Según estudios del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el costo económico de la corrupción en el Gobierno sobrepasa los $527 millones al año.

La presunta pobre ejecución por parte del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI) fue el tema central en la discusión del proyecto de ley que busca establecer la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), así como la medida que crearía el nuevo Código Anticorrupción.

Esta es la tercera vista pública que hace el presidente de la Comisión de Anti-Corrupción e Integridad Pública, Héctor Ferrer.

El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) Ernesto Hernández Milán, aseguró que el PFEI no cumple con sus funciones a cabalidad.

“La Oficina del Fiscal Independiente hace años no cumple con su deber y el récord te lo dice. Aunque recientemente he escuchado que el Panel, al enterarse de este proyecto de la Cámara de Representantes, alegaron que un 92% de sus casos hay convicciones. La realidad es que han fracasado en múltiples casos de alto perfil y esos fracasos llevan a la ciudadanía a no creer en ellos”, expuso.

Hernández Milán reafirmó que lo que se ha logrado es a motivar a los corruptos a cometer más delitos.

“Esto lo digo porque los corruptos no ven consecuencias cuando alguien es acusado de corrupción porque sale absuelto en los casos del PFEI. Yo antes de estar en la universidad dando clases había sido fiscal por 15 años y todo el que ha sido fiscal sabe que lo primero que se aprende es a no someter casos que no estás seguro de que la persona es culpable y que se pueda probar más allá de duda razonable. Ahora, ¿por qué tienen un 92%? Porque negocian la mayor parte de ellos y los están incluyendo. En otras palabras, para fines de estadísticas se ganaron”, explicó.

Precisamente, la información que se le solicitó al PFEI por parte de la comisión que preside el representante Héctor Ferrer Santiago valida las expresiones de Hernández Milán, según lo argumentó el propio legislador.

“Ese 92% de convicciones tiene que incluir la convicciones obtenidas en negociaciones donde los imputados se declaran culpables de delitos menos graves luego de una re clasificación de los delitos que están imputados. Contrario a los tribunales federales y estatales que cuando se hace un tipo de arreglo para que se declare culpable, parte de lo que se hace es que se archivan algunos de los cargos. En el PFEI no archivan, sino que re clasifican a delitos menos graves", explicó.

La ley 2 de febrero del 1988 según enmendada establece que en toda convcción por juicio, el PFEI puede solicitar al tribunal al momento de dictar sentencia que impongan al convicto al pago de los gastos incurridos por la oficina del PFEI al procesar el caso. Esto significa que los fiscales puedes recobrar sus salarios con esa convicción.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente surgió en el 1988 con la intención de proveer un foro neutral e independiente para resolver casos que se les imputen a funcionarios gubernamentales.

Su ley orgánica dispone que la secretaria o secretario del Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que reciba información bajo juramento que constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos graves relacionados a delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público.

“Yo tuve una experiencia con ellos. En mi caso, mi cliente y todos los co-acusados menos uno eran convictos federales por corrupción y estoy hablando de lo que se conoció a nivel estatal como el caso de Perelló cuando era el Presidente de la Cámara de Representantes de ese cuatrienio.

Curiosamente, los federales acusaron a todos los alternos menos a él. Todos salieron culpables a nivel federal y cuando el caso termina, los federales le pasan todo el expediente al PFEI y allí estuvieron entre dos años re investigando lo mismo que ya se había planteado", dijo Hernández Milán.

Tan reciente como en mayo, abogados criminalistas cuestionaron el desempeño de los fiscales especiales y coincidieron que el organismo debía ser disuelto como resultado del caso de la representante Mariana Nogales Molinelli, quien enfrentó 49 denuncias de fraude contributivo.

La mayoría de los cargos fueron archivados.

Por su parte, el abogado Harry Padilla coincidió con las aseveraciones de Hernández Milán.

"La ley del PFEI como está concebida hoy día no sirve. En eso estamos claros. No podemos caer en la encerrona de que si el PFEI no está este país se muere. Lo que tenemos que pensar, es que necesitamos que el Departamento de Justicia realice la labor investigativa como se debe, explicó.

Esta discusión se llevó a cabo en el teatro de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Ponce en conjunto de los representantes Héctor Ferrer Santiago, Ángel Fourquet Cordero, Jorge Alfredo Rivera Segarra, Jesús Hernández Arroyo y José Bernardo Márquez.