La Administración de los Sistemas de Retiro alega que está a punto de quebrar y el gobierno de Alejandro García Padilla respondió a ese reclamo aprobando la polemica Ley 3 que crea un plan hibrido de retiro que está siendo impugnado por poco más de 400 empleados públicos de diferentes agencias que sostienen que el referido estatuto es inconstitucional.

Pero dentro de ese panorama tétrico de la situación financiera que pinta el administrador de retiro, Héctor Mayol, contrasta con los honorarios que le tiene que estar pagando al bufete Reichard y Escalera para que los represente en el litigio civil.

El licenciado Rafael Escalera, quien también es integrante de la recién creada de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, declinó responder a NotiCel cuánto está cobrando por hora.

'No le hemos facturado a la Administración de Retiro, así que no tengo idea', dijo Escalera.

NotiCel insistió en que su firma tendrá una tarifa promedio o básica por hora, pero Escalera alegó no conocerla.

'Se hacen tarifas por hora, pero no tengo la cantidad, no lo recuerdo', destacó el socio del bufete.

Precisamente Escalera y la licenciada Claudia Juan, quien representa al Departamento de Justicia, solicitaron la desestimación de la demanda argumentando que el caso no está maduro porque la ley no ha entrado en vigor, que los demandantes no tienen legitimización activa y que, en todo caso, la reclamación se tornaría académica.

Los demandantes, que incluyen empleados de la Oficina del Contralor, la Policía y de la propia Rama Judicial, alegan que aunque la ley indica que el entrara en vigor a partir del 1 de julio, de facto está vigente pues en las agencias a las que pertenecen los demandantes los están ajorando para que se acojan a una de dos opciones: retirarse con una pensión menor o seguir laborando para cotizar un poco más aunque perderían mucho beneficios marginales como el plan médico, entre otros.

Son tres las demandas y está pendiente a una decisión de consolidación solicitada por el gobierno y que está ante la consideración la jueza superior Gisselle Romero, quien se ausentó hoy.

No obstante, el otro juez de Ángel Pagan, que tiene ante su consideración dos de las demandas civiles, escuchó los argumentos de las partes para acelerar los procedimientos.

El representante legal de los 48 policías demandantes, Iván Crespo, dijo que se opone a la consolidación de los casos porque los agentes, contrario al resto de los empleados públicos demandantes, tienen unas condiciones de trabajo distintas, al igual que unos beneficios y una edad de retiro distinta. Eso sumado a que no recibirían beneficios del Seguro Social, pues no lo pagan.

Planteó que en el caso de sus 48 clientes con la nueva ley se les eliminó la promesa que por décadas recibieron de que el gobierno le garantizaría una pensión de retiro de 75% y con la nueva ley esa cifra se reduce a un 44%. Puso como ejemplo a uno de sus clientes, que bajo el derecho vigente si se retira debería recibir un pago de $1,875, pero con la nueva ley si se retira estaría recibiendo sólo $1,100 por el resto de su vida.

Recordó que ahora los policías tendrán que retirarse a los 58 años y que con la nueva ley se menoscaban los derechos constitucionales y derechos adquiridos.

'No sólo termina engañado por el gobierno de Puerto Rico, sino más pobre', argumentó Crespo.

Mientras, Judith Berkan, quien representa a 68 empleados de la Oficina del Contralor, argumentó que no es correcto el planteamiento del gobierno de que no existe un daño irreparable, pues en el caso de sus clientes, se trata de personas entradas en edad, con más de 23 años de servicio en el gobierno y que de golpe y por raso tienen un plazo de un mes para decidir qué van a hacer con sus vidas.

Argumentó que la nueva ley viola Constitución porque 'le quita derechos adquiridos', quebranta las falsas representaciones que le hizo el gobierno de que el dinero de su retiro estaba garantizado y recordó que las ventanas de retiro que se han legislado por las pasadas décadas nunca han estado disponibles para los empleados de la Contraloría.

'Los empelados de la Oficina del Contralor, por la naturaleza de su trabajo de auditoría, se les hace más difícil conseguir trabajo en la empresa privada… los empleados se han quedado incentivados por esa promesa de que no le iban a tocar sus beneficios de retiro', destacó Berkan.

La licenciada planteó otros argumentos en derecho por los cuales entiende la ley es inconstitucional y que los demandantes tendrían posibilidades reales de prevalecer, por lo que solicitó que el caso no sea desestimado como pide el gobierno.

Los representantes legales de los demandantes coincidieron en que la Legislatura del Partido Popular Democrático se apresuró a aprobar una ley que le quita beneficios a los servidores públicos en violación a las disposiciones contractuales entre las partes y, más aún, sin hacer un estudio actuarial y un análisis de la situación financiera de la Administración del Sistema de Retiro. Plantearon, además, que a los que más están afectando son las personas que están en 'el ocaso' de sus carreras.

'Esto que se ha hecho por la Legislatura es una barbaridad, tan irrazonable que en menos de dos meses los empleados tienen que tomar una decisión de retirarse con una pensión menguada o seguir trabajando otros 10 años, aunque le recorten beneficios', sentenció el representante legal de los más de 300 empleados de la Rama Judicial, el licenciado Edgar Vega.