El gobernador Alejandro García Padilla, quien dijo que los jueces del Supremo serían responsables de la degradación del credito si declararan inconstitucional la Reforma de Retiro, todavía no ha presentado una sola medida de recaudos que atiendan directamente su deficit actuarial, y en la Legislatura sólo persiste el proyecto de las tragamonedas de la Cámara de Representantes, que ha sufrido varias enmiendas y que todavía despierta dudas entre los grupos impactados.

La Ley 3, de Reforma de Retiro, en forma práctica lo que pretendía era garantizar el flujo de efectivo al Sistema de Retiro Central para gastos recurrentes, pero desde siempre se dejó claro que esto tendría que ir acompañado con nuevas fuentes de recaudo, para atender su déficit, el más grande de todos los sistemas de retiro de los Estados Unidos.

A su vez la intención del proyecto sustitutivo de la Cámara sobre las tragamonedas, es que parte de los recaudos del Fondo de Recuperación Fiscal del Gobierno, se destinen al Sistema de Retiro Central y al Sistema de Retiro de Maestros. Una de las fuentes de recaudo para nutrir este Fondo son las tragamonedas.

Pero también las tragamonedas se han incluido como una de las fuentes de recaudo para cuadrar el presupuesto del próximo año fiscal. La consideración a esta propuesta se debe a acuerdos entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, de enmendar la Ley de Juegos de Azar, para aumentar la cantidad de máquinas dentro de los casinos y establecer unas 300 dentro de los aeropuertos de la Isla.

Tanto las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Representantes como el Departamento de Hacienda, confirmaron que entre los acuerdos estaba el que se descartara la legalización de las máquinas que actualmente están al margen de la ley, como pretendía inicialmente el P. de la C. 916.

El representante Rafael 'Tatito' Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, catalogó como 'enmiendas procesales' las que se han hecho a su proyecto original 916.

Hernández planteó que mayormente las modificaciones son en torno a las fórmulas de cómo se distribuyen los ingresos provenientes de las tragamonedas, para que puedan concurrir ambos cuerpos legislativos.

Por su parte, Ingrid Rivera, directora de la Compañía de Turismo, en entrevista con NotiCel, dijo que todavía era algo que no tenía confirmado, y se mantuvo firme en la postura de su agencia de no dar paso a que se legalicen estas máquinas, que no están ubicadas en los salones de juegos aprobados por el Gobierno.

'Cualquier intención de legalizar esas tragamonedas que están fuera de lo que constituye el utilizar tragamonedas dentro de un casino, serían ilegales', puntualizó Rivera Rocafort.

La funcionaria precisó que su preocupación mayor es en cuanto al impacto que esto tenga en los recaudos que levantan las tragamonedas, que actualmente se distribuyen un 50% para los hoteles y el restante se divide entre la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico y el Fondo General. Además, le preocupa que se instalaran máquinas en ambientes no seguros ni controlados, que a su juicio es contrario a lo que sucede en los casinos.

Según la funcionaria los acuerdos llegados con la Legislatura son: incluir 300 máquinas dentro de los aeropuertos después de la salida para el área de abordaje, que estima generaría unos $12 millones; restablecer el 'Task Force' entre la Compañía de Turismo, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia para poder fiscalizar e incautar las máquinas ilegales; e incrementar de 6 a 8 la cantidad de tragamonedas por cada mesa de juego dentro de los casinos.

De hecho, señaló que están en el proceso de diálogo con el privatizador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin, Aerostar Airport Holdings, para determinar ubicación de las máquinas, entre otros aspectos. Asimismo, dijo que la idea es que estos nuevos recaudos sean remitidos directamente al Fondo General.

Se intentó obtener una reacción de la Asociación de Hoteles y Turismo, y del grupo de operadores de Emprecom, pero al momento no había sido posible.