El P de la C 832, sometido a las 8:57 de la mañana del 19 de febrero de 2013 por el Presidente de la Cámara de Representantes y la delegación del Partido Popular Democrático, y aprobado unas horas más tarde del mismo día, es un extraordinario ejemplo de lo que no debe hacerse en el ámbito parlamentario. Ninguna medida legislativa debe aprobarse sin que haya sido estudiada seriamente y tenga un informe de comisión que la avale; sin que haya habido la posibilidad de recibir insumos externos a las visiones propias del cuerpo; y menos aún, sin que se haya informado debidamente a los medios de comunicación y a la población sobre lo que se pretende legislar. Salvo en casos de emergencia nacional, el proceso de consideración de las medidas que se convertirán en leyes - y que regirán la vida económica, política, social y cultural de una sociedad- debe ser ponderado, transparente y abierto al escrutinio público. Sin ello, la democracia se convierte en una gran falacia. La acción de la Cámara, catalogada como 'histórica' por sus líderes, confirma una vez más, la confusa realidad de Puerto Rico y el peligro inminente de colapso de nuestra democracia.

Si algo ha convocado a todos los puertorriqueños - más allá de ideologías, adhesiones partidistas, creencias religiosas, grupos etarios o sociales - es la convicción de que desde hace muchos años nuestra legislatura no funciona bien. No lo hace en muchos sentidos: se ha convertido en un sello de goma del Poder Ejecutivo; su producción legal e investigativa es de muy baja calidad en cuanto a contenido, forma y lenguaje; ha servido para acomodar como 'asesores' a operadores de campañas, que no tienen el mérito requerido; sus integrantes son, con demasiada frecuencia, manipulados por intereses privados contrarios al bien común; y la institución resulta ser una pesada carga económica para el país por los altos sueldos y los privilegios que hasta ahora han disfrutado los legisladores y sus ayudantes. Cambiar ese estado de cosas ha sido un reclamo constante del pueblo, por lo menos desde hace una década.

Con el cambio de gobierno, a raíz de las elecciones pasadas, brotó la esperanza de que se pusiera en marcha la anhelada reforma legislativa. Pero las diferencias de criterio en cuanto a su alcance y la forma de hacerla, volvieron a dividir las aguas muy rápidamente. Ello demostró muchas carencias al interior del PPD, como incapacidad para llegar a acuerdos que pudieran ser instrumentados al inicio de la sesión legislativa en ambos cuerpos; subestimación de la indignación ciudadana hacia el poder legislativo; y poca voluntad institucional para dar respuesta cabal a los reclamos de la gente en forma coherente, transparente y participativa, como se quería. Por ello, vimos tres respuestas distintas o formas de encarar la situación. Una desde la Gobernación; otra desde el Senado; y otra desde la Cámara. Tres líderes que forman parte del mismo partido pero que evidentemente tienen visiones distintas y bastante encontradas sobre cómo encarar las demandas y reclamos de una población que está hastiada y lista para meter en un mismo saco a todos 'los políticos', vengan de donde vengan.

El proyecto que aprobó la Cámara es deficiente desde todo punto de vista. Vulnera la sensibilidad de todo el pueblo al mantener el mismo salario por un trabajo de tiempo parcial, que ni siquiera define en términos de contenido u horas de trabajo. Ello ha generado mucha ira en unos, pero peor, más cinismo en otros. El proyecto busca manipular la opinión pública y quedar bien para la historia, cuando aduce que va dirigido a 'atender los reclamos de la ciudadanía… recobrar la confianza en el Poder Legislativo y ayudar a aliviar la crisis que atraviesan las finanzas públicas'. Expresa que con los cambios se 'cumple con el compromiso contraído con el Pueblo de Puerto Rico de lograr una legislatura más económica y eficiente', pero no hay una sola línea que explique cómo se alcanzará esa mayor eficiencia. Elimina de la ley anterior la estipulación que reafirma la disposición constitucional de separación de poderes y la igualdad jerárquica entre Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, abriendo así un flanco peligroso para el debilitamiento del poder legislativo. Además, presenta una confusión grave sobre lo que es o no es un 'legislador ciudadano' concepto que debe eliminarse totalmente de la actual discusión, por cuanto se ha manipulado.

Si bien en el nuevo estatuto se prohibe 'toda actividad privada que sea incompatible con el ejercicio de las funciones oficiales', se deja que esto sea definido en un Código de Ética que cada cuerpo deberá aprobar. Todos y todas tenemos demasiado presente las burlas que ha habido en el pasado a dichos códigos. Las puertas están ahora abiertas de par en par para que los conflictos de interés dominen el debate público en adelante.

Frente a esta situación, desde la ciudadanía tenemos que ser capaces de trabajar en dos ámbitos; i) articular una oposición certera a los intentos de trivializar el asunto de la reforma legislativa, y ii) generar una propuesta alternativa mucho más sólida, coherente y honesta que la que están manejando los políticos.

Hacia el primer objetivo hay muchas personas y organizaciones que ya han comenzado a promover actividades bajo el lema de reforma o se forma. Para el segundo propongo convocar un grupo de trabajo serio, con especialistas reconocidos y además abierto a todos los que genuinamente quieran aportar a la formulación de un nuevo proyecto de reforma legislativa. Un proyecto integral que considere todos los aspectos deficientes del sistema actual. Tuvimos ya una extraordinaria experiencia hace unos años cuando, con el apoyo del Colegio de Abogados, se conformó un grupo de trabajo que realizó vistas públicas, investigaciones puntuales, debates internos y finalmente logró un informe de consenso que se presentó al país y que se llevó a la Legislatura para impulsar la unicameralidad. Como sabemos, el proyecto fue aprobado y convertido en Ley, fue sancionado por amplia mayoría del país, pero nunca instrumentado por desidia de la propia clase política. Aprendimos la lección; en aquél momento generamos un excelente contenido pero no lo acompañamos de suficiente movilización y presión.

No podemos matar la política por los actuales políticos que tenemos; tenemos que refundarla y darle nuevo contenido. Hay gente buena en todos los partidos y agrupaciones y en todas las ramas de gobierno. Gente que hace su trabajo con alto sentido de responsabilidad y compromiso, gente que piensa y quiere al país. La política honrada, buena, transparente, que dialoga y dirime diferencias en el marco del reconocimiento a la libertad de expresión y de opiniones es imprescindible para la salud de una sociedad. La actual crisis nos presenta la oportunidad de reconstruir el espacio de la política, desde otros principios éticos, desde otros valores., desde otras miradas. El primer paso hacia ello puede ser generar una nueva propuesta de reforma legislativa. Demostremos que la ciudadanía puertorriqueña puede hacerlo mejor.

*La autora es una economista y socióloga puertorriqueña que actualmente coordina el Área de Políticas Sociales del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Montevideo, Uruguay.