Otra controversia aflora con la aprobación del presupuesto general.

Desde el inicio, la controversia acompaña la Ley que creó la Delegación Congresional y la consulta para escoger a los seis delegados y delegadas, que a partir del 1 de julio cabildearán por la anexión de la Isla a Estados Unidos.

Aprobada a la ligera por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) al final del cuatrienio pasado, el estatuto no asignó fondos para la elección especial para escoger a los delegados y delegadas al Senado y la Cámara de Representantes de Estados. Tampoco consignó la partida para costear sus gastos y salarios. La Ley 167 o Ley para crear la Delegación Congresional solo dice que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés) sufragará sus gastos y salarios.

Ahora en medio del lío por la impugnación de la certificación del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares como delegado a la Cámara y de la pugna por el salario de los delegados, asoma otra controversia que nuevamente desembocará en los tribunales.

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El lunes mientras se celebraba la maratónica vista en su fondo de la impugnación, la Legislatura aprobó un presupuesto general de $10,112 millones, que no asignó fondos a la partida de la delegación Congresional.

Esa sencilla anotación de dos líneas en un presupuesto de 198 páginas, que entra en vigor el 1 de julio, el mismo día en que entran en funciones los cabilderos por la estadidad, enfrenta nuevamente a rojos y azules, quienes interpretan esa disposición de manera diametralmente opuestas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, asegura que esa disposición impide que la directora de Prfaa, Carmen Feliciano Márquez mueva dinero de otra partida de su presupuesto para financiar la “Shadow Congressional Delegation” o que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reasigne fondos de otra agencia a la Administración de Asuntos Federales.

Ayer, Hernández Montañez, quien se ha convertido en el líder del Partido Popular Democrático en los primeros meses del gobierno plural, celebró que sus adversarios políticos respaldaran un plan de ingresos y gastos, que descarrilaba la delegación congresional.

“Con la aprobación del presupuesto, la controversia con Melinda es académica porque la política pública del Gobierno de Puerto Rico y del Plan Fiscal es que no se va a costear eso”, apuntó en entrevista con NotiCel.

La delegada al Senado, Melinda Romero Donnelly objetó el salario de $90,000 y la partida de hasta $30,000 en reembolsos para gastos que establece el reglamento elaborado por Prfaa. También criticó que dicho reglamento trate a los delegados como empleados de esa oficina. Reclamó su independencia como una funcionaria electa por el pueblo y un salario de unos $150,000 para cubrir los gastos en la capital federal.

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La delegación de la Cámara está compuesta por Rosselló Nevares, Elizabeth Torres Rodríguez, Roberto Lefranc Fortuño y la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri. Las delegadas al Senado son Romero Donnelly y la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó Santiago.

Rosselló Nevares renunció al salario, pero no queda claro si reclamaría gastos.

Desde la perspectiva del líder cameral, el presupuesto aprobado se convirtió en una ley temporera, que establece una política pública y limitaciones específicas al Ejecutivo por el periodo de vigencia de dicha resolución presupuestaria.

“Esto pasó a ser algo de la Junta y se alinea con el Plan Fiscal. Con ese lenguaje, ahora puedo ir directamente al foro federal para impugnar algún intento de asignar fondos”, afirmó Hernández Montañez.

“Ya el Gobernador no puede argumentar que se trata de una excepción por el asunto del estatus e invocar esas leyes, que la pasada Legislatura aprobó para cederle facultades. Ya no hay argumentos. Según el presupuesto aprobado eso es un gasto innecesario, que la Junta no aprobó”, agregó.

El lunes, la Cámara y el Senado aprobaron un presupuesto que se ciñó a los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que estableció los límites y las partidas del plan de ingresos y gastos para el próximo año fiscal. El Gobernador anticipó que firmará el presupuesto, que espera por la certificación del ente fiscal. La propuesta de presupuesto recomendada por la Junta tampoco asignó fondos para la delegación congresional.

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Pero el senador y secretario del PNP, Carmelo Ríos Santiago, impugnó el análisis de Presidente Cameral.

Ríos Santiago, quien votó a favor del presupuesto, apuntó que era necesario incluir y reconocer esa partida en el presupuesto precisamente para poder destinarle fondos. La versión previa no incluyó la polémica partida.

“Claro que puede mover dinero entre partidas. Eso es un asunto del Ejecutivo y de política pública”, afirmó.

Apuntó que Ejecutivo tiene dos vías para asignarle fondos a delegación congresional: moviendo dinero entre las partidas de Prfaa o de otra agencia. Para ese trámite, necesitará la aprobación de la Junta. En caso que el ente fiscal rechace ese trámite, el Ejecutivo entonces recurrirá a la disposición de la Ley Promesa que prohíbe a la Junta inmiscuirse en asuntos del estatus, como ocurrió para asignar los fondos de la elección especial.

Bajo las reglas de la Ley federal Promesa, el Gobernador solo puede reprogramar fondos sin la autorización de la Junta cuando se trata de asuntos de estatus y de fondos federales asignados al Gobierno, como el Cares Act.

La versión del prepuesto aprobada el lunes también eliminó casi en su totalidad la sección 10 o la píldora venenosa que rechazaba el PNP. Solo dejó la disposición que veda al Ejecutivo de reprogramar partidas de sobrantes de años fiscales previos. La Legislatura -a petición de la Junta- descartó, la prohibición expresa que impedía la Ejecutivo modificar o reprogramar fondos de partidas relacionadas al Código Electoral, la Ley que creó la delegación congresional o las leyes que brindaban facultades adicionales al Ejecutivo para lidiar con la quiebra del Gobierno, como la ley que creó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el funcionamiento del Gobierno.

Pero en algo están de acuerdo Hernández Montañez y Ríos Santiago: en que esta controversia acabará en el tribunal.