Cuando en la tarde del lunes varios sindicalistas tomaron el micrófono frente al Capitolio para advertirle al gobernador Alejandro García Padilla que lo sacarían del poder en el 2016 si firmaba el proyecto que la mayoría legislativa presentará para salvar el Sistema de Retiro, el tono desafiante hacia el primer ejecutivo era básicamente el mismo que algunos líderes obreros utilizaron en octubre 2009 en contra de la Ley 7 y las políticas neoliberales del exgobernador Luis Fortuño.

Ahora, los desafíos hacia García Padilla y su Partido Popular Democrático (PPD) se tornan más insistentes, luego de que en la mañana del martes, presidentes de uniones obreras culparan a la actual administración de permitir que los bonistas supuestamente gobiernen a nombre de ésta y sus funcionarios electos.

Evidentemente, en las pasadas elecciones varios sindicatos le pasaron factura a Fortuño y al Partido Nuevo Progresista (PNP) por la Ley 7 y los miles de despidos de empleados públicos que surgieron de este estatuto.

Sin embargo, en la noche del lunes, cientos de trabajadores que pertenecen a uniones llenaron las gradas del hemiciclo de la Cámara de Representantes y aplaudieron con la mayor de las efusividades, cada vez que las representantes del PNP, Lourdes Ramos y Jennifer González, hablaban a nombre del 'pueblo trabajador' y dejaron sentir su oposición en torno al proyecto de Retiro, según lo propone el PPD.

Ante este aparente cuadro cíclico, se verá otro nuevo giro partidista de las uniones, esta vez en apoyo al PNP? Cuán cierto es que los partidos permiten que quienes gobiernen sean los bonistas y no los funcionarios electos democráticamente por el pueblo?

A juicio del profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, Carlos Rodríguez, el argumento utilizado por algunos sindicatos en términos de señalar responsabilidades hacia partidos políticos en particular, pierde de vista que la propia Constitución de Puerto Rico provee para que el sector de los bonistas sea el más favorecido en momentos de crisis fiscales, como la que se vive actualmente con el Sistema de Retiro.

En ese sentido, plantea Rodríguez, la alegada percepción de que gobiernan los bonistas continuará, sin importar cuál partido ostente el poder político estatal sobre el territorio de Puerto Rico, a menos que se enmiende la Constitución y se cambie la estructura política de la Isla.

'Antes de hablar sobre si los partidos en poder permiten que los bonistas gobiernen, hay que leer la Constitución y reconocer que aquí hay un problema estructural. Más allá del partidismo y de proteger a los amigos de Fortuño o García Padilla, la Constitución es bien clara de que cuando surgen este tipo de problemas, hay que proteger primordialmente a los inversionistas', expresó el académico de la UPR en entrevista con NotiCel.

Específicamente, Rodríguez se refiere a la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución (Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten).

Dice esta sección de la Constitución estipula que '[c]uando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley'.

'Cuando el principal documento del país estipula que la prioridad será el pago de deudas e intereses, y luego los demás desembolsos, nos damos cuenta que la propia Constitución ordena que los más importante dentro de la política fiscal gubernamental debe ser mantener un clima fiscal saludable para los bonistas y la inversión', arguyó Rodríguez, al hacer referencia a una de las discusiones principales que forman parte de los cursos graduados que imparte en la UPR.

Ante lo planteado por la ley más importante del país, Rodríguez entiende que hay que revisar ese inciso de la Constitución y enmendar la estructura política del país para así evitar que la clase trabajadora sea plato de segunda mesa cada vez que se evalúen importantes decisiones que afectan su futuro, como es el caso del Sistema de Retiro.

'La Constitución de Puerto Rico se aprueba en el 1952, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza un ‘boom' en la inversión en los Estados Unidos y empieza a legislarse para facilitar la inversión y crear un buen clima para ésta', explicó Rodríguez.

Por supuesto, y a pesar de la dimensión estructural que facilita estas políticas fiscales pro-bonistas, Rodríguez entiende que esa realidad no debe ser excusa para la inacción. En ese sentido, el pueblo tiene el deber de reclamarle reparación de agravios a quienes actuaron para propiciar crisis como la de Retiro.

'El asunto con el Sistema de Retiro no puede reducirse a decir que se está legislando a favor de los bonistas. El problema principal aquí tiene que ver con las malas decisiones que se tomaron en el pasado, como fue el caso de la transacción que se hizo con la firma financiera UBS, y que precipitó la actual crisis de Retiro de los empleados públicos', explicó el académico del Departamento de Economía de la UPR.

Bajo ese contexto, Rodríguez dijo estar de acuerdo con los reclamos ciudadanos a favor del procesamiento criminal de quienes estuvieron involucrados en la fallida transacción entre el gobierno y UBS.

'La Constitución plantea claramente que se debe amortiguar la deuda pública, pero qué se hizo con esa deuda pública en el caso de UBS'?, cuestionó Rodríguez.

'Estamos ante una situación en la cual, por un lado tienes una Constitución que provee para que se legisle de una manera en materia fiscal, y de otra parte tienes partidos que se recuestan sobre eso para tomar malas decisiones. Al final, se pierde de perspectiva que el deber del gobierno es procurar el bienestar social de todos y todas', puntualizó el profesor de la UPR.