Nuestro paisaje está repleto de estructuras abandonadas, hay áreas que parecen cementerios de viviendas. Ellas van desde unidades unifamiliares hasta edificios y urbanizaciones cuyos propulsores abandonaron a medio construir, hasta aquellas finalizadas que no encontraron mercado. A esas hay que sumarle las miles ejecutadas por los bancos.

Ahora se nos anuncia que el Estado entrará en una APP con los constructores de 'hogares' para la edificación de tres residenciales de interés social en San Juan, Hato Rey y Gurabo, respectivamente. Para ello, se destinará la modesta suma de 174 millones de dólares! A la postre, el monto siempre se multiplica.

Simultáneamente, se enmienda la ley de las APP para establecer procedimientos expeditos para proyectos cuyo costo individual sea menor de 50 millones. Qué casualidad, no? Adiós a las subastas, procedimientos de evaluación ambiental y otros. Al parecer la ley de permisos y su kilométrico reglamento, preparados en un bufete de Hato Rey en beneficio de los desarrollistas y que dicho sea de paso, tuvo el efecto de cerrarles las puertas a los tribunales a las comunidades que cuestionaban la sabiduría ambiental de determinado proyecto, no les fue suficiente para el sector de la construcción. Quieren más.

Por qué no rescatar, habilitar y destinar para vivienda de interés social las miles de unidades de vivienda ya existentes? Los costes serían, sin dudas, significativamente menores. A quién benefician los millones en fondos públicos (sí, esos que salen de su bolsillo y el mío) que se destinarán para construcciones nuevas? La pregunta es retórica, usted bien sabe la respuesta.

El Estado tiene los instrumentos para declarar como estorbos públicos las viviendas abandonadas o para expropiarlas a precios descontadísimos. Puede además, licitar en las subasta de los bancos, en propiedades que se venden casi a peseta, porque no pueden salir del alto inventario que poseen. Solo bastaría rehabilitarlas mediante el trabajo de empleados públicos (a modo de ejemplo, la Autoridad de Edificios Públicos) para su ocupación. Y por qué no, requerir a los nuevos residentes que colaboren con labores de pintura y otras para los cuales tengan habilidades. De este modo, comenzaríamos a alejamos del modelo de dar sustento sin exigir algunas responsabilidades, lo que tanto a carcomido nuestra idiosincrasia y se repueblan, además, zonas abandonadas y que se encuentran en áreas urbanas.

La quiebra personal o la de un pequeño comerciante la tiene que asumir éste. Aquella de las corporaciones de desarrollistas que ignoraron las señales del mercado; la recesión; que se aprovecharon en crear un mercado artificial, especulativo y de precios inflados para la ganancia fácil que alimentara el apetito de la ambición, se le pasa a los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. Qué contradicción! (Por no decir lo que amerita.) La diferencia entre los primeros y los segundos, es que aquellos son aportadores importantes a las campañas partidistas. Para ellos se gobierna y legisla. Al país le consta ya, por sobradas experiencias, que la otorgación de este tipo de contratos, en gran parte responde al viral clientelismo político.

Para los otros grandes financiadores de campañas, la banca, el gobernador hace unos días vetó una ley que les habría hecho responsables del pago de la cuota de mantenimiento de las propiedades que han reposeído o embargado y de las que ahora son dueños. Estas cuotas, ahora tendrán que asumirlas los demás vecinos de urbanizaciones y condominios con control de acceso, que no tienen culpa de los desaciertos de la banca cuando decidieron, solitos, sin nuestra participación, otorgar préstamos hipotecarios venenosos.

El país no lo puede permitir más. Esa estratagema está amparada en la privatización de los escasos fondos del erario público, tan pertinentes para atender necesidades apremiantes. Los que aún tenemos el privilegios de contar con un empleo, no tenemos ni queremos, sostener más el mantengo corporativo. Un país no se construye privilegiando a quienes corrieron la suerte del riesgo especulativo y en detrimento del colectivo ciudadano que no participó de los desvaríos.

*La autora es Catedrática de Derecho en la Universidad Interamericana.