La Asamblea Legislativa escuchó el reclamo de miles de empleados públicos a quienes el Gobierno no les permite jubilarse al aprobar el Proyecto del Senado 1131, el cual ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a revisar las solicitudes de aquellos trabajadores que solicitaron el preretiro desde hace tres años.

La medida tiene su base en el incumplimiento del Gobierno con la ahora derogada Ley 211 de 2015, la cual creó el Programa de Preretiro Voluntario y permitía que empleados de 61 años de edad pudieran retirarse voluntariamente con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

A esos fines, se delegó a OGP el análisis y la decisión respecto a las solicitudes, pues al momento de implementación, y ante la agravada crisis fiscal, se requería un comprobante de que el programa no tendría un impacto adverso en las arcas del Sistema de Retiro.

Pese a que la Ley 211 fue derogada por la Ley 106 de 2017 --llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos--, el reemplazo garantizaba todos los derechos y obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de preretiro antes de la anulación del estatuto.

Sin embargo, un cúmulo de 11,600 empleados ha denunciado la falta de voluntad de OGP y el Gobierno para hacer valer dicho acuerdo y concretar la jubilación del servicio público que ya había sido aprobada mediante certificación.

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'Han sido muchas las personas que nos informaron con gran preocupación que OGP les denegó la petición de acogerse al preretiro voluntario, a pesar de cumplir con los requisitos, haber solicitado a tiempo y resultar favorable económicamente para la agencia gubernamental para la que trabajaban. Se evidenció que la OGP no aprobó las solicitudes de preretiro de varias entidades a pesar de que esto representaba un ahorro para la agencia y no tendría un impacto adverso en el funcionamiento y servicios de la misma', sostuvo el senador Lawrence 'Larry' Seilhamer Rodríguez.

Seilhamer Rodríguez y su correligionaria Migdalia Padilla Alvelo radicaron las resoluciones 252 y 570 por petición de los empleados públicos afectados por la inacción de OGP. A consecuencia, radicaron y lograron la aprobación del PS 1131.

La medida dispone que OGP debe completar la revaluación en o antes del 31 de enero de 2019.

En vistas públicas, la agencia administradora afirmó que 40 planes de preretiro fueron aprobados de un total de 116 agencias, acto que representó un ahorro neto para el primer año de sobre $16 millones y un ahorro neto de más de $150 millones al completar la iniciativa.

En el caso de los municipios, se aprobaron los planes de preretiro para cuatro de 78 municipios. Esto igualó a un ahorro neto de $65,202 en el primer año para los ayuntamientos.

'Es necesario que se revalúen las solicitudes que fueron presentadas al programa de preretiro. Ante la situación de emergencia fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, tenemos la responsabilidad de presentar medidas que generen ahorros y logren eficiencia para alcanzar un balance fiscal. Además, garantizamos un proceso transparente y uniforme', declaró, por su parte, Padilla Alvelo, quien preside la Comisión de Hacienda en el Senado.

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La lista manejada por el Gobierno indica que entre el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Carreteras, más de 500 personas solicitaron formar parte del programa de preretiro.

Los peticionarios, por su parte, afirman que su retirada podría resultar en un ahorro cumulativo de 30%, suma que se traduce a más de $25 millones y que cumpliría con ajustes exigidos por la Junta de Control Fiscal (JCF) para disminuir el tamaño del Gobierno.

Al cabo de dos días luego de aprobada el 7 de noviembre, la medida aún no había sido enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para su evaluación y posible firma, lo cual cimentaría el pedido a OGP.

El Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, en cambio, afirmó que el Ejecutivo analizará la medida cuando llegue a sus manos.

'Una vez se reciba el proyecto será analizado según la versión que fue aprobada. Será parte de la evaluación la medida junto a los esfuerzos del programa que está vigente en la actualidad', aseguró Ramón Rosario Cortes.

A principios de noviembre, La Fortaleza anunció el comienzo de la tercera fase del Programa de Transición Voluntaria, iniciativa de Rosselló Nevares para que los empleados públicos se acojan al retiro simbólico del servicio público y se trasladen al sector privado o al tercer sector.

Al formar parte de este programa, los empleados devengarán su salario por un período de seis meses antes de desligarse por completo del Gobierno.