Dos organizaciones y un centro abortivo, que rechazaron cuatro de los cinco proyectos que se evalúan en la Cámara relacionados con la interrupción del embarazo, solicitaron protección.

La audiencia pública sobre cinco proyectos que se evalúan en la Cámara y que tienen relación con el aborto comenzó hoy con una declaración pública conjunta de dos organizaciones y un centro abortivo que pidieron seguridad para quienes acudan a deponer a la legislatura, ante hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre en el Capitolio, en el que asistentes “fueron objeto de humillación, confrontación y utilización pública y perversa de sus imágenes en las redes sociales”.

La vista de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por Orlando Aponte Rosario, comenzó con una declaración acordada por Frances Collazo Cáceres, de Pro Familia, Amarilis Pagán, del proyecto Matria; y Tania Rosario, de Taller Salud.

“Solicitamos a esta comisión que se posicione hacia la cero tolerancia de persecución política o su intento hacia las deponentes, sus organizaciones representadas y profesionales y servicios que provean servicios de aborto”, dijeron.

Añadieron que “esta petición no proviene de un vacío”, sino que “tan reciente como el jueves pasado (1 de septiembre) profesionales de la salud fueron objeto de humillación, confrontación y utilización pública y perversa de sus imágenes en las redes sociales. Solicitamos que los derechos de las personas que defienden el aborto sea garantizados”, ante lo cual Aponte Rosario respondió que “así será” y adelantó que de ser necesario escoltas a los deponentes “así se podrá hacer”.

Recordó que “en ese momento estábamos en sesión y algunas personas se acercaron en esa actitud, ya se dio directriz a ujieres; nadie se les puede acercar con actitud hostil ni amenazante. Tampoco personas que no estén legitimadas no pueden estar tomando fotografías o videos”.

Tras la petición de seguridad concedida y la advertencia de rigor, la vista prosiguió y Pagán resumió la postura de la organización que encabeza: “Sobre el proyecto 1403, es un reconocimiento expreso del cuerpo legal, donde se reconoce el derecho al aborto, una política pública que reconoce que las mujeres pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos”, por lo que expuso que lo endosaba.

Mientras, en torno a las medidas 1410, 715, 693 y 1084, la también abogada, opinó que “imponen limitaciones al derecho al aborto y están alejados de los derechos humanos”.

Para Rosario, “no existe vacío ni necesidad de legislar límites”, por eso también rechazó los cuatro proyectos.

La representante Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad, antiabortista declarada, dirigió sus dardos a las clínicas abortivas y comentó que “no hacen evaluación previa ni de las condiciones preexistentes de las mujeres. Es un resuelve como puedas. Me preocupa mucho de que se hable de protección y derecho de la mujer, cuando muchas clínicas tienen irregularidades”.

Acto seguido, y dirigiéndose a Aponte Rosario, informó que “hicimos llegar copia de un documento confidencial, y así le vamos a pedir que lo mantenga, porque fue una data que se nos suministró a nosotros en la legislatura, para que usted pueda tener también esa información de las irregularidades que se encontraron en las clínicas”.

Las medidas que se analizan

Proyecto de la Cámara 715: busca enmendar el Código Penal, a los fines de establecer que constituirá asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto. También busca disponer que, de configurarse esta modalidad de asesinato, se entenderá que el victimario ha cometido un doble delito, a saber, uno contra la mujer embarazada y otro contra el niño o la niña por nacer.

Proyecto de la Cámara 1084: pretende crear la “Ley del Latido Cardíaco del no Nacido en Puerto Rico”. Se busca prohibir que un médico realice un aborto luego de la detección de latido cardíaco fetal.

Proyecto de la Cámara 1403: tiene como meta establecer la “Ley para la Protección de los Derechos reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”. El objetivo es codificar la doctrina relativa al aborto al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico y reafirmar que la terminación de un embarazo es un servicio de salud esencial que forma parte del derecho humano a la salud.

Proyecto de la Cámara 1410: Busca disponer la convocatoria a un referendo para que la población exprese si desea reconocer el derecho a la vida del concebido y de igual manera reafirmar el derecho a la vida de la madre, lo cual deberá ser garantizado, defendido y reivindicado en leyes que deberán prohibir el aborto, a menos que no se pueda proveer de otro modo la salvación de las dos vidas; o, por el contrario, si desea reconocer los derechos sexuales y reproductivos de todo ser humano, afirmando que el aborto será en Puerto Rico legal e irrestricto, siguiendo los estándares médicos aceptables.

Proyecto del Senado 693: para establecer la “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad”. La medida busca restringir el derecho al aborto desde las 22 semanas en adelante.