La gobernadora Wanda Vázquez Garced es una de las empleadas públicas que podría beneficiarse del programa que empuja su administración, a pesar de las objeciones de la JCF.

La Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió a los empleados públicos que ahora mismo están tomando decisiones sobre si se acogen a la Ley 80 de Retiro Incentivado que no deben depender de los beneficios que se les promete bajo esa ley porque todavía la misma no ha sido aprobada por ese ente.

La JCF expresó su posición a solicitud de NotiCel después de que fuentes en varias agencias indicaran que hay presión sobre los empleados para tomar su decisión. El Gobierno de Puerto Rico sigue adelante con la implantación de la ley aún cuando la JCF advirtió desde verano que no cumplen con el Plan Fiscal. Anteriormente, la Junta había indicado también que si el gobierno sigue adelanta con la implantación del retiro incentivado, tendría que despedir empelados para buscar ahorros con los cuales pagar ese retiro.

Según la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), 17,908 empleados serían elegibles para el retiro incentivado bajo los parámetros de la Ley 80 que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced. De hecho, la propia Vázquez Garced es elegible por sus años de servicio y tendría como resultado generarle una pensión del 50% de su salario como Secretaria de Justicia, ya que el criterio es el salario más alto de los últimos tres años y ese salario es mayor que el de gobernadora. La Fortaleza no contestó una solicitud de reacción, mientras que la ASR dijo que, como ocurriría con cualquier otro beneficiario del sistema, no podrían divulgar las circunstancias particulares del retiro de la Gobernadora. Vázquez Garced reportó en la Oficina de Ética Gubernamental ingresos de $231,933 en 2017 y en 2018.

“La Junta de Supervisión insta a los empleados públicos a ser conscientes de que no deben depender de los beneficios provistos bajo estas leyes a menos que, o hasta que se haya resuelto este asunto fiscal”, expresó ayer el portavoz del ente, Edward Zayas. Al pedírsele más claridad, consignó que la situación actual es que esos beneficios que promete la Ley 80, y con los cuales cada empleado podría hacer planes de vida, no están seguros y puede que “luego no se den”.

“Sometimos y firmamos la Ley 80, 81 y 82 porque entendíamos y hay documentación de que habían los ahorros. Además, más allá de la justicia social que se hace para todos los retirados que más que merecida la tienen… Aquel que se quiera retirar y que cualifique, pues tenemos que darle la oportunidad de que siga el proceso. El proceso ha continuado. Y máxime las conversaciones con la Junta para buscar esas alternativas para que se dé la ley 80, 81 y 82 y además de eso, que no haya suspensión de empleados públicos”, dijo Vázquez Garced en octubre al defender la puesta en marcha del Programa de Retiro Incentivado.

La advertencia de la Junta, y su confrontación vigente con el gobierno, se torna crucial en la medida en que a los empleados se les está orientando que su decisión de renunciar para disfrutar del retiro incentivado bajo la Ley 80 sería irrevocable y que la tienen que tomar a más tardar el 23 de diciembre.

Este retiro incentivado está diseñado para abarcar a los empleados de mayor antigüedad que quedan en el gobierno, ya que limita la participación a los que entraron al servicio público bajo las primeras dos leyes de retiro, la 447 de 1951 y la 1 de 1990. Cualquier empleado que haya entrado del 2000 en adelante no cualifica. Vázquez Garced entró al servicio público como Abogada I con designación de Fiscal Especial en 1989. En cierta medida, la Ley 80 exime a esos empleados de mayor antigüedad de los cambios que el exgobernador Alejandro García Padilla introdujo al retiro en 2013, devolviéndoles un pago de pensión fija, en vez de la anualidad híbrida que se introdujo hace siete años. Reciben también hasta 60 días de liquidación de vacaciones.

El caso del Departamento de Justicia, agencia bajo la cual se retiraría la Gobernadora, resalta algunas incongruencias con la implantación de la Ley 80. Mientras que una carta circular dirigida a todos los secretarios de agencia explica lo que se ha mencionado hasta ahora sobre la elegibilidad, en Justicia mandaron una carta con fecha del martes pasado en la que dicen que la ASR no incluyó entre los elegibles a los empleados bajo la Ley 1 y que “sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, la implantación del Programa (de retiro incentivado) en el Departamento será de aplicación exclusiva a los participantes de la Ley Núm. 447”.

Según declaraciones escritas del administrador de la ASR, Luis Collazo Rodríguez, la Ley 80 “permanece en pleno vigor”, a pesar de que, al menos desde el 28 de agosto, la Junta ha advertido que la Ley 80 (y la 81 y 82 que la complementan) “no deben ser implementadas”.

Collazo entiende que la decisión del gobierno de primero preguntar a los empleados cuántos se quieren acoger puede atender las objeciones de la Junta.

“Esta primera fase es vital para poder conocer con certeza cuántos empleados desean acogerse al programa y así poder calcular de forma más precisa y detallada los ahorros y el impacto presupuestario de la Ley 80-2020. Por lo tanto, la implementación de la ley 80-2020 continúa”, argumentó. Sin embargo, lo que el administrador de la ASR hace sonar como un sondeo o encuesta entre empleados, es realmente una decisión irrevocable para el empleado y así lo indica la carta circular de su agencia.

“El Gobierno ha sido sumamente prudente y fiscalmente responsable durante todo el proceso que envuelve la implementación de la ley 80. Mientras continuamos con la implementación de la ley continuaremos dialogando con la Junta de Supervisión Fiscal y proveyéndoles toda la información que necesiten con el fin de que podamos hacer justicia a nuestros servidores públicos a la vez que generamos ahorros sustanciales”, añadió.

Para ver la carta circular de la ASR sobre el Programa de retiro Incentivado, pulse aquí.