingresos, bajo la abstraída idea de que, si un hospital en manos privadas genera ingresos y es una operación rentable, lo mismo deben hacer los hospitales del gobierno. De entrada es imperativo reiterar que esta ficción presupuestaria es la principal crisis económica que sufren nuestras facilidades”, manifestó.

El Centro Médico exhibe un déficit de cerca de $478 millones y factura $49 millones, aunque solo recuperan $16, se informó en la audiencia pública.

Ante la situación, el director Médico, quien se presentó en lugar de Jorge Matta González, quien había sido citado so pena de desacato tras ausentarse de la audiencia pública pasada, enfatizó en el hecho de que los centros asistenciales dependientes de la ASEM deben asumir más de una treintena de programas académicos de residencias de especialidades y subespecialidades y que, por tanto, “son hospitales de enseñanza médica”, lo que “en ocasiones” incrementa el costo operacional en más del 30%.

“Esto quiere decir que el Centro Médico cuesta por lo menos 30% más caro operarlo que cualquier otro hospital de la periferia y ese 30% nunca ha sido considerado en nuestro presupuesto”, acotó.

Subrayó asimismo que otro elemento que abona a la crisis económica del Centro Médico “es la complejidad de los casos que se atienden” y puso como ejemplo el trauma, “considerada como una condición de salud prevenible que representa ser la principal causa de muerte en pacientes desde un día de vida hasta los 40 años. Se trata de la principal causa de muerte en las primeras cuatro décadas de vida y en Puerto Rico solo tenemos un hospital de trauma localizado en el Centro Médico de Río Piedras. Y el manejo del trauma, en cualquier país, es una operación onerosa, que representa pérdidas económicas cuantiosas recurrentes”.

A la lista de problemas, agregó que el Centro Médico y las otras instituciones hospitalarias públicas “atienden a todas las personas que acuden a nuestras salas de emergencia sin distinción de capacidad de pago” y, además, “tienen que incurrir en gastos adicionales sustanciales” para estar preparados ante emergencias como un huracán, terremoto o situaciones como la pandemia del covid-19.

No fue todo: el director Médico de la ASEM sumó “la enorme cantidad de dinero” que implica mantener personal especializado, como cirujanos generales, de trauma, ortopedas, orales y maxilofaciales, plásticos, vasculares, así como neurocirujanos, anestesiólogos, urólogos, oftalmólogos, neumólogos, obstetras….

“El costo operacional de profesionales y equipos especializados tiene que incurrirse todos los días, antes de que se pueda facturar por un servicio al primer paciente atendido cada día. Ese costo operacional es mucho mayor a la cantidad que puede generar por ingresos propios el Centro Médico”, declaró.

En cuanto a las aseguradoras, Ayala se limitó a afirmar que “no tenemos poder de negociación y por eso es que abusan de eso".

Mientras, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Edna Marín Ramos, indicó a los miembros de la Comisión en una ponencia que “reconociendo la difícil situación económica que enfrentan los proveedores de servicios de salud que prestan servicios al plan Vital, desde mediados del mes de mayo se han destinado los recursos disponibles para lograr el pago a los proveedores, por parte de las aseguradoras contratadas bajo el plan Vital”.

“El gobierno federal ha ido estableciendo unas tarifas mínimas de pago a los proveedores (ejemplo: 70% Medicare Fee Schedule a los especialistas), lo cual por contrato se fijará en 80% a partir del 1 de enero de 2023, fecha en que también comenzará a regir la guía de pago mínimo al médico primario”, añadió.

La funcionaria adelantó que la ASES, en las próximas contrataciones (a partir de enero de 2023), se propone incrementar en 5% adicional las tarifas a los hospitales.

Asimismo, informó que se comenzará con la fiscalización de los recursos financieros y su distribución a los proveedores de salud.

El pasado 6 de septiembre, el Colegio de Médicos Cirujanos y la Unión General de Trabajadores (UGT) volvieron a poner a las aseguradoras en la mira durante una audiencia pública de la Comisión de Salud del Senado, que evaluó la resolución 146, que ordena una investigación sobre la prestación de servicios de salud en Puerto Rico ante la crisis que experimenta el sector.

El presidente de la UGT, Gerson Guzmán, reclamó, en primera instancia, que dada la existencia de la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “este cuerpo legislativo tiene que declarar la salud como servicio esencial y actuar consecuentemente con esta declaración”.

“No podemos seguir poniéndole ‘precio’ a la salud”, dijo.

El sindicalista, entonces, pasó a criticar a la Comisión por un hecho “sorprendente”: que no se mencione, “en forma directa e inequívoca, a las aseguradoras y sus abusivas prácticas conducentes a mantener sus millonarios ingresos y ganancias, aunque eso signifique la crisis económica de proveedores”.

“La privatización, o mejor dicho la comercialización de nuestro sistema de salud y el control sobre dicho modelo que han generado las compañías aseguradoras, han demostrado, como en el caso de LUMA Energy, ser un total fracaso. Los mismos efectos agravantes que se le adjudican al ente privatizador de la energía eléctrica, son los mismos que, agravados y con efectos más visibles, se le pueden adjudicar a las llamadas aseguradoras de salud”, manifestó.

En tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, en una ponencia sometida (no pudo comparecer entonces, pero sí lo hizo hoy) comentó que “la salud no es un bien de consumo” ni un “privilegio”, tras lo cual consignó que “es un derecho fundamental, que no solo debe ser reconocido por el Estado, sino que tiene que ser viabilizado por políticas públicas que lo reconozcan como tal”.

Opinó que “médicos y pacientes seguimos en estado de indefensión frente a las aseguradoras médicas. Lamentablemente, todas nuestras iniciativas para regular la relación contractual entre aseguradoras y proveedores terminan siendo infructuosas, aún cuando son aprobadas en una o ambas cámaras”.