NotiCel abre un espacio para las propuestas novedosas y arrojadas en lo social, económico y político, de forma que se pueda superar la crisis construyendo un nuevo país. Participan la senadora del Partido Popular Democrático por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González (@mtsenadora), la senadora por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago (@marialourdespip), y la candidata a la Comisaría Residente por el Partido Nuevo Progresista, Zoe Laboy (@zoelaboy).

Balance Contributivo

Por: Mari Tere González (@mtsenadora)

El cuadro fiscal de Puerto Rico es el resultado de las acciones erradas de administraciones pasadas que fueron tomadas desde la inmediatez, sin proyección hacia el futuro. Estas decisiones nos han llevado a la peor crisis de nuestros tiempos.

Gran parte del problema radica en no poder comunicar de manera efectiva la verdadera crisis por la que atraviesa el País, de modo que el pueblo conozca, reconozca y comprenda el escenario que vivimos y que tenemos que enfrentar con sensatez y responsabilidad colectiva.

Cuando esta administración tomó posesión en el 2013, encontró un estado descalabrado, con un déficit de $2,300 millones, un Banco Gubernamental de Fomento descapitalizado con $4,000 millones en deudas sin fuentes de repago, nuestras corporaciones públicas y los sistemas de retiro al borde de la quiebra, una tarjeta de salud al borde del colapso y la taza de criminalidad más alta en la historia. La situación se complicó aún más debido a la deuda de $16,600 millones emitida por la administración pasada y el despido de alrededor de 30,000 empleados públicos lo que alteró infamemente nuestro panorama socioeconómico.

Desde entonces, hemos tenido el gran reto de gobernar en medio de un cuadro desolador, siendo nuestro principal problema una deuda impagable, que nos convoca a repensar y estructurar un nuevo modelo económico capaz de establecer un desarrollo sostenido que viabilice una sociedad de oportunidades para todos los sectores del País.

Nuestra administración ha implantado medidas de control fiscal, con las que he podido estar o no de acuerdo, que aunque insuficientes, han reducido el gasto operacional del gobierno en $1.4 billones. La más reciente es la reforma contributiva que contiene un nuevo Código de Rentas Internas, reducciones a las tasas contributivas de individuos y corporaciones, y lo que más ha generado un debate público, la sustitución del IVU por un IVA.

El enfoque que persigue es cambiar de un sistema de impuesto a los ingresos a uno de impuesto al consumo. Todos(as) estamos de acuerdo en la necesidad de promover la productividad y tener un sistema contributivo eficiente, justo y equitativo que impulse el desarrollo económico. Desde mi perspectiva, la transformación de nuestro sistema tributario debe fundamentarse en el análisis fiscal, operacional, administrativo y político de nuestro andamiaje gubernamental, para así poder establecer un balance entre los gastos del gobierno, los alivios contributivos y la captación de fondos, siendo el eje, nuestro pueblo que reclama justicia social.

Sin embargo, no podemos ignorar que aún persisten dudas razonables ante la complejidad de la transformación que tenemos ante nuestra consideración. Las más preocupantes giran en torno a la capacidad del Departamento de Hacienda para manejar este sistema contributivo, el mecanismo para combatir la regresividad inherente a un sistema de impuesto al consumo, garantizar la captación del impuesto, velar porque los recaudos lleguen a las arcas de los municipios y el impacto de este cambio en nuestra economía.

En estos momentos es cuando más debemos apegarnos al compromiso que contrajimos con el pueblo a través de nuestro programa de gobierno en el cual establecimos que las estrategias para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado no pueden ser a expensas de arriesgar ni el bienestar ni el desarrollo de nuestra gente.

En la Asamblea Legislativa debemos estrechar el diálogo sosegado para que fuera de imposiciones, busquemos soluciones reales y viables por y para el País. En ese ejercicio es nuestro deber estudiar y evaluar todas las alternativas que se han presentado con el fin de minimizar el impacto negativo en nuestra economía y en el bolsillo de nuestra gente.

Finalmente, les aseguro que en el desempeño de mi deber constitucional actuaré desde la autenticidad y la honestidad que me caracteriza, con la voluntad y responsabilidad que exige el momento histórico que vivimos.

Lo peor del IVA

Por: Zoé Laboy (@zoelaboy)

De entrada, agradezco el apoyo de los miles de seguidores de esta serie de columnas llamadas 'Proyecto de País'. Aclaro que coincido con los comentarios que recibí que cuestionan el título de la serie. Llamar a Puerto Rico 'país', en el contexto de sus problemas políticos, económicos y sociales, es un error. Puerto Rico es nuestra patria, pero no es un país. Es una colonia, un territorio no incorporado que, distinto a un país o un estado, no puede influir en los procesos políticos que le impactan. Y, ése es precisamente nuestro problema fundamental, y así lo entiende y expresó el Pueblo en noviembre de 2012, al rechazar contundentemente la relación territorial con el gobierno federal.

Vamos al tema. Los que defienden el IVA dicen que no es una mala idea. Después de todo, decenas de países lo han implantado con mayor o menor éxito. Obvian, sin embargo, que ningún estado de la Nación de la que somos parte lo ha adoptado. El problema no es únicamente el IVA, ni el IVU, es la improvisación constante, particularmente cuando la situación económica de Puerto Rico está como está. Un cambio de sistema de fiscalización y captación, sin ton ni son, trae inestabilidad, exactamente lo que debemos evitar a toda costa. Necesitamos atraer inversión y reforzar y sostener las industrias y negocios que ya operan, reduciendo el gasto de operación. El que ya opera, en este momento siente inestabilidad por la constante improvisación y falta de transparencia de este gobierno.

La supuesta lógica del gobierno central al implantar el IVA es que la tasa sea mayor para esperar que la captación sea mejor. Pero, cómo un IVA que procura cobrar transacciones en todos los eslabones de una cadena de distribución puede ser más eficiente que un IVU donde la línea de cobro es menor? El evasor siempre va a existir; ya sabemos cómo evade con el IVU. Y, el que no evade y el pueblo, sale peor. Tendrá que pagar más en cada transacción, encareciendo el costo de hacer negocios en Puerto Rico.

La respuesta al problema fiscal en la Isla se reduce a dos componentes: captación de impuestos y gasto gubernamental excesivo. Al fin y al cabo, lo que le pasa al gobierno no es muy distinto a lo que le pasa a un negocio que no cobra sus facturas y gasta lo que no tiene. A la larga, se va a la quiebra. Ahora bien, quién es bueno cobrando? Los municipios son, por su naturaleza y proximidad al pueblo, más eficientes en esto. El porcentaje de captación de las patentes municipales es relativamente alto. Es por eso que tenemos que mejorar el sistema actual y delegar lo delegable a los municipios para que ayuden con el problema de captación del IVU. No podemos tirar por la borda la experiencia que al momento hemos obtenido con la utilización del IVU; tenemos que usarla a nuestro favor y capitalizarla. Al apoderar los municipios, podemos implantar ideas que no solamente beneficien la captación a nivel central, sino que también podríamos incentivar a que los municipios verdaderamente exitosos sean parte de ese resultado.

El éxito en la captación nos debería llevar automáticamente a que se reduzcan las tasas contributivas. Eso redundará en desarrollo económico ya que un dólar en el bolsillo de nuestro pueblo, es un dólar más que estimula la economía. La otra parte del problema es el gasto gubernamental. Tiene que haber una reducción dramática, lo que este gobierno rehúye. Si hubiesen invertido el tiempo dedicado al IVA en estrategias de control de gastos y se hubiesen comprometido a hacer una re ingeniería de operaciones en todas las agencias y corporaciones públicas, no tendríamos por qué sacarle más dinero al pueblo.

En fin, necesitamos exigirle al gobierno central que escuche al pueblo en su reclamo de ni un impuesto más, la necesidad de una reducción en el gasto gubernamental y que se escuche el reclamo por la igualdad, seguridad y oportunidad que sólo lo garantiza la Estadidad.

De lo que hay que hablar

Por: María de Lourdes Santiago (@marialourdespip)

Al momento de escribir esta columna, está pendiente de resolución por el Tribunal de Primera Instancia la petición de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes para que se le permita leer la nueva versión del proyecto de ley que dispondrá para la mal llamada reforma contributiva y sobre la cual ese cuerpo (por disposición constitucional las medidas de recaudo tienen que originarse en la Cámara) votará en los próximos días. Creo que el dato es importante porque retrata de cuerpo entero la perniciosa dinámica que ha gobernado el trámite de ésta y otras medidas de muy severo impacto, como el desmantelamiento de los sistemas de retiro, la 'ley de transformación' de la AEE y el aumento al arbitrio a los derivados del petróleo. La secretividad y prisa que impone la mayoría parlamentaria, además de privar a las minorías del elemental derecho de estudiar las medidas, resulta en la aprobación de legislación tan distinta a la originalmente radicada, que prácticamente anula el proceso de vistas públicas, en el que la ciudadanía se expresó por una propuesta que poco tiene que ver con la que finalmente irá a votación.

Independientemente de los nuevos matices del proyecto sustitutivo, está claro que la única opción que piensa ofrecer la administración del Partido Popular Democrático es aumentar significativamente el impuesto al consumo, cuyos efectos inmediatos serán el empobrecer aún más a los que menos tienen, y una contracción económica especialmente perjudicial para el comerciante puertorriqueño. Transitando a toda velocidad por esa sola vía, han logrado que la discusión pública se convierta en un debate pequeño, adornado por escaramuzas y cartas. Para los legisladores PPD, el botín mediático se da por conquistado si logran proyectarse como magnánimos porque a la propuesta de Fortaleza de un 16% han respondido, con un arrojo que envidiaría el legendario Cofresí, con un IVA variable de hasta 14%.

Entreteniendo al país con su 2% más o 2% menos, el PPD cómodamente ha esquivado la discusión de los temas de fondo. En primer lugar, la adjudicación de responsabilidades por la debacle de hoy. Con la letanía de 'no es momento de echar culpas', se ahorran la necesaria explicación al país sobre la complicidad rojiazul: gastaron más de lo que tenían, alimentaron el partidismo y la incompetencia que él generó en agencias y corporaciones públicas, y abusaron de los mecanismos de financiamiento, a sabiendas de que no se contaba con fuente de repago. Pero la culpa, como siempre, es huérfana.

En segundo lugar, se debe explicar por qué aumentar el costo de vida en un país que lleva ocho años de recesión es la respuesta idónea a la crisis fiscal, superior a otras propuestas, como la de aumentar y extender la sobretasa a las corporaciones foráneas, y la revisión de los privilegios contributivos que han sangrado los recursos comunes para favorecer a los grandes capitales. Y finalmente, —considerando que se acerca el mensaje sobre la situación del Estado y la presentación del presupuesto, hay que hablar de la vida después del IVA. Veremos al fin un mapa de ruta que parta de una radiografía honesta del aparato gubernamental? Juzgando por lo que hemos visto, pocas son las esperanzas de que, dejado a su aire, el PPD hable de lo que realmente hay que hablar.

No van ni a mirar los errores del pasado, porque se siguen cometiendo hoy; no quieren considerar otras alternativas de recaudo porque ni de lejos tocarán ciertos intereses y no plantearán qué van a hacer mañana por la muy legítima razón de que no tienen idea. Así que, mirándolo bien, quizás el problema es que en esa conversación esencial que nos debemos como país, esta administración no tiene nada que decir.