Contralor Electoral señala trampa en el Código Electoral que imposibilita fiscalización
La querella en el caso Salvemos a Puerto Rico destapó otro cambio problemático en el ordenamiento electoral que tramitaron la Legislatura y Gobernadora PNP en 2020.
La determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) sobre la supuesta coordinación entre la campaña del Gobernador y el comité Salvemos a Puerto Rico, Inc. (SPR) tiene 11 páginas, pero realmente está resumida y resuelta en una nota al calce en la que esa oficina apunta a que la Legislatura impuso un nivel de evidencia en la fiscalización de estos casos que casi garantiza que nunca se procesará a alguien por coordinar trabajos de comités que se supone sean independientes.
La nota al calce deja claro que, debido a ese cambio que se hizo en 2020, justo cuando ya estaban corriendo los actos que podrían ser ilegales, hay poca o ninguna fiscalización posible en cuanto a la interacción entre los comités de los candidatos y los comités de gastos independientes (conocido como Super PAC), que se supone no estén bajo el control del candidato o su comité.
El cambio a la ley, que la OCE le pide a la Legislatura que revierta, ocurrió casi al final del proceso de aprobación del nuevo Código Electoral. Ese proceso lo timoneó personalmente el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Mientras que los comités políticos de candidatos tienen límites y restricciones en cuanto a los donativos que reciben y lo que gastan, los comités de gastos independientes no los tienen. Lo único que pide la ley es que no haya coordinación entre ese comité independiente y el del candidato.
Pero la determinación de la OCE en el caso de SPR establece que la fiscalización de estas actividades es solo ficción, porque la Ley 222, que gobierna el financiamiento de campañas políticas, “no prohíbe que un candidato o personal de su comité le sugieran a un tercero que aporte dinero a un comité de gastos independientes, como lo fue SPR, ni tampoco prohíbe que un candidato o personal de su comité le sugieran a alguna persona que cree un comité de gastos independientes (y) no prohíbe que un recaudador obtenga donativos para un comité de campaña de un candidato y para un comité de gastos independientes que apoye al mismo candidato”.
Lo que quedaba prohibido, que es la coordinación, quedó aniquilado cuando se introdujo la enmienda que dicta que “la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos Comités de Campaña, mediante el cual se consigne la división de gastos entre los Comités”. Por esto, ahora se tiene que conseguir el equivalente a un acuerdo escrito en el que ambas partes se ponen de acuerdo para violar la ley.
“Es decir, bajo (la enmienda), por más robusta que sea la evidencia recopilada por la OCE sobre la ocurrencia de gastos coordinados entre comités de campaña, en ausencia de un acuerdo por escrito, la OCE está impedida de determinar que hubo una coordinación de gastos”, interpretó el ente fiscalizador en la nota al calce de documento que emitieron el viernes pasado.
Según una búsqueda en el récord legislativo, la primera aparición de la enmienda es en el segundo informe del comité de conferencia emitido el 9 de marzo de 2020. Un comité de conferencia se activa cuando los cuerpos legislativos no se ponen de acuerdo sobre versiones de una medida. Cada cuerpo escoge a sus representantes y se forma el comité con miembros de Cámara y Senado para llegar a un acuerdo y presentar una sola versión de la medida a cada cuerpo para su aprobación. Esta es una parte oscura del proceso legislativo que ocurre alejada del ojo público y sin récords de las discusiones dentro del comité.
La enmienda hizo más. Dispuso que esa interpretación restrictiva se iba a retrotraer a la entrada en vigencia de la Ley 222, que ocurrió en 2011. Por tanto, todas las actividades de coordinación de comités que pudieron haber ocurrido en casi 10 años quedaron sanitizadas por la nueva exigencia de evidencia que se aprobó en 2020.
Según la acusación federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, para cuando firmó esta enmienda como parte del nuevo Código Electoral el 20 de junio de 2020, la funcionaria ya había tenido los intercambios y reuniones mediante los que el banquero Julio Herrera Velutini le había ofrecido montar un comité de campaña paralelo que le ayudara en la primarias y la carrera a la gobernación, si las ganaba. Además de ofrecer, el banquero ya había tenido la reunión con Vázquez Garced en el hotel Condado Vanderbilt en la que le presentó a los asesores políticos británicos que había procurado para ayudarla y ya le había compartido la encuesta que estos hicieron sobre sus posibilidades.
En esos mimos meses de discusión del nuevo código y las enmiendas a la Ley 222, el contratista John S. Blakeman estaba cumpliendo una triple función simultánea: a) tenía contratos en la Oficina de Servicios Legislativos y la Superintendencia del Capitolio, b) era asesor directo de Vázquez Garced en sus aspiraciones políticas y, c), según el pliego, estaba también sirviendo a los intereses de Herrera Velutini en su intención de sobornar a la gobernadora para obtener el control de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Blakeman ya se declaró culpable por su participación en los hechos imputados a la exgobernadora.
Por otro lado, en mayo, que fue después de la introducción de la enmienda en marzo y antes de la firma de la ley en junio, el contador público autorizado Joseph Fuentes Fernández inscribió a SPR y echó a andar la trama por la que se declaró culpable a nivel federal y que consistió en que, tanto él como otros allegados del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, le dijeron a empresarios que podían dar cantidades grandes de dinero a dos fundaciones que el mismo contador creó y que esas fundaciones serían las que aparecerían donando el dinero a SPR. Esto, con la intención específica de encubrir ante el público y las autoridades las identidades de los donantes y las cantidades que aportaban para ayudar a Pierluisi Urrutia.
La OCE expone en el documento que SPR y el PNP tuvieron los servicios de la misma agencia durante la campaña, De la Cruz & Associates, pero dijo que no hubo evidencia de coordinación.
“Las transcripciones de trece entrevistas, registros de mensajería de texto y correos electrónicos de varias personas con conocimiento personal de hechos a los cuales la OCE tuvo acceso, luego de así solicitarlo al Fiscal Federal, Hon. W. Stephen Muldrow, no contienen información indicativa de que pudo haber ocurrido coordinación de gastos entre SPR y el Comité o entre SPR y el PNP conforme a las disposiciones legales establecidas en la Ley 222”, consignaron también sobre la evidencia que obtuvieron del caso contra Fuentes Fernández.
La OCE pidió a la Legislatura que elimine la enmienda que restringe su capacidad de fiscalización y que considere también si debe imponer regulaciones a los recaudadores de donativos políticos. “En instancias los recaudadores fungen, además como cabilderos”, subrayó.
Pierluisi Urrutia y Vázquez Garced, del Partido Nuevo Progresista, no eran los únicos candidatos que se beneficiaban de una enmienda que hiciera casi imposible procesar la coordinación de los comités de candidatos con comités de gastos independientes afines a esos candidatos. Las campañas del exalcalde Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD), y la excandidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, también se beneficiaron de comités de gastos independientes que recaudaron y gastaron dinero para favorecerlos en sus aspiraciones políticas.
El PPD dijo que eliminaría o enmendaría sustancialmente el código de 2020 pero todavía no han aprobado una medida al respecto que pueda ser sometida al Gobernador.
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