La facción que paraliza hoy al partido de gobierno en la Legislatura se siente en control. Actúan con la misma actitud que caracterizó a los estudiantes que organizaron y condujeron la última 'huelga' en la Universidad de Puerto Rico. No es posible negociar ni llegar a acuerdos. Sus exigencias son insaciables. Parecería que buscan el tranque por el tranque mismo. El cisma que se ha abierto dentro del PPD no se limita al tipo y filosofía de una transformación del sistema de impuestos. El cisma se da tambien en torno al tipo de democracia por el que se desarrollarán los procesos que generan las decisiones.

Las pretensiones de los representantes que aparentan seguir el liderato de la alcaldesa de San Juan están revestidas de un lenguaje que reclama un grado de participación que no es el contemplado por la democracia representativa. Las tácticas aplicadas durante la llamada huelga, en el contexto de una administración timorata e incapaz de hacer cumplir la ley y los reglamentos por temor a la reacción política, paralizó la institución y triunfó en sus objetivo estratégico, v.gr., infligir daño político al gobernador de entonces.

En la encrucijada en que se encuentra la economía de Puerto Rico, la facción soberanista de la Camara de Representantes pretende jugar con un libro de reglas distinto. Pretende forzar a la delegación de PPD y al Ejecutivo a jugar con el libro de reglas de la democracia participativa. Por un lado reclaman igual jerarquía constitucional que la Rama Ejecutiva. Por otro lado, claman por una participación 'amplia' e indefinida de organizaciones supuestamente componentes de la llamada 'sociedad civil'. Claro, luciría que los componentes que se desea que entren a formar parte del dialogo con el Ejecutivo son aquellos que se inclinan a favor de las posiciones de la facción que hoy le hace frente al Ejecutivo. De lo contrario, se estaría clamando por la incorporación de grupos que diluirían la fuerza que ha producido la presente composición legislativa. En esa composición coexisten tres grupos. La delegación del partido de oposición sólidamente en contra de las propuestas del Ejecutivo; la delegación disciplinada del partido de gobierno; y la facción pequeña, pero suficiente para vetar la aprobación de cualquier medida legislativa en la Cámara de Representantes.

La distribución del poder que hoy se da en la Legislatura y el apalancamiento que la tecnología y las comunicaciones instantáneas ofrecen por vía de las redes sociales, provocan un situación que raya en la ingobernabilidad. El partido de mayoría ha perdido la capacidad para gobernar a pesar de los escaños que obtuvo en las elecciones.

El discurso político no guarda relación con la realidad que se desprende de los números que cuentan. Es decir, de los datos fiscales y financieros que evidencian la profundidad y amplitud de la crisis del gobierno. La escasa credibilidad que aun es depositada por la opinión pública en el gobierno le hace muy difícil conducir el debate. La gente no cree, no entiende, y creo que tienen deseos de entender, el estado de situación. La gente quiere pensar que la crisis y las consecuencias que se anuncian por el Ejecutivo, se trata de una mentira urdida para lograr legislación impositiva. Peor, la opinión cultivada por el partido de oposición es que la mentira urdida es parte de una maquiavélica maniobra dirigida a generar recursos que serían luego utilizados con fines electorales.

La inmensa mayoría del público no entiende ni quiere entender ni siquiera los elementos básicos de la propuesta del Ejecutivo. Es más fácil optar por engañarse y aferrarse a supuestas alternativas que, de forma simple y sin dolor, despejen las advertencias y los llamados al sacrificio. Nadie está en disposición de prestar atención a lo que explica el Gobernador. No le creen. No quieren creerle. Creerle impondría una carga muy grande. Habría que considerar la acción. Habría que admitir la gravedad de la situación financiera del Estado. Habría que aceptar el sacrificio.

He criticado al gobernador desde que asumió el cargo por su exagerado optimismo. Así como el ex Primer Ministro del anterior gobierno Socialista de España se empeñó en borrar del diccionario de la Real Academia la palabra 'crisis' pensando que con ello la erradicaría, el Gobernador sólo hablaba de sus logros en el ámbito económico. No importaban los datos, no importaban las opiniones informadas de quienes dábamos la voz de alarma, no importaban las señales que enviaban los mercados de capital a través de las casas de evaluación del crédito. Al parecer, fue convencido por sus asesores, o llegó él por sí mismo, al convencimiento, de que la propaganda oficial provocaría la recuperación económica y fiscal. Pues no, todo lo contrario. Lo que provocó la propaganda oficial divorciada de la realidad y el optimismo bobo de los publicistas, fue que se rompiera el frágil cáliz de credibilidad del que ha de tomar el líder para conversar con el pueblo. Hoy el pueblo no le cree ni le quiere creer.

Escuchar y considerar la explicación del Gobernador conllevaría aceptar que estamos jugando beisbol con pelota dura. Habría que aceptar que la distancia entre las bases es de 90 pies y la verja del jardín central está a 400 pies del plato. Habría que aceptar que no estamos jugando softball. Habrá que tener cuidado con un pelotazo porque la esférica no es ni grande ni blandita. Habrá que aceptar que, como pueblo, nos hemos equivocado nuevamente. Ahora el Gobernador tiene razón. Ahora las supuestas alternativas que lanzan improvisadamente quienes no han profundizado en la naturaleza, profundidad y amplitud de la crisis, no son suficientes para ahorrar en el gasto ni para generar los recursos necesarios.

El Gobernador tiene la razón cuando dice que para mantener el nivel de gastos crecientes que confronta el gobierno se requiere confrontar una necesidad de $1,500 millones anuales. Esa magnitud tendrá que levantarse por vía de una combinación entre recortes presupuestarios y aumento en los recaudos. El Gobernador tiene razón cuando explica que el IVA es, en realidad, una forma eficiente de cobrar el IVU. Por ello, vociferar contra el IVA no es otra cosa que rechazar una mejor captación del IVU. El Presidente del Senado tiene razón cuando exige que la economía presupuestaria por el lado del gasto tiene que acercarse a los $1,000 millones. El Gobernador tiene razón cuando dice que se acabó el tiempo y que un cierre parcial de gobierno es probable. Las supuestas soluciones que ahora se escuchan requieren tiempo y capital. De ahí que no están disponibles en el corto plazo, dado que no se cuenta ni con lo uno ni con lo otro.

*El autor es economista.