Al recordar los discursos del pasado conflicto huelgario en la Universidad de Puerto Rico es notable que el principal propósito del movimiento estudiantil fue evitar el impacto de la cuota en el acceso a la educación superior pública y en la autonomía universitaria.

La implementación de la cuota limitaba el acceso a la Universidad porque la hacía más cara y reducía la autonomía universitaria al imponer una cuota sin consulta, sin participación y sin rendición de cuentas a la comunidad universitaria.

A raíz de estos conflictos, el Partido Popular Democrático (PPD) se ocupó de atender los asuntos universitarios en su Programa de Gobierno. Específicamente, la página 154, incluye dos aseveraciones de particular relevancia en cuanto a la transferencia de fondos universitarios al Hospital Municipal de San Juan y al aumento en el costo de matrícula que ahora busca imponer la recién nombrada Junta de Gobierno de la Universidad.

'Es nuestro deber asegurar que cada dólar que debe ir a la Universidad, llegue a ella', reza el programa de Gobierno del PPD. Sin embargo, el Municipio de San Juan logró la aprobación del Proyecto de la Cámara 1255, el cual mediante legislación reasigna $3 millones de dólares de la Universidad al Hospital Municipal de San Juan.

Cómo es que reasignar fondos universitarios al Municipio de San Juan asegura que los recursos que corresponden a la Universidad lleguen a ella? En la promesa del Programa de Gobierno del PPD, 'ella' se refiere a la Universidad, no a la Alcaldesa. Mediante sus actos, la honorable Carmen Yulín Cruz promovió que recursos universitarios se transfirieran de la Universidad a su Municipio, sin consulta, sin participación y sin rendición de cuentas a la comunidad universitaria. Esta actuación constituye una patente violación a la autonomía universitaria y al control que debe ejercer la Junta de Gobierno sobre la administración de fondos universitarios.

La segunda aseveración en el programa de Gobierno del PPD dice: 'la Universidad debe prescindir de esquemas tarifarios que afecten inequitativamente a los estudiantes'. No obstante, la recién nombrada Junta de Gobierno aprobó un presupuesto que incluye un nuevo aumento al costo por crédito aplicable solamente al estudiantado de nuevo ingreso.

Se trata del aumento implementado por el expresidente, Antonio García Padilla, y que venció el 30 de junio de 2013. Empero, la nueva Junta de Gobierno decidió extender su vigencia y aumentar así el costo de la educación superior pública en Puerto Rico.

Acaso asegura la equidad el propuesto esquema tarifario? Si la cuota no lo hacía, mucho menos lo asegura cobrar diferentes precios a diferentes estudiantes por una misma clase o por un mismo grado académico. Menos equitativo resulta que el costo de estas clases y grados académicos se fije a base de una clasificación a todas luces arbitraria como lo es el año de admisión.

Sin duda alguna, el nuevo aumento en matrícula falla en ser equitativo toda vez que agudizará el problema de pobre acceso a la educación superior pública que sufren estudiantes en hogares de bajos ingresos y que asisten a escuelas en riesgo. Por ejemplo, para este sector estudiantil el aumento conllevará una correspondiente reducción de los recursos que obtendrán mediante la Beca Pell. Además, conllevará un correspondiente aumento en el dinero que pagarán por concepto de intereses sobre préstamos estudiantiles. Precisamente la población estudiantil con menos poder adquisitivo es la que recibe la Beca Pell y la que tiene que tomar prestado para pagar por su preparación académica; por lo que será esta población la más afectada.

Este atentado al acceso a la educación superior pública fue precisamente lo que se buscó evitar durante el pasado conflicto huelgario. No sólo por violar la autonomía universitaria, sino por su efecto adverso al desarrollo de una sociedad más equitativa, más participativa y más justa.

Hoy en día no es diferente el análisis. Las medidas impositivas que la nueva Junta de Gobierno propone tendrán el mismo efecto nocivo que aquellas que combatió nuestra generación; generación de universitarios que ahora públicamente expresa su desaprobación a los aumentos en los costos de estudio por vía del nuevo aumento escalonado al estudiantado de nuevo ingreso. Egresados y egresadas——algunos y algunas todavía estudiantes——como David Carrasquillo Medrano, Teresa Córdova Rodríguez, Andrés González Berdecía, Guillermo Rebollo Gil, Roberto 'Bobby' Vázquez, Xiomara Caro, Shirley Ann Rosado, René Vargas Martínez, Gamelyn Oduardo Sierra, Ibrahim García González, Jorge Farinacci Fernós, Luis Alberto Zambrana, Gabriel E. Laborde, Álvaro L. Moreno Ávila, Rashid Marcano Rivera, Viviana González Seda, Karla Marie Ostolaza, Aura Colón Solá, Raysa López, Franceliz Sanabria, Giovanni Roberto, Alejandra Namerrow Pastor, Dalianna Carrero Rivera, Abner Y. Dennis, Mariana Iriarte, Radelies Amill Hernández, Deliluz Roubert Echevarría, Mariana Muñiz Lara, Noeli M. Pérez de la Torre, Héctor J. Claudio Hernández, Tania M. Negrón, José Rodríguez Irizarry,Irisel Collazo Nazario, Bristol A. López Rodríguez, y este servidor, Aníbal Núñez González, denunciamos hoy la transgresión al derecho a una educación superior pública, tal y como lo hicimos en el 2010 y en el 2011.*

Esta generación de universitarios pospuso su graduación, realizó desobediencia civil, sufrió abuso policial y hasta fue víctima de persecución política por la anterior administración universitaria, todo con tal de preservar la existencia de nuestra Universidad.

Ahora, esta generación de estudiantes exhorta a la actual administración universitaria a no hacer lo mismo que la que vinieron a reemplazar. Además, y tal vez más importante, se exhorta al actual estudiantado a seguir alerta y en pie de lucha.

Por qué la Universidad tiene que transferir $3 millones de sus fondos al Hospital Municipal de San Juan cuando al mismo tiempo se alega una necesidad de imponer más cargas económicas al estudiantado? Los recaudos del aumento de matrícula se estiman en menos de lo que la Asamblea Legislativa y la Alcaldesa de San Juan toman de la Universidad. Por lo tanto, no hay una necesidad improrrogable de imponer cargas económicas adicionales cuando la Universidad cuenta con los fondos necesarios para evitarlas. No es sana administración pública imponer cargas a la educación universitaria para sufragar gastos operacionales de otras agencias o municipios. Si el dinero es indispensable para el Municipio de San Juan, existen sobre 100 agencias no relacionadas a la educación que pueden sufragar la transferencia.

En fin, no se trata de un asunto complicado. Al igual que en el pasado, esta controversia versa sobre la voluntad de los líderes políticos en respetar la autonomía universitaria, respetar sus fondos y respetar el derecho a una educación superior pública. Respeto. Eso es todo lo que exige la comunidad universitaria. Eso es todo lo que siempre exigió.

*El autor fue miembro del Comité Negociador durante la huelga de la UPR en el 2010. Las personas nombradas suscriben solamente el párrafo en el cual fueron nombradas y no necesariamente suscriben el artículo en su totalidad.