El Negociado de Energía aprobó un incremento de 9.5% programado para entrar en vigor en enero de 2025.

La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), la doctora Rosa Castro, hizo un llamado al Negociado de Energía para que excluya a los hospitales del aumento del 9.5% en la tarifa eléctrica, programado para entrar en vigor en enero de 2025.

"Este incremento tendrá un impacto devastador en las instituciones de salud, que ya enfrentan una crisis financiera sin precedentes, poniendo en peligro su sostenibilidad y, más importante aún, la vida de los pacientes que dependen de ellas. No todo se debe ver con una mirada financiera y la óptica debe ser más amplia", advirtió Castro en una comunicación escrita.

“Esto no es solo un tema financiero, es un asunto de vida o muerte. Los hospitales no pueden seguir siendo castigados con aumentos desproporcionados mientras luchamos por mantener las puertas abiertas y ofrecer servicios de calidad. Somos instituciones esenciales que salvan vidas, y cualquier impacto negativo sobre nuestra operación afecta directamente a nuestros pacientes y comunidades”, agregó.

LUMA Energy sometió ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) los factores trimestrales para el ajuste en el costo del combustible (FCA) y el cargo por compra de energía (PPCA), lo cual podría traducirse en un alza de aproximadamente 2.3 centavos por kilovatio-hora en la factura promedio de los clientes residenciales.

"Este aumento será uno millonario anualmente para los 135 hospitales y 79 Sala de Emergencias que tiene la isla. A esto le suma que en los últimos años, hemos visto un preocupante aumento de hospitales que se ven obligados a declararse en reorganización, cerrar sus puertas o implementar medidas extremas de reestructuración, incluyendo despidos masivos de empleados. Estas acciones no solo reducen el acceso a servicios de salud, sino que también afectan la economía y la estabilidad social de nuestras comunidades", explicó Castro.

"El incremento en la tarifa eléctrica agravará una situación financiera ya insostenible para los hospitales, quienes además enfrentan: Altos costos operativos por inflación y el reemplazo de equipos dañados debido a apagones y fluctuaciones eléctricas. Incrementos salariales exigidos por ley y la necesidad de invertir en beneficios para retener y reclutar profesionales de la salud. La carga de mantener operaciones continuas bajo una estructura de costos crecientes. Las alto estándares de calidad y marco regulatorios del Departamento de Salud y gobierno federal", apuntó.

El Colegio de Administradores de Servicios de Salud solicita al Negociado de Energía eximir a los hospitales del aumento de 9.5% y de cualquier aumento futuro y, además, otorgar a los hospitales el mismo descuento en tarifas eléctricas que actualmente se brinda a los hoteles.

“Es inconcebible que los hospitales, que son pilares fundamentales de nuestras comunidades, estén siendo tratados con las mismas reglas que sectores comerciales”, sostuvo Castro.

"Reconocemos la importancia del turismo y otros sectores estratégicos, pero los hospitales cumplen una misión irremplazable: salvar vidas. El apoyo al sector salud debe ser prioritario en cualquier política pública", añadió.

LUMA enfatizó que el ajuste no está relacionado con sus operaciones ni con algún cambio implementado directamente por ellos, ya que la compañía no controla la generación ni los costos del combustible, y tampoco se beneficia del aumento en las tarifas.

“El acceso a servicios de salud de calidad es un derecho fundamental y no puede seguir siendo comprometido por decisiones que no toman en cuenta nuestra misión esencial”, enfatizó Castro.

"Solicitamos audiencia al Negociado de Energía y los exhortamos a actuar con sensibilidad y responsabilidad, reconociendo que la sostenibilidad de los hospitales es indispensable para el bienestar y la seguridad de nuestra sociedad", concluyó la presidenta del CASS.

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