La ciudadanía estadounidense no es una condición inherente al nacimiento en un territorio nacional por lo que los puertorriqueños no nacen en territorio nacional sino en un territorio no incorporado a la nación estadounidense.

Ese es uno de los argumentos que presentará hoy el Junta de Mujeres M-18 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en vista pública, aunque la ponencia será por escrito, ya que al M-18 se le denegó un turno para deponer, informó esa entidad.

La CIDH hizo público ayer que bajo su reglamento, en las audiencias públicas los turnos se conceden solo a los peticionarios.

El Junte se opone a que se considere el estatus político de Puerto Rico como asunto exclusivo de derechos civiles y humanos de ciudadanos estadounidenses en territorio de Estados Unidos.

La CIDH sesiona en Boulder, Colorado, para atender la denuncia del exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló de que Estados Unidos viola derechos humanos y civiles al no conceder a los residentes de la isla el derecho al voto por el presidente de Estados Unidos y representación en el Congreso.

'Entendemos que esta honorable comisión debe concluir en propiedad que el estatus de Puerto Rico es un asunto político inconcluso de autodeterminación de un pueblo latinoamericano y caribeño cuyas ramificaciones de derecho civil y humano no pueden despacharse sin resolver su cuestión de fondo', expresa el M-18 en su ponencia escrita.

El M-18 esgrime tres argumentos ante la CIDH:

1. La ciudadanía estadounidense a la que se refiere el Dr. Rosselló no es una condición inherente al nacimiento en un territorio nacional.

'Por el contrario, es una categoría de súbdito colonial diseñada a la medida por Estados Unidos para ser impuesta al pueblo de Puerto Rico en 1917. Los puertorriqueños, en virtud de ese diseño, no nacen en territorio nacional estadounidense, sino en un territorio no incorporado a la nación estadounidense. Eso significa que los derechos y deberes de plena participación en la organización social y política de Estados Unidos nunca le fueron otorgados a la colonia de Puerto Rico'.

2. El sector anexionista que representa el Dr. Rosselló trata de imponer el concepto de Puerto Rico como una superficie, región o circunscripción donde residen ciudadanos estadounidenses.

'Eso no es así. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña reconocida por nuestra propia región de países en su nacionalidad y cultura ajenas a la de Estados Unidos de Norteamerica. Esa nación caribeña y latinoamericana es colonia de Estados Unidos de Norteamerica desde el 1898 y antes de eso lo fue de España por cuatrocientos años. Ese es el asunto político irresuelto que pretende obviar el Dr. Rosselló y pretende que este foro eluda. Se trata de un debate de quinientos veinticinco años que ustedes no pueden adjudicar'.

3. En derecho internacional el coloniaje es ilegal. En derecho internacional Estados Unidos no ha cumplido y no está cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades como potencia administradora.

'A esos efectos, le pedimos encarecidamente a esta Comisión que se pronuncie en esos terminos en su respuesta a la querella presentada por el Dr. Rosselló'.

Las mujeres están encabezadas por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, la exlegisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago, la excandidata por el Partido del Pueblo Trabajador Mariana Nogales y María de Lourdes Guzmán.

La CIDH ha estado recibiendo solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo entre el 21 de junio y el 17 de julio pasados.

La iniciativa del exgobernador -padre del actual gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló- se produce a 12 años de haber sometido el caso ante la CIDH y lograr que fuera admitido

El 27 de enero de 2017, la CIDH admitió el caso número 13,326, presentado por Rosselló González y el Comite del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana en el año 2006.

Los peticionarios solicitan a la CIDH que declare que EE.UU. está 'violando los derechos humanos de los ciudadanos en Puerto Rico', bajo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al negarles el derecho a votar por el presidente del país, su vicepresidente y los representantes del Congreso federal.

'Hoy más que nunca es pertinente que la Comisión escuche nuestros argumentos. Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica sin precedentes', aseveró el exgobernador, según se lee en el texto.

'Habiendose aceptado el caso por la organización internacional que vela por los derechos humanos, tenemos la certeza de que el Gobierno de Estados Unidos habrá de reconocer la violación de derechos a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico', añadió.

Lee aquí la ponencia completa del M-18: