Denuncian que la agencia recomendó a la Gobernadora vetar un proyecto que forma parte del paquete de medidas de salud que la propia Mandataria endosó al convocar la Sesión Extraordinaria.

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron a inicios de mes una medida que prioriza el criterio médico a la hora de despachar medicamentos y requiere a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera para que el paciente no se quede sin medicamentos mientras se tramita su receta.

Actualmente, la medida espera por la firma del presidente de la Cámara baja, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, quien se encuentra en cuarentena tras contagiarse con COVID-19. Luego pasará para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Pese a que el proyecto se encuentra en tránsito, la Administración de Seguros de Salud (ASES) recomendó vetar la medida que forma parte del paquete de proyectos que la propia gobernadora Wanda Vázquez Garced endosó al anunciar el mes pasado la convocatoria a la Sesión Extraordinaria, que ya culminó sus trabajos.

Las principales organizaciones pro-pacientes, que integran la Alianza Pro-Acceso a Medicamentos (APAM), cuestionaron el cambio de posición de ASES en torno al Proyecto del Senado 1658, que incorpora varias enmiendas para garantizar el acceso a la salud de los puertorriqueños.

“Hace un mes, la ASES favoreció la medida, promulgada por la gobernadora Wanda Vázquez. Sin embargo, ahora de repente, cambió su postura y pone reparos en la aprobación final de la propuesta legislativa. Entendemos que la agencia ha perdido su norte y ha puesto en un segundo plano al paciente. Esta es una medida con la cual la gobernadora se había comprometido públicamente”, apuntaló María Cristy, portavoz de la Alianza.

La medida aprobaba en ambos cuerpos ordena a las aseguradoras evaluar y determinar la aprobación de un medicamento en un tiempo máximo de 48 horas. Durante este periodo, la aseguradora debe cubrir el despacho de la receta inicial.

"El aspecto de la receta inicial debe ser mantenido en la medida puesto que una gran cantidad de medicamentos, como lo es la insulina, antibióticos líquidos, medicamentos inmunosupresores, medicamentos para condiciones crónicas, entre otros, no pueden ser despachados de forma parcial ya que una vez abiertos su contenido queda comprometido. Hay medicamentos, que, por orden federal, no pueden ser segregados", señaló Cristy en declaraciones escritas.

La medida también establece que la aportación o los descuentos que los manufactureros ofrecen en los medicamentos corresponden a los pacientes y no puede ser utilizados por las aseguradoras o los administradores del beneficio de farmacia.

Otros portavoces de la Alianza expresaron indignación ante la oscilación de ASES, que, en una primera misiva enviada a los asesores de la mandataria hace dos días mencionó el “posible” impacto de la medida sin presentar datos o un estudio que apoye esa alegación.

“Este cambio de postura no nos sorprende. La norma ha sido que ASES se opone a todo proyecto dirigido a beneficiar a los pacientes, con la excusa constante de que podría tener un impacto. Ninguna de las ocasiones en que ASES ha levantado un alegado impacto, ha estado sustentado por datos o estudio alguno. Es una postura poco responsable que la agencia levanta de forma automática, haciéndose eco de los planteamientos infundados de las aseguradoras", apuntó Alex Ramírez, de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y portavoz de la Alianza.

"Por el contrario, la agencia pierde de perspectiva el impacto económico que tiene para las arcas del gobierno el tener miles de pacientes descompensados, sin acceso adecuado a sus medicamentos, generando condiciones más severas, lo que se convierte en un mayor costo para el sistema de salud. Esa es la realidad que viven los pacientes en la isla y ese es el verdadero impacto que debe preocupar a ASES, y que no se está considerando”, agregó.

Luego de recomendar un veto al proyecto, al día siguiente el director ejecutivo de ASES, Jorge E. Galva, sugirió enmendar la medida.

"Por este medio, muy respetuosamente solicitamos que dicho documento sea retirado, sujeto a que el P. del S. 1658 sea devuelto a la Asamblea Legislativa para enmiendas técnicas con relación a las disposiciones de la medida legislativa sobre la dosis y el fraccionamiento de medicamentos", señaló Galva en la carta enviada al asesor en asuntos Legislativos del Ejecutivo, Jesús Soto Amadeo.

Ante esta situación, los miembros de la Alianza exhortaron a la gobernadora a no permitir que los intereses económicos detrás de esta controversia descarrilen "su intención y compromiso" a favor de los miles de pacientes que enfrentan escollos a la hora de recoger sus medicamentos.

“Confiamos que el compromiso que públicamente la Gobernadora hizo con los pacientes se concrete. Al final del camino, ella deja una silla, pero el peso de su palabra quedará ahí para la historia”, puntualizó Cristy.

“Hay factores que impactan directamente los costos de nuestro sistema de salud, que ASES ignora, como el aumento reciente en los contratos de los PBMs, ascendente a $30 millones, el dinero que la agencia deja de devengar en sanciones a sus contratistas por incumplimientos, producto de una carencia de fiscalización, así como la omisión de integrar y utilizar los programas bajo la asignación de fondos del Center for Medicaid and Medicare Services (CMS), que ascienden a $300 millones. Esto sí representa un impacto directo y real. El ofrecer un acceso apropiado a la salud en beneficio de los pacientes, no es un gasto, tampoco un impacto, sino una obligación”, argumentó Leticia López, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis.

Los miembros de la Alianza puntualizaron que la petición de ASES es una estrategia de las aseguradoras para insertar a la medida enmiendas que laceren su funcionalidad.

Sostuvieron que uno de los mayores retos que tiene el sistema de salud es precisamente la la laxa fiscalización de ASES. Alertaron, por ejemplo, que hay leyes aprobadas, como lo es la Ley 82 de 2019 para fiscalizar a los PBMs (administradores de farmacia), que, a un año de su aprobación, aún espera porque ASES promulgue un reglamento.

“Aquí tiene que haber cambios reales. ASES tiene que retomar su norte, que es y deber ser, el ofrecer un mejor acceso a la salud en beneficio de los pacientes. ASES no puede convertirse en el portavoz de las aseguradoras y las entidades con intereses económicos, ya que su misión institucional es para con el paciente. Los aseguradores y PBMs son sus contratistas, obligados a rendir un servicio de calidad, no son sus “socios de negocio”, como les ha llamado la agencia a estos públicamente”, enfatizó Celia Galán de Apoyo a Padres de Niños con Impedimento.

Fuentes de la Legislatura consultadas por NotiCel desconocían del pulseo de último hora. Una fuente explicó que existía la intención y el compromiso de enviar la medida a mandataria para convertirla en ley.

La Alianza Pro-acceso a Medicamentos está integrada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, Asociación de Alzheimer, Asociación de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento), Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Consejo Renal de PR, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, entre otras,