Hace unas semanas se celebró por primera vez en los municipios de San Juan y Ponce, la X conferencia de ISTR (International Society for Third Sector Research), organización dedicada al estudio del tercer sector alrededor del mundo. Conferenciantes, profesionales en el tema, expertos en la materia de Latinoamerica, Europa, Sur África, entre otros, se reunieron para conversar sobre los estudios más recientes de esta industria a nivel global. Dentro de los temas incluidos se encontraban la innovación social, la desigualdad social y económica, la inclusión, la participación ciudadana, la democracia participativa, el voluntariado, y la sociedad civil en el campo de la política pública. Es interesante que todos los estudios globales sugieren que el tercer sector continuará en crecimiento y por el momento no hay señales de reducción, todo lo contrario, se apuesta que continuara teniendo aún más impacto y relevancia.

Según el mensaje que dio la profesora Marcia Rivera, invitada especial en la ceremonia inaugural, de los resultados obtenidos el más alarmante es el nivel global de desigualdad económica y social, situación que también vivimos aquí en la Isla.

Sin embargo, el tema que quiero compartir con ustedes -el cual todos los estudios señalaban que parecía ser el elefante blanco en el salón- fue el que las ONG a nivel mundial se encuentran restringidas de su potencial y obstaculizadas por sus respectivos gobiernos. Esa relación entre gobierno y tercer sector se encuentra frágil y con vías de comunicación muy pobres. Esta dinámica ocurre en muchos países y se ve de tal manera: niveles muy bajo de transparencia en los gobiernos para los trámites, inestabilidad económica, crisis de representación y que los trabajos que generan estas organizaciones no están teniendo espacio en el diálogo político. Existe una falta de confianza y capacidad entre la sociedad civil y el gobierno para ejecutar política pública que vaya en acorde con las realidades sociales y económicas.

Este diálogo se está llevando a cabo en un momento histórico en donde el Gobierno de Puerto Rico, a petición de los acreedores, está desarrollando un plan de reestructuración fiscal donde se reconocerá el tercer sector y su impacto económico y social. Para poner las cosas un poco en perspectiva, en Puerto Rico tenemos sobre 11,000 entidades sin fines de lucro que sirven a unas 700,000 personas. En otras palabras, este sector sirve al 20% de la población del país. Esa última oración amerita leerla dos veces.

Todas estas organizaciones proveen un servicio que tiene un costo siete veces menor que si el gobierno lo realizara. El tercer sector cuenta con casi 400,000 voluntarios (otro tema de suma importancia en la conferencia) que representan más de 23,000 empleos a tiempo completo y $356 millones para la economía. Además, con una nómina de 2.2 millones y gastos globales anuales que suman casi el 7% del producto bruto nacional.

Estos datos son impactantes de por sí, pero lo que para mí es aún más relevante es que la gran parte de esa población está compuesta y servida por jóvenes.

Jóvenes... aquí la oportunidad que yo creo que no estamos viendo bien. Una de todas las crisis que estamos enfrentando todos juntos como país es la emigración, particularmente de los jóvenes mas preparados, hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo. Es importante reconocer que nosotros, los jóvenes -alias los 'millennials'- miden el éxito por cuánto impacto están teniendo en la sociedad y en su comunidad. Dicen que las crisis representa una oportunidad, pues aquí tenemos una que no le estamos poniendo la atención que merece.

Cómo va ser que un sector que sirve a 20% de la población y emplea a sobre 200 mil personas no tenga representación en el desarollo de nuestra política pública?

Estarán estas organizaciones bien representadas?

Cómo va ser que la Oficina de Gerencia y Presupuesto ordenó congelar $1,172,000 del presupuesto que nutre a estas organizaciones y le acaban de otorgar $10.1 millones a FEMA?

Dónde están las prioridades? Dónde está la urgencia para atender a nuestra gente primero?

Cómo va ser que con este impacto no existe la comisión de las ONG en el Senado y en la Cámara de Representantes?

Una de muchas posibles soluciones es integrar lo que hizo Australia. En el 2012, el gobierno de Australia creó la 'Australian Charities and Not-For-Profit Commission' que se encarga de regular sobre 56,000 organizaciones sin fines de lucro y busca armonizar las leyes de recaudación de fondos del estado.

Aquí un ejemplo de algo que podemos legislar que pudiese ser de gran impacto para la ciudadanía.

Me parece que no estamos mirando profundamente algo que puede ser, si bien manejado, base para ofrecerle a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, a los que no se quieren ir de aquí y que desean tener una carrera de impacto, una plataforma viable para aportar al país de la mejor manera.

Como dice el planificador canadiense, Rollin Stanley, '[la] participación ciudadana es base para el desarrollo económico, gobierno efectivo y las oportunidades.'

Este sector, bien atendido, pudiese ser una plataforma con el potencial de generar miles de empleos, actividad económica vía los 'entrepreneurial non profits' o 'start up non profits', mientras simultáneamente atiende a una población cada vez más pobre y anciana; humanizando más nuestro gobierno, haciéndolo más eficiente ante estándares globales y conservando nuestro capital humano, nuestra gente.

Mis hermanas y hermanos, aquí hay tela de donde cortar.

Como se vería un gobierno que facilite y no obstaculice?Uno que cree las causas y condiciones para un ecosistema que empodere a este sector a que continúe su patrón de desarrollo y logré llegar a su máximo potencial?

Tenemos sobre 40% de nuestra gente bajo el nivel de pobreza; hay muchas personas por atender.

Echémosle un vistazo!

*El autor es activista social, voluntario, emprendedor, y cofundador de Gustazos.