El uso de la bicicleta en Puerto Rico es una actividad en constante ascenso, tal cual ocurre en todo el globo terráqueo. Durante el año 2011 en Italia, la venta de bicicletas superó la venta de automóviles. Se estima, además, que cerca de 200,000 bicicletas regresaron a rodar en las carreteras luego de estar abandonadas en las casas. Durante ese año, las ventas de bicicletas en Grecia aumentaron entre un 20 a 25%. Sólo en el límite territorial de Atenas, se abría una nueva tienda de ciclismo mensual. En el año 2012, España reportó una reducción de ventas de autos de un 30% versus un incremento en ventas de bicicletas de un 4%. Para el 2014 la venta de bicicletas creció un 5.2 %, con 1.1 millones de unidades rodando.

En el Reino Unido, British Cycling, organismo rector del ciclismo en esa nación, reflejó un incremento de sobre 50,000 miembros en el año 2012. El mayor número de miembros desde su fundación en el año 1959. Para ese mismo periodo de 2012, las ventas de bicicletas en el Reino Unido aumentaron en un 15%. Ante la abrumadora congestión de tránsito en la ciudad de Moscú, donde los motociclistas pierden 15 horas a la semana inmovilizados en el tapón, las autoridades públicas con el propósito de facilitar la movilidad en la ciudad autorizaron la inversión de 20 millones de dólares para la construcción de infraestructura adaptada al ciclismo. En enero de 2015, el Síndico de la Cuidad de Santo Domingo, República Dominicana, anunció el desarrollo de carriles exclusivos para ciclistas e infraestructura para fomentar la seguridad en las carreteras.

Las Naciones Unidas bajo su Consejo Económico y Social, aprobó la Convención de Viena para el Tráfico en las Carreteras de 1968 la cual reconoce el derecho de los ciclistas a rodar por las carreteras. Adaptando este principio a sus exigencias sociales y culturales, cada Estado maneja lo relativo al uso de la bicicleta.

En Puerto Rico, el Capítulo 11, de la Ley 22 del 2000, sigue la pauta de las Naciones Unidas en la reglamentación del uso de las bicicletas en las vías públicas. Esta ley, en comparación a legislaciones foráneas, atiende adecuadamente el uso de la bicicleta. Sin embargo, países europeos, Oceanía, América del Norte y del Sur coinciden en que más allá de obligar el uso de un casco o rodar por el carril derecho, es esencial educar e informar a la comunidad entera sobre el uso de la bicicleta y la seguridad en las carreteras.

Los recientes accidentes fatales contra los ciclistas ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en ese proceso de formación social. La negligencia, poca importancia o respeto de los conductores en el volante nos exige desarrollar una conciencia colectiva sobre la seguridad en nuestras carreteras. Contrario a otras disciplinas deportivas que por su propia naturaleza se sectorizan, la comunidad ciclista puertorriqueña es pluralista, activa y vocal. La aptitud que exige el ciclismo, ya sea recreativo, competitivo o incluso como simple medio de transporte, desarrolla en el ciclista una especial sensibilidad a la seguridad, al medioambiente y a su entorno.

Quizás eso explica la solidaridad de toda la comunidad ciclista con sus colegas víctimas por accidentes de tránsito; y la ausencia de ataques viscerales contra los victimarios. A fin de cuentas, les corresponde a las autoridades públicas investigar cada incidente en su propio contexto y proceder conforme dispone la ley.

La Ley 22 del 2000, el Código Penal de Puerto Rico y las disposiciones que imponen responsabilidad civil, atienden satisfactoriamente el tema de los accidentes contra ciclistas. Las circunstancias no deben permitir que estos lamentables eventos se diluyan en discusiones sobre la necesidad de incrementar penas o de imponer multas. Las energías y los recursos se deben dirigir a identificar alternativas para evitar estos accidentes en lugar de repararlos con mecanismos desproporcionados luego de ocurrir la desgracia.

En esta lamentable coyuntura, como mínimo las autoridades públicas deben hacer uso del capital intelectual y técnico de la Federación de Ciclismo de Puerto Rico y de la comunidad ciclista en general para repasar los planes para la seguridad en nuestras carreteras. Como todo proceso de formación, la educación sobre la seguridad en las carreteras requiere esfuerzo, pero contando con la participación decisiva de los protagonistas; los ciclistas.

*El autor es asesor en Derecho de Deportes y ciclista.