Me parece que ya toca sonar el timbre de la memoria. La situación en la que nos encontramos tiene su historia y motivaciones. Pasemos a recordar, aunque sea un poco.

Fui abogada de las comunidades que se oponían a la construcción de la Ruta 66 en aquel caso, cuando en el año 2000, el Tribunal Supremo ordenó la paralización de la construcción que se realizaba en desacato de una orden judicial. Parte de los argumentos estaban sostenidos sobre consideraciones de costo-efectividad. La alternativa de construir elevados en la 65 de Infantería, convirtiéndola en expreso habría sido mucho más económica, entre muchos factores, porque se evitaban las cientos de expropiaciones de comunidades enteras y la construcción sobre cuerpos de agua. Se realizó un estudio detallado comparando ambas alternativas, y la segunda, sobresalía por decenas de millones.

Luego los ambientalistas nos sumamos a la oposición pública a la construcción del Tren Urbano (no como vía de transporte) sino por la manera en que estaba diseñado y la ruta seleccionada. Denunciábamos entonces, que ocurriría lo que hoy vemos con pavor, como si no hubiese podido ser previsto. El elefante blanco terminaría siendo una alcantarilla. Es cuestión de tiempo.

He visitado Japón en dos ocasiones. La primera vez, antes de que se comenzara la construcción del tren urbano. En esa, tomé el Shinkansen, el más veloz del planeta y que mueve millones de pasajeros al día en líneas que recorren todo el país. Las paradas o estaciones de este tren bala, son como las regionales de cualquier lugar de Europa. Un techo para guarecerse de la lluvia, unos banquitos donde sentarse, y en algunos casos, una estación que no es más que una pequeña estructura cuadrada, parecida a un cuarto, donde hay máquinas para la venta de boletos y alimentos o refrigerios. Acá, por el contrario, para unos pocos kilómetros, cada estación tuvo unas dimensiones y costes decididamente alucinantes y viciosos.

Veamos otro ejemplo. En el 2008 ocurrió un deslizamiento en el Barrio Unibón de Morovis que se llevó la carretera estatal PR 159. Los estudios geológicos en manos de la Autoridad de Carreteras y otras agencias demostraban que el evento fue provocado por las acciones de un desarrollista que removió la ladera de la montaña, ocasionado que ésta quedara desprovista de soporte. Dicho sea de paso, el conocimiento del peligro era conocido antes de que se otorgaran los permisos. El Estado no cobró de aquel ni de su aseguradora, los daños provocados. La reparación, la pagamos nosotros y superó lo diez millones de dólares. Como este caso, podría hacer un listado, y seguir sumando millones hurtados del erario.

Igual habría sucedido si se hubiese construido el gasoducto, proyecto que sigo y seguiré pensando, que era bien conocido que su realización no iba ocurrir dada la geomorfología de la zona. Lo importante era impulsarlo y repartir los millones, a sabiendas de que no iba a suceder. Y es que en toda esta ecuación, el robo burdamente diseñado, no puede pasar desapercibido.

Siga sumando.

Añada, además, la cruel ironía más reciente, de aprobar un impuesto sobre los derivados del petróleo, que encarecerá aún más el costo de vida (el energético, entre otros) acompañándolo de una asignación de 99 millones para sandeces disfrazadas con el eufemismo de 'obras'. Se destacan las pistas de patinaje sobre hielo, en esa lista de imbecilidades. Claro está, en la asignación no se contemplan los consecuentes gastos de mantenimiento, reparaciones y los siniestros cambios de orden, tan comunes en nuestro corrupto y venenoso organigrama. Todo, para seguir dándole vueltas a la noria y sin soluciones significativas para romper con el fallido modelo.

Hace unos meses denuncié, sin que lograra ninguna repercusión, que mientras en el país proliferan viviendas y proyectos residenciales abandonados por completo, se hayan otorgado contratos por la suma de 174 millones, para la construcción de tres residenciales públicos. Los beneficiados son los sospechosos usuales, los desarrollistas cuya existencia depende del clientelismo político, en esta degradada cultura del 'pay for play'.

Cuando los ambientalistas llamamos la atención sobre el mal manejo del dinero público para construcciones que tenían alternativas de planificación más económicas y sustentables, se nos tildó de 'ecoterrosistas'. Ese fue el título que llevó la columna de un 'analista', quizás contratista del gobierno, y que acuñó en los sectores que se beneficiarían de la jauja. 'Es que están en contra del progreso', decían. Así se atacaba al mensajero, y se esquivaba el mensaje. La sanidad en la administración del erario no era asunto del cual preocuparse. Al contrario, el tesoro público era amplio y muy apetecido por políticos e inversionistas.

El mal manejo de la Autoridad de Carreteras, de Obras Públicas y otras, no responde a la ignorancia. Ha sido un modelo impuesto, tras deliberado y muy bien concebido patrón de corrupción. No había que ser un matemático brillante, ni economista destacado para saber que las dimensiones de las 'obras', y la consecuente deuda que asumíamos para 'costearla' no eran viables.

Y no podemos pasar por alto, la sangría que ocurre mediante la otorgación de contratos. Aquellos para abogados (en agencias y municipios que cuentan con divisiones legales) para asesoría (que no se conoce de qué se trata) y cientos de otras cosas innecesarias, en instrumentalidades que se convierten en la madriguera que acoge políticos fulminados y clientes partidistas. Sería una gran aportación, el que un periodista investigativo, indague sobre cuanto le cuesta anualmente al fisco, esta práctica nociva. Hay que dejar clara la historia. Por eso repaso, apretadamente, las advertencias que se hicieron y se decidieron ignorar por las razones antes esbozadas.

Ya es hora, de que el país entienda, de una vez, que nos encontramos en una depresión económica. Hace tiempo dejó de ser una recesión y eso bien lo saben los economistas y los administradores del país. Me irrita, el ninguneo, que se nos mienta, y se nos trate como a neonatos sin educación, malicia y memoria.

Es hora también de reconocer a los planificadores, científicos, académicos y ambientalistas honestos que advirtieron a tiempo el desastre que se pudo haber evitado. Es tiempo de que se les comience a escuchar y respetar.

*La autora es Catedrática de Derecho en la Universidad Interamericana.