El Tribunal Supremo de Puerto Rico tendría ante si la posibilidad de revertir la Ley 18 del 2013 que la Legislatura utilizó como cortapisas para evitar que el alto foro judicial pudiera atender inmediatamente un recurso legal que impugna la constitucionalidad de la recien aprobada Reforma del Sistema de Retiro Central.

Y es que 68 empleados de la Oficina del Contralor habían presentado ante el alto foro judicial una solicitud de certificación el pasado 16 de mayo para que este pudiera entrar a considerar y resolver la disputa por la planteada inconstitucionalidad de la Ley 3 del 2013, ante el hecho de que la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia estaba estancada y había la urgencia de atender el asunto, pues la controvertible reforma entra en vigor el 1 de julio y los demandantes estaban siendo forzados a tomar decisiones.

Pero en el proceso la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 18 del 2013 que fue firmada el pasado 15 de mayo por el gobernador Alejandro García Padilla.

Las partes demandadas pidieron la desestimación de la solicitud de certificación el pasado 21 de mayo, lo que pone en vigor los limites de intervención impuestos en la Ley 18 del 2013.

En su respuesta a la moción de desestimación, las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, abogadas de los empleados públicos, plantearon que la Legislatura violentó la Separación de Poderes dispuestos en la Constitución de Puerto Rico al modificar las Reglas de Procedimiento Civil sin esto ser una recomendación presentada por el Tribunal Supremo, lo que dio paso a la Ley 18 del 2013.

Ante este cuadro, determinaron que la pieza legislativa fue aprobada de manera 'unilateral', sin tener el insumo de la Rama Judicial.

'La Ley 18 pretender cortar las alas a un Tribunal Supremo que goza de una amplia jurisdicción general… sin limites constitucionales específicos en cuanto a su jurisdicción original y apelativa', sentenciaron.

De hecho, puntualizaron que 'en la separación de poderes que rige bajo nuestro régimen constitucional, el poder de la Legislatura de establecer jurisdicción no goza de la misma amplitud aplicable que en el Sistema Judicial Federal'.

Los empleados a través de su representación legal han solicitado al Tribunal Supremo que declare 'no ha lugar', la moción de desestimación de la petición de certificación, emita una sentencia declaratoria de que la Ley 3 es inconstitucional y un interdicto para prohibir su implantación.

Policías también buscan revocar la Ley 18

El licenciado Iván Crespo Arroyo, representante legal de los 48 policías que también impugnan la constitucionalidad de la Ley 3 del 2013, indicó el miércoles que se sometió un recurso que persigue que se declare inconstitucional la Ley 18 de 2013.

'Entendemos que la Ley 18 es una intromisión indebida de la Rama Legislativa en las funciones de la Rama Judicial. De la misma forma, que el Tribunal Supremo no le puede decir a la Legislatura que leyes aprobar ni cuando las va a aprobar, tampoco puede la Legislatura establecerle al Tribunal Supremo cuando y como va a intervenir con los casos que por la Constitución está facultado a atender. Es un principio básico de Separación de Poderes', manifestó Arroyo a CyberNews.

El licenciado agregó que en los próximos días se van a añadir a la demanda 'cientos de empleados de diferentes agencias'.

Petición desestimación solicitud certificación_2857