Ante proyecto sobre la prestación de los servicios de salud que se evalúa en el Senado, tanto el sindicato como el gremio reiteraron sus críticas por la "comercialización" del sistema.

El Colegio de Médicos Cirujanos y la Unión General de Trabajadores (UGT) volvieron a poner a las aseguradoras en la mira durante una audiencia pública de la Comisión de Salud del Senado, que evaluó la resolución 146, que ordena una investigación sobre la prestación de servicios de salud en Puerto Rico ante la crisis que experimenta el sector.

El presidente de la UGT, Gerson Guzmán, reclamó, en primera instancia, que dada la existencia de la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “este cuerpo legislativo tiene que declarar la salud como servicio esencial y actuar consecuentemente con esta declaración”.

“No podemos seguir poniéndole ‘precio’ a la salud”, dijo.

El sindicalista, entonces, pasó a criticar a la Comisión por un hecho “sorprendente”: que no se mencione, “en forma directa e inequívoca, a las aseguradoras y sus abusivas prácticas conducentes a mantener sus millonarios ingresos y ganancias, aunque eso signifique la crisis económica de proveedores”.

“La privatización, o mejor dicho la comercialización de nuestro sistema de salud y el control sobre dicho modelo que han generado las compañías aseguradoras, han demostrado, como en el caso de LUMA Energy, ser un total fracaso. Los mismos efectos agravantes que se le adjudican al ente privatizador de la energía eléctrica, son los mismos que, agravados y con efectos más visibles, se le pueden adjudicar a las llamadas aseguradoras de salud”, manifestó.

Para ejemplificar el poder de las aseguradoras, Guzmán dijo que pueden “restringir el acceso a pruebas diagnósticas, la intervención en la relación médico-paciente, el control de qué medicamento y en qué cantidad se prescribe, diferir tratamientos, limitar tratamientos especializados, el control de los días en que el paciente puede estar hospitalizado…”.

El presidente de la UGT propuso, frente a la crisis de salud que atraviesa el país, un sistema universal de salud y otro de pagador único, “que cubra las necesidades de salud básicas".

A su vez, enfatizó ante ante el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera, en la necesidad de que se aumente el salario de los trabajadores de salud.

En tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, en una ponencia sometida (no pudo comparecer) comentó que “la salud no es un bien de consumo” ni un “privilegio”, tras lo cual consignó que “es un derecho fundamental, que no solo debe ser reconocido por el Estado, sino que tiene que ser viabilizado por políticas públicas que lo reconozcan como tal”

Opinó que “médicos y pacientes seguimos en estado de indefensión frente a las aseguradoras médicas. Lamentablemente, todas nuestras iniciativas para regular la relación contractual entre aseguradoras y proveedores terminan siendo infructuosas, aún cuando son aprobadas en una o ambas cámaras”.

“Confiamos en que esta legislatura reconozca a la salud como un servicio esencial apremiante, que debe ser tutelado por el Estado”, afirmó, al tiempo que advirtió que “si no se legisla para proteger a proveedores y médicos en la relación contractual con las aseguradoras, la situación será la misma, pues estas se quedarán con el dinero y no llegara al servicio directo”.

Para Díaz Velez, “el modelo hay que cambiarlo, el modelo se agotó, no sirve. La legislatura tiene que distinguir que en relación con las aseguradoras, existen desigualdades muy profundas que deben ser corregidas mediante legislación”.

Detalló que “los médicos no tenemos libertad de contratación cuando el modelo nos exige prestar servicios como proveedor a una aseguradora como única alternativa a quedar desposeídos y sin empleo”.

Además, subrayó que las limitaciones en cubiertas “son cada vez más asfixiantes y las arcas de las aseguradoras son cada vez más abundantes".

El portavoz del Colegio pidió legislar “para que los contratos entre proveedores y aseguradoras no puedan ser enmendados o cancelados mediante meras cartas circulares de naturaleza unilateral. También hay que legislar para obligar a las aseguradoras a que, mediante estudios actuariales, revisen las tarifas que pagan a los proveedores de servicios de salud, el sistema público y el privado que representa el 60 por ciento de la población”.