Mireddys González había intentado mantener confidencial la vista y el expediente del caso en el que el cantante le reclama haber retirado $80 millones de una cuenta corporativa sin autorización.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos determinó ayer que permanecerá abierto al público el expediente y la vista de este viernes en el caso con el que el cantante urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como “Daddy Yankee”, intenta despojar a su esposa del control de las corporaciones mediante las que el exponente realiza sus negocios.

La vista surge en el contexto del divorcio de Ayala Rodríguez y Mireddys González Castellanos. Como es usual, el caso de divorcio se maneja de manera confidencial, por separado y ante una jueza distinta. Pero, como es usual, la controversia sobre el control corporativo es pública.

En el proceso corporativo, Ayala Rodríguez dijo en dos reclamaciones que sometió la semana pasada que, como administradora de las entidades, su todavía esposa lo mantiene a ciegas de transacciones y récords. Específicamente, expuso que González Castellanos no le ha contestado solicitudes formales como accionista para inspeccionar documentos de las empresas, que realizó la venta de su catálogo de canciones a un precio subvalorizado y que intentó realizar un retiro de $80 millones que tendría el efecto de “saquear” la cuenta corporativa. El retiro se habría intentado pasar en el banco como un “pago de dividendos” y la demandada habría condicionado la entrega de la información corporativa a que el cantante autorizara ese retiro.

En octubre pasado, se anunció la venta del catálogo de canciones a la empresa Concord Music por $217 millones. Según las expresiones públicas que hicieron las partes cuando se presentó la demanda de divorcio hace dos semanas, para la fecha de la transacción con el catálogo, la pareja ya tenía problemas. “La transacción se formalizó vendiéndose estos derechos a un precio, que resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real. A pesar del demandante haber firmado el acuerdo, bajo el asesoramiento de ese tercero y de las demandadas, al demandante no se le proveyó copia de todos los documentos del contrato, y al día de hoy desconoce el alcance real de la transacción, ni tiene conocimiento detallado de lo que se vendió o no se vendió, ni las limitaciones que puede tener sobre el uso de sus creaciones musicales”, dice la demanda.

NotiCel solicitó al tribunal autorización para transmitir la vista y González Castellanos se opuso por entender que se violentaría su intimidad, por la relación que tienen las alegaciones con la demanda de divorcio confidencial y porque se divulgaría “información sensible sobre estrategias comerciales, ingresos corporativos y operaciones internas de las corporaciones”.

En respuesta, Ayala Rodríguez dijo que “no tiene reparos con que se conozca la verdad de los hechos en controversia (porque) nada tiene ocultar” pero dejó la determinación en manos del tribunal para que la consideración de los mérito del caso no se atrase con esta controversia de acceso del público.

Al decidir mantener la apertura, Cuevas Ramos observó que lo que tiene ante sí es “un proceso relativamente sencillo, sumario y práctico, constantemente atendido en esta sala”. Precisó que podría atender argumentos de confidencialidad si se presenta algún testimonio en la vista pero que, en su petición de confidencialidad total, González Castellanos no había sido específica ni convincente sobre los daños que podría sufrir ni los hechos o datos que merecen protección por ser secretos de negocio.

González Castellanos también falló en su intento de descalificar al licenciado Jean Paul Vissepó Garriga como representante legal de Los Cangris, Inc. y El Cartel Records, Inc., por haber sido antes abogado personal de Ayala Rodríguez.

Ayala Rodríguez y González Castellanos contrajeron matrimonio el 20 de marzo de 1995, bajo el régimen de sociedad legal de gananciales, por lo que su caso de divorcio está sujeto a una determinación de división de bienes que abarca todo lo que ha generado la carrera artística de este. Ayala Rodríguez había designado a su esposa administradora de las corporaciones y se le compensaba por ello. Esta reclutó como secretaria y tesorera de El Cartel a su hermana, Ayeicha, quien también recibió compensación y es codemandada.

En las demandas se indica que Ayala Rodríguez asignó la marca “Daddy Yankee”, la cual considera un bien que no está sujeto a dividirse con su esposa, y otros derechos de propiedad intelectual a El Cartel.

El cantante pide al tribunal que le ordene a su esposa entregarle “el control del Cartel Records Inc. para que este pueda libremente usar su nombre en conjunto con imagen y creaciones inherentes al desarrollo de su carrera”, así como la entrega de todo récord e información corporativa que esté bajo su control y que cese de desempeñar funciones o cargos gerenciales en las corporaciones.