El representante José 'Conny' Varela, radicó una resolución, para crear una Comisión Especial que revise y reforme la Constitución de Puerto Rico.

'En esta Comisión se atenderá y evaluará las diversas propuestas de enmiendas a la Constitución traidas en el pasado como en el presente, para mejorar la situación social, económica y política de Puerto Rico. Es la mayor aportación que, como legisladores electos, podemos dejar a las presentes y futuras generaciones, en reconocimiento al extraordinario ejercicio de reclamo democrático vivido recientemente', explicó Valera en un comunicado de prensa.

La Comisión se compondrá de siete representantes y siete senadores. Además llevarán a cabo vistas públicas en toda la Isla para recibir testimonios orales o escritos de todos aquellos ciudadanos interesados en contribuir sus ideas 'con el fin de obtener sus recomendaciones para que nuestra Constitución cumpla con los principios fundamentales del derecho internacional y que dé agilidad y solución expedita a situaciones como las ocurridas en las pasadas semanas'.

El legislador por Caguas indicó que la Comisión deberá rendir un informe con sus recomendaciones, así como las propuestas de enmienda a la Constitución que surjan, no más tarde de los primeros seis meses de la aprobación de esta resolución concurrente.

La medida propone además que esas posibles enmiendas a la Constitución sean presentadas al Pueblo en las próximas elecciones, siempre observando que no se lleve a votación más de tres enmiendas por referéndum.

'El Pueblo exige acción concreta a la mayor brevedad posible. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa es el mecanismo adecuado para un proceso amplio, de participación ciudadana, que canalice y divulgue todos los esfuerzos relacionados a este transcendental reto', añadió el portavoz de la Comisión de Gobierno por el Partido Popular Democrático.

Tras la salida del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares, la vigencia de la Constitución de Puerto Rico se ha puesto en cuestionamiento tras las enmiendas que se le han hecho como la Ley 7 de 2005, de la cual se aferró Pedro Pierluisi para subir a la gobernación, donde se alegaba que un secretario de Estado no necesitaba la aprobación de la Cámara de Representantes y del Senado para fungir en el caso de la salida del Gobernador.