El titular de la agencia, Lorenzo González Feliciano, alertó que cuatro leyes que afectan directamente a la agencia entran en vigor próximamente.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, denunció ayer la práctica normalizada en la Isla de aprobar leyes sin presupuesto.

Durante la vistas de transición del gobierno, González Feliciano alertó a la nueva administración de cuatro leyes nuevas que entrarán en vigor próximamente y que afectarán a la agencia.

“Sabemos que en Puerto Rico generamos legislación pero no hay presupuesto adjudicado”, apuntó.

No ofreció el número total de las leyes durante su presentación oral, pero en la ponencia escrita consignó que durante el periodo del 2017 al 2020 “se identificaron 126 estatutos legales que impactan directamente” la función del Departamento de Salud.

“Hay leyes para el Departamento de Salud, las cuales no tienen presupuesto. Pero más importante las que no tienen reglamento aprobado en Puerto Rico. Hay trabajo jurídico que hacer”, señaló.

Las leyes en cuestión son: la Ley para establecer el derecho al cuidado prenatal, parto y postparto para embarazadas médico-indigentes en Puerto Rico, la Ley especial para asegurar el acceso al tratamiento y diagnóstico de los pacientes de cáncer en Puerto Rico, la Ley de protección ante las facturas médicas sorpresa y la Ley que aprobó el aumento a las enfermeras del sistema público.

Explicó que la Ley para el cuidado prenatal para embarazadas médico indigentes surgió como una iniciativa durante su primer turno al bate en Salud, pero que tras su salida en la agencia el proyecto pereció.

González Feliciano regentó la Secretaría de Salud durante la administración de Luis Fortuño Burset, del 2009 al 2013.

“En este ciclo se vuelve a aprobar y se trae como Ley, pero desafortunadamente no tiene presupuesto adjudicado y no se puede adjudicar a Medicaid. Al día de hoy, necesita reglamento y presupuesto”, afirmó.

“Cada vez que se añade una responsabilidad adicional al programa Vital implica un financiamiento adicional sino viene del fondo estatal, tiene que venir del fondo general. Así que una vez una ley que hace mucha razón tiene que ser discutida en el contexto del impacto fiscal y cómo se va a subsanar si se pasa a Vital”, agregó sobre el estatuto para pacientes de cáncer.

El gobierno subvenciona la cubierta de salud estatal con fondos federales de Medicaid, que ayer el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, Jorge Galva, señaló se encuentra ante un precipicio fiscal.

En el caso de la medida para mejorar la compensación a las enfermeras, indicó que ese aumento se sufraga actualmente con fondos del Cares Act que no estarán disponibles el año próximo.

“Tenemos enfermeras que se han matado por Puerto Rico y en la pandemia del Covid han dado cátedra” apuntaló para resaltar la necesidad de atender este asunto con urgencia.

Acciones judiciales

Pero además de los desafíos de las nuevas obligaciones que no vienen acompañadas de presupuesto, el Departamento de Salud encara acciones judiciales que estrangulan sus recursos. Salud tiene 191 acciones judiciales pendientes, según los datos que ofreció durante la audiencia pública, que se celebra en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

González Feliciano identificó el pleito federal que mantiene en moratoria al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual.

“En el 2009 cuando llego llevaba diez años con un monitor que llegaba a Puerto Rico cobraba $350,000. Estuvo 10 años y nunca se generó un reporte escrito de ese proceso de monitoreo. En el 2009, retomamos ese esfuerzo y removimos el monitor”, comentó.

“Ahora está en sindicatura otra vez. Tiene $45 millones. Es triste decir que el monitor cobra $1.5 millones y la entidad que representa al Departamento de Salud también cobra $1.5 millones que es 7% del total del presupuesto de $45 millones para litigios, cuando podemos utilizarlo para insertar pacientes nuevos en ese proyecto”, agregó.

Por designación del juez federal Gustavo Gelpí, el licenciado Alfredo Castellanos funge como comisionado especial de este caso, mientras que el bufete McConnell Valdés representa a la agencia.

“Es un proyecto que tenemos sacar de moratoria y de sindicatura, que tiene que retomar el Gobierno de Puerto Rico, reconociendo que el Gobierno tiene la capacidad de manejar ese proyecto”, aseguró.

También queda pendiente un litigio de los centros 330 o los centros de salud primarios federal, que demandaron por discrepancias con una fórmula de pago.

“Eso está bajo consideración del juez Gelpí. Tiene un golpe judicial que no está presupuestado de $78.8 millones. Esto es un pago que se hace ‘quaterly’. Son 14 centros a través de la Isla. Son $19 millones cada 3 meses, para totalizar los $78.8 millones”, precisó.

Además, queda sobre la mesa una reclamación relacionada a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Adjuntas y Loíza, que operaron un tiempo durante el cuatrienio sin licencia, y ahora la Oficina del Inspector General requirió la devolución del dinero facturado.

“El golpe directo es de sobre $550,000, pero el golpe en términos de multa puede ser entre $10,000 a $20,000 por incidente. Hay sobre 220 incidentes así que el golpe puede ser entre $20 y 40 millones en ese caso judicial”, apuntó.

Señaló que Salud realizó una oferta de $550,000, que constituye el monto de los servicios facturados indebidamente, pero que todavía no ha recibido respuesta del gobierno federal.