Se llevó a cabo en la tercera vista pública de la Comisión de Anti corrupción del representante Héctor Ferrer para realizar un Código para combatir la corrupción en la Isla

La Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, celebró hoy su tercera vista pública en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) donde se discutieron dos propuestas legislativas destinadas a atender el problema de la corrupción en Puerto Rico.

Con la presencia de expertos en derecho y administración pública, que compartieron sus observaciones, fueron discutidos el Proyecto de la Cámara 1701, que tiene como objetivo establecer la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), así como al Proyecto de la Cámara 1702, que se enfoca en la formulación de un nuevo Código Anticorrupción.

La vista pública, presidida por el representante Héctor Ferrer Santiago, dio inició con la ponencia de la Dra. Elsie Ruiz Santana, Directora del Departamento de Criminología, Administración Pública y Consejería Rehabilitación Clínica de la PUCPR, quien hizo unas observaciones sobre cómo salvaguardar las funciones de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el proyecto.

“No contamos con datos actualizados más allá de la información que se brinda en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). El consultar informes internacionales proveía una idea de cómo estaba o disminuía la corrupción en Puerto Rico, más allá de lo que se ve en los medios de comunicación todos los días. De entrada, crear una Oficina de Anticorrupción e integridad Pública donde se pueda unificar las funciones que realiza Oficina Especial para el Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Anticorrupción del Departamento de Justicia me parece bien. Aunque tengo mis reservas con la OEG. La duplicidad de funciones que realiza la Oficina del FEI y del Inspector General de Justicia en la mayoría de las ocasiones lo que hace es dilatar los procesos, lo que provoca que muchos actos de corrupción queden impunes”, destacó Ruiz Santana.

Según un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas de la PUCPR, el costo económico de la corrupción en el Gobierno sobrepasa los $527 millones al año.

Se solicitó en la vista pública que fuera considerado de igual manera, todo aquel funcionario público electo que haya sido descubierto cometiendo un acto de corrupción, que sea separado inmediatamente de su puesto hasta que finalice la investigación.

“El funcionario electo está en esa posición por el favor del pueblo. Así que, es un funcionario que no debe de tener indicios de corrupción. Considero que debe separarse del puesto para que la investigación sea completamente transparente y para que no pueda crear animosidad con otras personas que pueden ser testigos en la investigación', destacó Ruiz Santana.

Por su parte el Dr. Hernán Vera Rodríguez – Director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la PUCPR sugirió que funcionarios públicos tengan que ser sometidos a una serie de evaluaciones.

“En primer lugar, sugerimos aclarar que la agencia propuesta además de trabajar con estos temas y cuáles serían sus cualificaciones, preparación académica y experiencia de la persona que tenga a cargo la misma; se debe proponer un currículo de que además de compartir la información sobre las leyes y reglamentaciones éticas en el país, se exponga a los funcionarios públicos a situaciones y/o casos en los cuales tengan que aplicar las mismas”, dijo.

Esto porque en estudios realizados por Vera Rodríguez,se reflejó que cuando exponían a gerentes tanto del sector público como del privado a situaciones éticamente ambiguas, un segmento de estos tendía a comportamientos anti-éticos o corruptos.

“En términos generales creo que hay que combatir la impunidad y que las personas que hacen mal uso de los recursos del gobierno de Puerto Rico le deben aumentar las penas. Aun así, estoy prejuiciado como educador porque para mí es el elemento de la educación. Hemos visto funcionarios que llegan a los puestos y parece que llegan con una agenda en contra del erario”, sostuvo.

Vera Rodríguez, también aprovechó para recomendar que se le dé atención y prioridad a las contrataciones públicas.

“Yo miraría con una lupa las contrataciones públicas. Esa es la gran fuga del erario. Estoy seguro de que las empresas privadas tienen personas a negociar de primer orden y se debería de emular. El área de contrataciones públicas es fundamental”, puntualizó.

Ambos deponentes coincidieron que en Puerto Rico debe existir un programa dentro del Departamento de Educación sobre ética y corrupción como medida para disminuir los casos en la Isla.